Por qué la reforma integral del Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo tiene como objetivo último limitar la libertad de los jueces.
El efecto Francisco (por el nuevo Papa) y las inundaciones de La Plata le han producido una grave contrariedad a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora pretende quitarlos de la atención de la opinión pública, al poner en el tapete las recientemente sancionadas, prácticamente sin debate, seis leyes que reforman la Justicia, propósito que ya había anunciado en su discurso al Congreso del 1° de marzo.
Además de ello, y de paso, se quiere poner “en caja” a la Corte Suprema y a los jueces que no se ajustan a lo que quiere su gobierno, sustrayéndoles competencias y prerrogativas y colocando sobre su cabeza una espada de Damocles, con la amenaza de sanciones o destituciones, que les pueden llegar desde la “mayoría automática” de un Consejo de la Magistratura adicto, que es lo que se ha querido pergeñar con estas leyes.
Se aumentan de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura, contrariando el criterio de la reforma anterior –impulsada por la actual Presidenta–, donde se los redujo de 20 a 13. En contra de lo que dispone la Constitución (Art. 114), a jueces, abogados y académicos se les impide eligir a los consejeros que los representan, y se dispone que sean electos mediante comicios generales, a través de partidos políticos, en “listas sábanas”, sin cupo para los residentes del interior ni proporcionalidad, y que los partidos que los postulen tengan personería jurídica en al menos 18 distritos electorales, lo que no tiene otro propósito que amañar dichos comicios.
La exigencia de que los jueces deben ser de “todas las instancias” no se cumple, como en la ley actual, ya que la Corte, y, ahora, las cámaras de casación, no tienen ni tendrán cabida en el Consejo. Este proyecto, además, cambia la exigencia del voto de dos tercios por la de simple mayoría para que el Consejo apruebe las ternas para las designaciones de jueces, o para que dichos magistrados sean sometidos a juicio político.
Una de las leyes pretende dilatar, aún más, los 500 mil juicios que los jubilados le han plateado al ANSeS para que les reajusten sus haberes (más del 70 por ciento cobra el mínimo) al crear la Cámara de Casación Laboral y de la Seguridad Social, en Buenos Aires, por la que deberán pasar estos pleitos después de haber sido fallados por el juez federal –de su provincia cuando son del interior– y por la Cámara Federal de Seguridad Social, con sede, también, en la Capital Federal. La nueva Cámara tiene una sala laboral y otra de la seguridad social, de tres jueces cada una. Una de ellas será el paso obligado para que los jubilados demandantes lleguen a la Corte Suprema, arrastrados por los recursos dilatorios que interpone ANSeS.
Los jubilados del interior, en consecuencia, tendrán que litigar en tres de las cuatro instancias judiciales en Buenos Aires. Además de dilatorio y costoso, es contrario a la Constitución cuando dice que “los juicios criminales (…) se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito” (Art. 118); por lo cual debemos interpretar que esto vale no sólo para los presuntos delincuentes sino también, y con mayor razón, para los inocentes jubilados y pensionados.
Otro de los proyectos, el que limita las medidas cautelares, tiene por propósito evitar que los jueces decreten medidas preventivas como las que impidieron la desarticulación del grupo Clarín y la expropiación de la Sociedad Rural. Pero lo que se dispone puede dar pie a que mañana puedan decretarse expropiaciones que sean verdaderas confiscaciones, por no estar precedidas de la indemnización a la que obliga la Constitución; como las que decretaba, desde la tribuna, Hugo Chávez en Venezuela. Pero, además, insólitamente, autoriza a que los organismos del Estado puedan pedir cautelares para evitar que se afecten los servicios públicos, y puede ser aplicado en contra de manifestaciones, protestas o huelgas, lo que no cabe en un Estado de Derecho. Esto se parece a la ley de facto 16.986 de Juan Carlos Onganía, que obliga a declarar improcedentes los amparos cuando comprometan un servicio público (art. 2 c), sancionada con el propósito de limitar esta acción.
Debemos aplaudir que una de las leyes disponga que la designación del personal de la Justicia federal deba hacerse mediando concurso, como ya ocurre en la Justicia cordobesa, pero ello debería imponerse, también, en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.
Si lo que se quiere es que los magistrados sean genuflexos y que sus fallos se dilaten aún más en el tiempo, con lenguaje futbolero nos animamos a afirmar que la independencia de la Justicia se va al descenso, aunque, como la esperanza es lo último que se pierde, son los jueces los que pueden, declarando su inconstitucionalidad, hacer posible, otra vez más, aquello de “afianzar la justicia”.
El autor es profesor de las UNC y UCC y fue diputado de la Nación.
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Join discussionEn opinión de Criterio la justicia falla gravemente en sus funciones, como ya había señalado en el pasado número en “El ocaso de la República”, donde afirmó que quién cumple dignamente su tarea no es el colectivo judicial, sino individuos aislados que administran justicia – textualmente – “silenciosa y solitariamente … como pueden”.
A pesar de esta realidad que a nadie debería sorprender, repentinamente se descubre que la justicia es intocable y que independencia significa falta total de control sobre sus actos por parte de cualquiera que no esté dentro de esta corporación.
Y con indignación se sostiene que los miembros de este poder no son seres políticos, sino ángeles sabios cuyas acciones y capacidades solo pueden juzgar especialistas del mismo palo (que son apolíticos, desinteresados y honestos, desde ya), nunca un ciudadano común, especie inferior incapaz de apreciar las sutilezas de tan excelsa labor.
Mientras tanto, decisiones por mayoría simple (automática) de la corte suprema del comisario Nazareno permiten que la Constitución quede de lado para que uno de ellos siga “trabajando” a los 95 años y que “la familia” siga sin pagar los impuestos que todos pagamos, demostrando su capacidad de “interpretar” superior a la de los simples mortales. Curiosamente, con aquella CS nadie se quejaba de “calidad institucional” o de falta de “seguridad jurídica”.
Ayer mismo, en un acto de alta creatividad, la Cámara de Casación Penal inventó una nueva categoría: la del juez subrogante “permanente”. Una tautología hecha realidad por obra y gracia de los custodios de la ética, que permite la permanencia entre sus filas del juez Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, ferviente promotora de acciones de inconstitucionalidad para frenar la reforma judicial y la elección popular de consejeros de la Magistratura.
Todos los días, gracias a procedimientos “incuestionables”, cualquier corrupto, sea político, sindicalista, empresario o periodista consigue zafar por prescripción de sus causas sin conocer un calabozo. Claro que esto se compensa si el acusado es joven, morocho y pobre: culpable o inocente – nunca se sabrá – va preso inmediatamente. La “inseguridad” exige que no “entre y salga” de la cárcel, pero la corrupción – que también mata – puede jugar al golf donde quiera sin generar pánico.
Durante años hay causas, importantes desde cualquier punto de vista, frenadas por decisiones provisorias, aplicando la “cronoterapia” que propugna el supremo longevo. Y el presidente de la CS exige y logra – inconstitucionalmente – manejar el presupuesto del Poder Judicial. Nada de esto irrita ni causa indignación.
Que muchos poderosos avancen sobre nosotros a través de la corporación judicial, no molesta, también parece que no es “corrupción estructural”. Que esto sea consuetudinario, permanente, extendido, profundamente injusto y anticristiano no alcanza para titular “Nunca Más …”.
Gracias a que “hoy gozamos de las libertades de la democracia” la “innegable capacidad de investigación” de personajes mediáticos no necesita ofrecer pruebas y se transforma en una telenovela. Todos los vicios de la investigación judicial se imputan a una “corrupción estructural” de la que solamente es responsable este poder ejecutivo. Incorporar al análisis las poderosas motivaciones de corporaciones y políticos opositores no entra en el esquema.
El ridículo es tal que el tema corrupción ya no interesa seriamente porque la justicia no hace nada, ni busca pruebas ni exculpa, solo participa del circo mediático. Así, se la ha reducido a un tema de la farándula, tan comentado como la historia de porqué Fulanita cambió de novio por enésima vez. Cada semana tenemos un “escándalo” nuevo, que se introduce en todos los programas de chismes y pasamos al próximo capítulo, sin memoria ni cierre del anterior.
Las reformas votadas por los representantes del pueblo de la Nación Argentina sin duda son perfectibles, pueden tener incluso errores, pero el mérito de exponer a la luz un sistema opaco, que funciona casi con exclusividad para beneficio de un grupo de poderosos, es innegable.
Solo ver el tono de los artículos que – como este – se oponen, alcanza para comprender el calibre de los intereses tocados.