Constitución y voluntad popular

A 30 años de recuperada la democracia constitucional, el autor reflexiona sobre las asignaturas pendientes en nuestro país a propósito de la reciente experiencia egipcia.

En mayo pasado visité Egipto, país que accedió a la democracia un año antes, al asumir como presidente Mohamed Morsi, líder de los Hermanos Musulmanes, luego de la “primavera árabe”, una pueblada que en 2011 tuvo por escenario principal la Plaza Tahrir de El Cairo, y que quiso terminar con los gobiernos autocráticos de Gamal Abdel Nasser, Anwar el-Sadat y Hosni Mubarak.

Morsi, que fue derrocado el 3 de julio pasado por el golpe militar del general Abdul Fatah Al-Sisi –instigado por el movimiento civil Tamarrod (Rebélate)–, gobernaba un país en total desorden, cuya Constitución y Parlamento no tenían consenso popular, y los Hermanos Musulmanes (un movimiento político fundado en 1928 por Hassan-al-Banna   para establecer un califato islámico, pero que fue adaptándose a los nuevos tiempos sin definir cómo secularizar el Islam en democracia), no les sirvió como soporte político, ni para superar el caos social y económico imperante. Éste se agravó con el gobierno militar, que declaró el estado de emergencia, reprimió protestas –con un saldo de más de mil muertos–, mientras se saqueaban iglesias cristianas coptas. Así, provocó la renuncia del vicepresidente y premio Nobel de la Paz, Mohamed el Baradei.

Lo que vi me recordó –salvadas las distancias– el ensayo democrático intentado en nuestro país entre 1973 y 1976 –que algunos hoy añoran–, en el que la violencia y el terrorismo de la Triple A y de la guerrilla hicieron de las suyas. Iniciado bajo la vigencia de una Constitución parchada por el Estatuto Fundamental dictado por el general Alejandro Lanusse (1972), con la presidencia de Héctor Cámpora, lo continuó Raúl Lastiri, Juan Perón y luego Isabel de Perón, que fue derrocada por la Junta Militar.

Esta comparación me hizo entender que lo recuperado hace 30 años fue la democracia constitucional, y no la democracia a secas, como pude verlo también en Egipto, en su primer gobierno elegido en comicios libres, y aquí, entre 1973 y 1976. A pesar de que el gobierno de entonces había sido elegido por el pueblo, el desorden y la violencia se producían porque faltaba la vigencia plena de la Constitución, como expresión de la voluntad popular, que garantizara los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la división y limitación del poder, el funcionamiento del Congreso y de una Justicia independiente, de los partidos políticos, y del federalismo.

El “populismo” de moda, que es una degeneración de la democracia, ha hecho creer a algunos que este régimen político –que la Constitución de 1853 llamaba republicano– recuperado en 1983 se agota con la realización de elecciones, pero poco le importa la vigencia de la Constitución. Interpreta que la voluntad popular no se refleja en la Ley Fundamental sino que está delegada en quien ejerce el Poder Ejecutivo, y que, por ello, su titular puede obrar con las instituciones y las leyes como mejor le plazca.

En efecto, el Congreso parece una “escribanía”: se legisla para que la Justicia sea sumisa al Ejecutivo de turno; a la titular de éste poder se la quiere reelegir y las autonomías provinciales y municipales son cada vez más acotadas.

Los partidos políticos, debilitados y divididos, utilizan los aparatos estatales –nacional, provincial, municipal o los entes descentralizados– para regimentar a su clientela. Sus militantes son, muchas veces, “ñoquis”, “asesores” o “consultores” –con cuota de afiliados que se descuenta de sus haberes– o beneficiarios de subsidios y planes sociales. Sus recursos, además de los provistos por el Fondo Permanente Partidario, se nutren con los aportes que hacen contratistas del Estado o capitalistas amigos; y usan los medios de comunicación, propios o subsidiados, para propaganda política. Parientes y figuras del espectáculo con frecuencia integran las listas de candidatos. Los partidos que pierden elecciones, si no se alían con el gobierno, pasan a ser enemigos o “suplentes” de los enemigos.

Sin embargo, los “cacerolazos” del 13-S y 8-N, de 2012; y los de este año, el 18-A y, el más light, del 8 de agosto, han demostrado que el pueblo no renunció a la titularidad del poder y que sus representantes tienen el deber de escucharlo y de gobernar en función del bienestar general y no de los intereses de los que ejercen periódicamente el poder.

Las PASO reflejaron que el ideal de la democracia constitucional se ha desdibujado y la política y los políticos han perdido prestigio por apartarse del único “modelo” válido de democracia, que es el que indica la Constitución. Por otro lado, es de rescatar que además de sufragar el 76,83 % del padrón, las principales ideas esgrimidas por los candidatos parecían calcadas de las consignas voceadas o escritas en las pancartas de los cacerolazos, lo que indica que el pueblo que los votó quiere revivir aquella firme convicción, que nos unió después de Malvinas, de que nuestro mejor destino es vivir en democracia, bajo el imperio de la Constitución.

Raúl Alfonsín, que ganó las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, resumió este ideal, con las palabras del preámbulo, que merecerían volver a ser recitadas con frecuencia: “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo”.