Drogas: Una lucha pendiente

Algunas propuestas de acción para combatir la oferta y la demanda de drogas en la Argentina.

Frente al incremento del consumo y el tráfico de drogas llama la atención la acefalía de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR); las catorce balas destinadas al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; las investigaciones judiciales en las policías de Santa Fe y de Córdoba; el descubrimiento en Sinsacate de 583 kilos de cocaína, seguramente procedente de Bolivia, y el otorgamiento del quinto título de Doctor honoris causa al presidente de ese país, Evo Morales; y que nunca se haya investigado el circuito por el que fluyen los dineros del narcotráfico.

La SEDRONAR, dependencia de la Presidencia de la Nación creada en 1989 (cuando se dictó la ley 23.737 de Estupefacientes), es la responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas (reducir su oferta y demanda) y las adicciones.

En diciembre de 2011 se le aceptó la renuncia a su entonces secretario, José R. Granero –un amigo de Néstor Kirchner, contrario a la despenalización de la tenencia de drogas–, luego que la Corte Suprema declarara inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para el consumo en el caso “Arriola” (25/8/2009), y en el marco de una feroz interna desatada por el hoy senador Aníbal Fernández, que impulsaba una ley de despenalización. Lo reemplazó el ex canciller Rafael Bielsa quien, al asumir, propuso una “reingeniería total” del organismo y expresó su preocupación por el alto consumo del paco. Aprobó su nueva estructura organizativa, disminuyó el presupuesto destinado a publicitar la lucha contra las drogas y cerró la mayoría de los centros de atención a los adictos. Esto sucedía mientras se trataba de sancionar la ley de despenalización de la tenencia de drogas, lo que contrariaba las fatales consecuencias que en poco tiempo causaba el consumo de paco en las villas de emergencia.

Pero el “acuerdo entre Cristina y Francisco” que, según fuentes oficiales, se plasmó en la audiencia que el Sumo Pontífice le concedió a Cristina Fernández de Kirchner al asumir en la Santa Sede en marzo pasado,  archivó la idea de dictar la ley y precipitó la renuncia de Bielsa. Extrañamente, el cargo aún sigue vacante.

Nadie discute que la cocaína viene de Bolivia y la marihuana de Paraguay, sin embargo, es extraño que no se haya intentado avanzar en algún acuerdo con dichos países para impedirlo. La excepción es un incumplido acuerdo que firmó en diciembre de 2008 el entonces Ministro de Justicia Aníbal Fernández con el Gobierno boliviano, en La Paz, cuyo objetivo era luchar contra las drogas y el transporte de las sustancias químicas usadas para fabricar cocaína, y coordinar las fuerzas de seguridad de ambos países para reprimir al narcotráfico, dejando a salvo que la hoja de coca es inofensiva para la salud.

Sin embargo, el ingreso, procesamiento, tránsito y exportación de esta droga es cada vez más intenso y, a pesar de ello, a Evo Morales, ex presidente del Consejo Andino de Productores de Coca y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, se lo distinguió con el título de Doctor Honoris Causa en las Universidades Nacionales de Córdoba, Lanús, Comahue, Río Cuarto y la Popular Madres de Plaza de Mayo.

Meses atrás, en Rosario y en Córdoba se detectaron vínculos entre policías y narcotraficantes, y motivaron la remoción de personal y la cúpula policial. En la provincia mediterránea, además, se descubrieron faltantes de drogas secuestradas por jueces federales. Y nadie duda de que el atentado contra la vida del gobernador Bonfatti proviene del narcotráfico.

No hay investigaciones destinadas a desbaratar el circuito financiero detrás de este negocio ilegal, las fronteras son una coladera, cada vez son más las pistas de aterrizaje clandestinas, no se instalan radares para interceptar los vuelos clandestinos y los kioscos se multiplican debajo de las zapatillas colgadas de los cables.

Oferta y demanda

Parece haber llegado el momento de concertar una política de estado que con energía intervenga en el combate contra el negocio de las drogas, para lo cual habría que crear una agencia federal, con personal especializado, que con recursos suficientes la ejecute. Además debe ser capaz de coordinar el accionar de las policías federal, aeroportuaria y de las provincias, Gendarmería, Prefectura, Servicios de Inteligencia, Aduana, Fuerzas Armadas; y colaborar con los tribunales federales y provinciales y con la Cancillería para avanzar en el trabajo coordinado con otros países.

Esta agencia deberá implementar un mejor control de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales– donde transitan las drogas y los insumos para su procesamiento, de las pistas de aterrizaje, de los radares –de los ya están y de los que deberán instalarse–, de las “cocinas”, de quienes venden la droga y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida en la presidencia de Richard Nixon (julio de 1973) se creó la DEA (Drug Enforcement Administration, es decir, la Administración de cumplimiento de leyes sobre las drogas), que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas. De este modo se buscó que una única agencia federal asumiera las competencias federales en esta materia, coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes y fusionara todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

También habría que crear otra agencia que se ocupe de la demanda y que coordine los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que conjugue el accionar de los municipios, las provincias, el gobierno federal, las universidades, las iglesias y las ONG dedicadas a estos propósitos. Si no asumimos este desafío las generaciones futuras, con razón, nos lo van a reprochar.

El autor es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.