Por qué los proyectos de reforma de la Justicia que el Ejecutivo promovió en el Congreso y a los que calificó como “democratizantes” en realidad van en contra de la independencia de los jueces.Es muy probable que al editarse este número ya hayan sido sancionados los seis proyectos de ley denominados de “democratización de la Justicia”, sin que preocupe a los legisladores oficialistas que sus conductas pudieran ser del tipo de las descriptas por el art. 29 de la Constitución, ni escuchar a lo que denominan “corporaciones” –como el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA o la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, entre otros– que han manifestado su preocupación por la falta de debate y el avasallamiento del Poder Judicial que implican.
No todo su contenido es necesariamente objetable: por ejemplo, respecto del ingreso del personal y de los concursos de funcionarios, ya algunas Cámaras de Apelaciones Nacionales han puesto en práctica regímenes con similar finalidad. Además, los magistrados y funcionarios judiciales tienen desde hace tiempo la obligación legal de presentar ante el Consejo de la Magistratura sus declaraciones juradas patrimoniales anuales, que incluyen una parte pública y otra privada que puede ser abierta ante pedido expreso. Presentan sus declaraciones de bienes ante la AFIP y son “personas políticamente expuestas” según la ley que establece la UIF, con los controles adicionales que implica. Asimismo, el acceso informático a las causas judiciales y a las acordadas y resoluciones está cada vez más extendido y es promovido desde la misma Corte.
Pero estas realidades no pueden hacer perder de vista la diferencia entre lo mejorable y perfectible de una institución esencial de la República, con el aniquilamiento de su independencia y de su razón de ser. La norma que claramente terminaría con la independencia del Poder Judicial es la reforma el Consejo de la Magistratura, órgano de la Constitución que propone y decide el procedimiento de remoción de los jueces de los tribunales inferiores federales y nacionales, con excepción de la Corte. El art. 114 de la Constitución no establece las mayorías necesarias de los miembros del Consejo para conformar una terna para la designación de un juez, ni la requerida para promover su destitución, lo cual fue regulado, desde la reforma constitucional de 1994, por leyes modificables por el Congreso por mayoría simple de cada cámara. Tampoco precisa este texto constitucional cuál es el “equilibrio” entre sus integrantes, lo que dio lugar a distintas interpretaciones. No obstante, hasta la fecha las dos leyes que regularon el Consejo acentuando la participación de los poderes políticos, al menos mantuvieron la mayoría calificada de dos tercios para proponer o remover a un magistrado, en la inteligencia de que tanto la evaluación de las calidades requeridas para la magistratura judicial cuanto la de causales de remoción requerían el suficiente consenso expresado por mayorías calificadas en razón de la función propia del Poder Judicial, que debía permanecer ajena a los resultados coyunturales de cada elección de los poderes políticos.
Ahora bien, el proyecto de ley que reforma el Consejo de la Magistratura reduce la proporción a la mayoría absoluta, y además modifica la composición del Consejo, acentuando su integración por representantes de los poderes políticos, y dispone que todos los demás representantes de los distintos estamentos sean elegidos del mismo modo que aquellos en vez de serlo por quienes deben representar. Esto implica en situaciones de composiciones legislativas como la actual, que este oficialismo o el que lo suceda podrá hacer lo que no pudo hasta ahora: tener mayorías suficientes para proponer o remover a un juez, según el resultado de cada elección.
La reforma tiene también otro efecto no menos grave: quitarle a la Corte Suprema sus facultades como cabeza de un poder del gobierno nacional (art. 108 de la Constitución Nacional), particularmente para decidir la aplicación del presupuesto del Poder Judicial y el sistema de designación de los funcionarios y agentes de los tribunales; funciones que pasarán a este nuevo Consejo. Y merecerían un análisis más extenso los efectos de la creación de las Cámaras de Casación y la restricción a las medidas cautelares contra el Estado.
Para muchos las normas mencionadas en primer término significan sin más el fin de la República, de esa República que, según el artículo 1ro. de la Constitución, preceptúa que “adopta para su gobierno la forma…republicana”, Constitución que fue caracterizada como “un pacto de convivencia” en un reciente editorial de la revista. Pacto mínimo si se quiere, pero pacto al fin.
Para evaluar claramente la trascendencia y consecuencias de este tipo de reforma debe responderse sin embargo a dos cuestiones previas. La primera es si la República es una abstracción teórica o si su existencia afecta gravemente, por lo menos en el mediano plazo, a la vida común y corriente de la gran mayoría de los ciudadanos, en especial de los más desprotegidos. La segunda es si la República con su principio de división de poderes es simplemente una idea decimonónica irrelevante, cuando no un concepto burgués –“rituales de la democracia”, como las llamó un ex presidente–; o si bien este principio no agota aquello que los obispos latinoamericanos llamaron una “democracia participativa”, sí constituye un requisito indispensable para que esta última exista, al responder con base en experiencias históricas centenarias no sólo a uno de los problemas claves de la ciencia política como es el de poner límites al poder, sino la de administrar justicia en forma imparcial. Debe recordarse que el funcionamiento de esta división de poderes cuando funciona con rectitud, ha sido rescatado expresamente por el documento episcopal de Aparecida –“No puede haber democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho”–, y ya los documentos de Puebla exhortaban a los jueces a conservar su independencia.
Debe recordarse que las funciones esenciales del Poder Judicial tienen que ver con dirimir conflictos entre particulares o entre éstos y el Estado –también las causas penales que el Ministerio Público debe impulsar, incluyendo las de corrupción–, así como fijar los límites de la actuación de los poderes electivos. Esto último no implica decirles lo que pueden o deben hacer para realizar el “bienestar general” enunciado en el preámbulo constitucional y en la llamada “cláusula del progreso” (C.N., art. 75 inc. 18), que muchos concretan aquí y ahora con una moneda más estable, con condiciones de producción que generen empleos genuinos y no dependientes de la adscripción a una ideología ni en un aparato estatal elefantiásico sostenido circunstancialmente por el precio internacional de los commodities.
Es en este sentido que en el ámbito de su competencia, los jueces forman parte de un poder del gobierno que según la Constitución no puede ni debe ser avasallado por aquellos a los que fija límites. Esta independencia y la de las garantías que la hacen posible no tienden al interés particular de los jueces sino al “servicio del pueblo”, como expresó el papa Francisco. Es cierto que el Poder Judicial es muy perfectible y mejorable en su independencia, en su funcionamiento y eficiencia, pero las reformas deseables, para ser auténticas y duraderas, deben nacer de un debate y de un consenso inexistente en este caso.
No es menos cierto que subsiste un gran núcleo de jueces que realizan silenciosa y solitariamente la difícil tarea de tratar de dar a cada uno lo suyo, de fijar límites al poder de cualquier tipo, de servir “a través de sus sentencias a la educación de gobernantes y gobernados en el cumplimiento de las obligaciones y el conocimiento de sus derechos” –carta del papa Francisco a Ricardo Lorenzetti–, y de preservar como pueden la dignidad de la República.
13 Readers Commented
Join discussionCopio parte de un artículo de Mario Wainfeld, que comparto.
El punto nodal de las inconstitucionalidades alegadas es la adopción del voto popular para elegir a parte de los consejeros. Es un eje controvertido, el cronista se enrola entre los que opinan que la Carta Magna no prohíbe expresamente la modalidad. Así las cosas, el cambio no está teñido de ilegalidad.
La valoración de la participación popular es, desde ya, un aspecto ideológico. El cronista piensa que, en general, es un ingrediente que mejora al sistema democrático. Se acusa a la reforma de “politizar” al Consejo, lo que amerita dos réplicas. La primera es que esa opción es válida y hasta encomiable.
La segunda, más minuciosa, es que la politización rige también en el sistema actual, solo que el sujeto soberano es otro. En vez de la ciudadanía toda, un par de corporaciones de escasos integrantes. Ninguno de ellos es extraterrestre, ni come ambrosía (uno cuantos, eso sí, beben bronce) ni actúa en función de abstractos criterios de excelencia.
Se trata de grupos, gremios profesionales, camarillas, runflas (el lector dirá y la clasificación puede cambiar según las etapas) compuestas por “animales políticos” como diría Aristóteles. Un puñado de jueces o letrados con identificación político-partidaria precisa, en la mayoría de las circunstancias. Con ideología determinada en todas.
La comparación con el Consejo actual, paralizado y disfuncional por donde se lo mire, también embellece el afán de reformarlo. Los defensores del statu quo se centraron en el pretenso “atropello”, pero fueron cautos o mudos puestos a elogiar al cuerpo y sus desempeños, obviándose una misión casi imposible.
Es cierto cuanto dice Jorge Newbery y es más, las instituciones de nuestra República están devaluadas, como el INDEC, que emite estadísticas notoriamente infieles, o el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), que desobedece las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, o el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que incumple, repetidamente desde 1996, los arts. 15º y 16º de su ley de orden público 8706 y no llama a concursos públicos para elegir al mejor entre todos, sino que escoge al amigo, aunque sea incompetente. Que Dios bendiga a nuestra Patria
Ante lo perpretado ahora contra la República, hoy tengo más presente que nunca aquella sentencia de Jorge Luis Borges, que dice:»LAS DICTADURAS FOMENTAN LA OPRESIÓN, EL SERVILISMO Y LA CRUELDAD, PERO MÁS ABOMINABLE ES EL HECHO DE QUE LAS DICTADURAS FOMENTEN LA IDIOTEZ»( De «La Nación» del 17-02-09, cita de Hugo Calegaris).La Constitución Nacional es vilipendiada y se está inaugurando el Reino del «Vamos por Todo» que no merecemos.
LA REFORMA JUDICIAL
En esta supuesta “reforma judicial” no han informado los interesados directamente que son los encargados de impartir Justicia, ni sus auxiliares como los Abogados y demás participantes, entonces el diagnostico formulado no solo es erróneo, sino también falso.-
En este sentido sólo existe una definición respecto de lo que es la “Justicia actual”, después de una década en el gobierno, la Procuradora General opinó *que la Justicia es «ilegítima» porque es «corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados»*.
Sobre este diagnostico se estructuran seis proyectos de modificación del Poder Judicial, que apuntan hacia otros objetivos y utilizan otros medios para llegar al supuesto: como es la IMPUNIDAD, y el nombramiento de magistrados y funcionarios incondicionales al Poder Ejecutivo de turno, lo cual significa a la hora que un Juez deba decidir exista una violencia moral que restrinja su accionar conforme al derechos consagrados en la Constitución, sino que se vea obligado a resolver conforme a los designios del poder de turno.-
¿El Poder Judicial de la Nación requiere modificaciones?
Sí, pero nunca estas, salvo la relativa al ingreso del personal y el concurso de funcionarios, que son normas de carácter administrativa, la Prov. de Córdoba las ha instrumentado desde el mismo Poder Judicial Ordinario.-
Por otro parte, se dejan de lado, una serie de medidas que importen una evolución en el procedimiento, la agilización de los trámites, la disminución de los costos judiciales, la creación de instituciones innovadoras que contribuyan a la resolución de los litigios con mayor prontitud.-
Pero la gravedad de estas nuevas leyes es que ofrecen reformas que afectan a la Republica, a los Derechos Individuales como es la modificación del Consejo de la Magistratura y la restricción de las medidas cautelares, ambas propias de un Gobierno conservador, con ánimo de perpetuarse en el poder para delinquir con los “amigos del poder”:
1º) Es dable destacar que el Consejo de la Magistratura es un órgano Constitucional (Art. 114 C.N.)
2º) Este órgano es el responsable de la designación de jueces, y/o para promover su destitución.-
3º) Para lo cual era necesaria una mayoría de 2/3 de sus miembros.-
3º) La nueva ley fija un régimen de mayoría simple, o sea la mitad mas uno.-
4º) Además altera la cantidad sus miembros, los cuales serán elegidos a través del voto popular propuesto por un partido político.-
5º) Esta politización del Consejo de la Magistratura en su estructura según la integración de los poderes políticos garantiza una Justicia dependiente del mismo poder y por lo tanto sus decisiones tendrá el respectivo tinte político.-
6º) Otro aspecto de la reforma involucra las medidas cautelares, que son garantías constitucionales a fin de frenar el avasallamiento del Estado, en sus diversas formas, sobre los derechos humanos.-
Cuatro veces dice en la nota que la justicia debe “fijar límites al poder”, tres en referencia directa al ejecutivo y una cuarta donde opina que hay jueces que limitan al poder “de cualquier tipo” pero “silenciosa y solitariamente”. Es decir, que se reconoce que quién cumple dignamente su tarea no es el colectivo judicial, sino jueces aislados que hacen “lo que pueden”.
Esto es – precisamente – lo que los argentinos vemos y necesitamos cambiar. Terminar con un sistema formalista y corporativo, acercándolo a la ciudadanía y convirtiéndolo en un servicio público ágil que incluya a los sectores socialmente débiles. No se trata de avasallar sino de transparentar, que eso es la democracia.
Seguramente se pueden mejorar muchas cosas, especialmente después de tantas décadas de consolidación de una justicia opaca e ineficiente cuya historia deja muchísimas dudas sobre su real independencia de los poderes reales de la sociedad y ninguna sobre su respeto a la Constitución. Ahora, recogiendo el reclamo de toda la sociedad, el gobierno ha tirado una piedra en este charco estancado, bienvenido sea este comienzo.
OTRO CASO DE CORRUPCIÓN Y VAN…
Me iré por las ramas. A colación informe de gente que ventila otro drama que exprime arcas públicas de Buenos Aires, pero los poderosos lo tomarían como «versiones falsas» (?) y les causaría risa las reiteradas alertas, lluvia de denuncias, pruebas exhibidas y preocupaciones que han agotado la capacidad de asombro del pueblo argentino, casos que salpican al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Nacional.
La noticia es del 7 de mayo, vieja porque los días siguientes publicaron hechos diferentes en dos diarios independientes y en un canal de TV de aire, mañana también, y seguirán sumándose descubrimientos «pintorescos» a decenas difundidos este año (siempre impunidad en negociados millonarios en dólares), lo que sería récord mundial absoluto, aunque la historia los comentará como «novelas sin importancia».
No es mi costumbre decir lo mismo que otros, pero esta noticia llegada a mi correo merece transcripción textual.
Carlos Estrada (periodista)
———-
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN EN LA VENTA DE TRENES DE METRO DE MADRID A ARGENTINA
“Sin Corrupción”/ El escándalo de presuntos sobornos en la venta de trenes usados de Renfe a Argentina parece extenderse ahora al metro. En total, 36 vagones utilizados durante 32 años en las líneas 6 y 9 del Metro de Madrid, que salieron de servicio en 2006 con destinado a la chatarrería, fueron comprados en 2011 por la alcaldía de Buenos Aires.
Los seis trenes modelo CAF 5000, estrenados en 1974 en Madrid, iban a completar la flota de la línea B del metro porteño -el más antiguo de Latinoamérica y fundado en 1913-. La alcaldía porteña lleva cinco años de atraso en prolongar la línea B y abrir dos nuevas estaciones. Pero sólo uno de aquellos coches se sumó al servicio, el resto no pudo por mal estado.
Motores y baterías quemados, compresores rotos, cambios electromecánicos que no figuraban en los planos, desperfectos en comandos eléctricos, ancho insuficiente de los vagones, fueron algunos de los problemas con que se toparon los técnicos de la compañía Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), según informó este domingo ‘El diario Crónica’.
“Compraron chatarra, los trenes estaban deteriorados, los tres instructores que llegaron de España no aportaron nada para que el arreglo no se transformara en un caos”, declaró el mecánico y delegado sindical Ariel Rocchetti.
El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, de centroderecha y afín al Partido Popular español, visitó Madrid el 23 de septiembre de 2011 y ese día se acercó al garaje del metro a observar los trenes. Dos meses más tarde Sbase anunciaba la compra de 36 vagones a la española Constructora y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF). “Una de las empresas –publicitó la alcaldía- líderes del sector a nivel mundial”.
El contrato se firmó por 18 millones de euros y los coches viajaron en barco desde el puerto de Bilbao. “Llegaron en pésimo estado”, según el periódico. En taller, los mecánicos argentinos debieron ‘canibalizar’ vagones para quitar piezas y usar como repuesto de otras averiadas. Así, hasta ahora se ha podido poner en rodaje un solo tren.
El titular de Sbase, Juan Pablo Piccardo, negó que los trenes
hayan llegado en mal estado. “Sólo se tuvo que hacer un ‘reentrochado’ y pasar del sistema de catenaria a tercer riel”. Culpó de las demoras al Gobierno nacional, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y prometió que a finales de año se abrirán las estaciones prometidas para 2008.
Este caso se conoce días después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno empezó a colaborar con la justicia de Argentina en investigar si hubo sobornos en la compra-venta de Talgos, Cercanías y otros trenes usados de Renfe por parte del Gobierno de los Kirchner al de Rodríguez Zapatero.
En el centro de las sospechas de corrupción están las compras de 93 locomotoras y 536 vagones usados por 1.100 millones de pesos (220 millones de euros en aquel año). Y en 2008, otros 416 vehículos usados, incluidos 16 trenes enteros del afamado Talgo III (120 millones de euros).
Mucho de ese material rodante sigue aparcado, pudriéndose a la intemperie, en los playones ferroviarios de Buenos Aires. Por su parte, el Talgo corrió algunos meses a apenas 80 kilómetros por hora entre Buenos Aires y Mar del Plata, pero así y todo debió ser retirado de circulación.
El supuesto ‘cerebro’ de las operaciones habría sido José Manuel Vázquez Gadea, un abogado gallego de 68 años, radicado hace varios años en Argentina, y dedicado a los negocios.
También era el principal asesor de la secretaria de Transportes de los Kirchner, de 2004 a 2009.
VOTO POPULAR PARA ELEGIR A MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA?
EN EL PAÍS DE LAS LISTAS SÁBANAS, QUE PUBLICITAN EN LOS PRIMEROS LUGARES A 2 O 3 CONOCIDOS Y A CONTINUACIÓN 200 DESCONOCIDOS !!.-
EN EL PAÍS EN EL CUAL LOS CIUDADANOS DEJARON DE SER ESO MISMO Y PASARON A SER EMPLEADOS ESTATALES o DESEMPLEADOS SUBSIDIADOS, SIN LIBERTAD DE CRITERIO NI DE LA OTRA!!.-
EN EL PAÍS DE LA QUIEBRA DE LA EDUCACIÓN, EN EL CUAL EGRESAN IGNAROS DIPLOMADOS!!.-
EN EL PAÍS EN EL CUAL LOS VOTANTES CARECEN DE LA MENOR «PICARDÍA» AL EMITIR SU VOTO!!.- (En USA pueden votar un demócrata como OBAMA 2 veces consecutivas pero en el parlamento, las mayorías se las dan a los Republicanos).-
CÁMARAS DE CASACIÓN ADICIONALES?
EN EL PAÍS DEL DERECHO PROCESAL LATINO ENGORROSO, FARRAGOSO, LENTO Y SIN LA PRACTICIDAD Y AGILIDAD DEL ANGLOSAJÓN!!.-
LIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS CAUTELARES FRENTE AL ESTADO?
EN EL PAÍS EN QUE EL ESTADO Y SUS POLÍTICOS, SON UNA AUTÉNTICA CORPORACIÓN DE DELINCUENTES ASOCIADOS ENTRE SÍ SIN DISTINCIÓN DE BANDERÍAS!!.-
Desde B.Rivadavia y HASTA LA FECHA INCLUSIVE, NUESTRO ESTADO Y
SUS LIDERES HAN SIDO RESPONSABLES DIRECTOS DE:
Endeudamientos siderales
Pésima atribución de los fondos provenientes de endeudamientos
Abdicaciones de Soberanía
Pérdidas territoriales
Expropiaciones y confiscaciones de propiedad privada nacional y extranjera
Leyes de congelamiento de locaciones urbanas y rurales
Pesificaciones forzadas, corralitos, incautaciones
Expropiación y malversación de dineros de las CAJAS DE JUBILACIONES
Empobrecimiento de las poblaciones mediante emisiones de dinero controladas, descontroladas y economías descabelladas
Crisis económico-sociales cada 10 años y ahora cada 6 años
Políticas migratorias desaprensivas
Robos y corrupciones de toda índole
Falta de mantenimiento de toda la infraestructura pública
Destrucción y desnaturalización de nuestros institutos educativos, universidades, profesiones, del devenir científico, de las fuerzas armadas, las de seguridad y del propio Estado
Desapariciónes forzadas de personas y finalmente
pobreza, miseria y muerte.-
De que estamos hablando?.-
De un ESTADO incapaz tan siquiera de pagar sueldos «en blanco»
De unos POLÍTICOS incapaces de ser honestos y virtuosos.-
Todo será inutil y seguirá peor hasta tanto no se opere la auténtica transformación social, económica y política que ponga al país y a su sociedad, a alguna proximidad a los países del primer mundo y aunque mas no sea, a sus errores.-
Reforma propuesta por un gobierno inícuo que solo sabe de acumular poder y dinero en beneficio privado
10 años cumplieron de gestión!!
Y con que resultados?
K.Adenauer recibió a la Alemania destruida en 1945 y en l955 Alemania Occidental lideraba el bloque europeo occidental).-
Cuando tánto esfuerzo y dinero de los contribuyentes se ha invertido bien hace lograr una solución humana y justa al drama de los desaparecidos, aparece en escena una nueva Desaparecida:la Justicia Independiente que, como nos enseñara el gran maestro Couture»huye despavorida cuando la política aparece en los pasillos de los tribunales» Es lamentable.
Rodolfo Capón Filas, ex juez en la Camara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Estoy totalmente de acuerdo con la nota
Rodolfo Capón Filas
Distinguidos lectores:
Mi informe apunta más bajo, ya se ha hablado en el Congreso, en los medios de prensa del mundo, se han pronunciado constitucionalistas, figuras destacadas, el Sumo Pontífice (al que fueron a besarle la mano y perdirle «bendiciones»), etc., e igual se han burlado de todos, entonces no quiero agregar más de lo mismo. El grupo que maneja a su antojo a varios millones de almas tratadas como «papel higiénico» (perdón por la sinceridad) le ha doblado el brazo a la Justicia (que tampoco brilla demasiado), ha torcido el rumbo de la Nación y la meta seguramente no será la mejor, por eso, con el permiso de ustedes aprovecharé este espacio para señalar otras pequeñeces que también están ligadas al vacío legal, abusos, posible tráfico de influencias, corrupción, irregularidades e impunidad sostenida.
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y OTRAS ÁREAS OFICIALES QUE NO CONFORMAN…
Falta de Higiene en Comercios, Billetes de Cien Pesos Marcados, Infracciones, Ruidos Molestos y Anarquía que Ciertos «Dueños» de Despachos Públicos no Corrigen
No son detalles alarmantes ni secretos, es sencillamente periodismo serio y no comprometido, es realidad o folklore que está a la vista de millones de ciudadanos y millares de turistas de todo el mundo que llegan a diario y con decepción e impotencia serían blanco de la inseguridad reinante y de «picardías criollas», constatando que todo lo que brilla no es oro; la Patria estaría siendo maltratada y la hermosa Capital Federal se ha convertido en termómetro de asuntos que nos dejan mal ante naciones avanzadas.
En casi todas las empresas y locales comerciales es fácil detectar vicios y falta de control de las autoridades de aplicación.
Numerosas personas me han entregado pruebas y comentado que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el “mundo del revés”, situación que se agrava porque los funcionarios públicos de diferentes áreas (no generalizo) ejercerían sospechosa tolerancia y darían luz verde a la impunidad en abusos, delitos y vicios detectados a cada paso.
1) Las grandes cadenas de supermercados sufren decenas de hurtos por día, es decir, mimetizadas como clientes ingresan señoras que recorren las góndolas -algunas veces con niñas que las ayudan- y esconden en corpiños y bombachas (pegado a la piel) diferentes productos: fiambres cortados, caramelos, frutas, carne, bandejas de queso, chocolates, etc., arrancando las etiquetas, pero en su mayoría son descubiertas en la línea de cajas, a la salida por lectores electrónicos de códigos, observadas por personal de seguridad o público y como no pueden ser revisadas partes íntimas, los encargados o gerentes piden la colaboración de empleadas para que las señoras delincuentes entreguen lo robado (deja de ser hurto la mercadería con envoltorios violentados), estos actos delictivos no se realizan por hambre, son sinvergüenzas «amigas de lo ajeno», a sabiendas que los gerentes de sucursales no llaman a la policía, salvo circunstancias especiales. Hay poca vigilancia en las calles, el teléfono 911 demora en atender y nunca se sabe si enviarán patrulleros en auxilio, además los espaciados hombres de parada (diurnos, a la noche no dejarían) se distraen mandando «mensajes de texto» desde sus teléfonos celulares, se refugian en pizzerías, estacionamientos y locales de Internet; los teléfonos de comisarías dan «ocupado» (no precisamente por razones de trabajo), la atención es descortés, los patrulleros son rarezas que “patrullan” seguido a la hora de los diarios y facturas de panaderías gratis, los jefes de Dependencias son un misterio, estarían en un “altar” de poder (además viven como ricos), si alguien quiere entrevistarlos siempre están «recorriendo» o “reunidos con superiores” (?). Imagine el lector si una persona quiere hablar con un fiscal, legislador o juez, son inalcanzables, primero hay que hacer diez escritos avalados por abogados, hablar con la empleada del escribiente del prosecretario, para tener audiciencia con la asistente del secretario (o secretaria), quien después de un mes y medio de trámites comunica al ciudadano común que su superior tiene “la agenda cargada de audiencias durante todo el mes”. Las idas y vueltas de todas las presentaciones en expedientes judiciales no llegan nunca al juez; fuentes confiables aseguran que las resuelven los empleados y serían firmadas sin leer por miembros jerárquicos del tribunal, de esa manera los abusos de derecho y estafas procesales pasan sin ser advertidos y se cometerían injusticias tremendas que no toman estado público, pero… estamos en Argentina y el que tiene poder es dueño de la verdad y de todo lo relacionado con el prójimo (habría excepciones y conste que no trato de ofender investiduras), pero los datos recogidos son valiosos y confirman lo expresado.
Según quince o veinte empleados consultados en la cadena de supermercados “Disco” de zona Palermo, Congreso, Barrio Norte y Centro, la empresa “no quiere sumar pérdidas” y la orden sería envasar nuevamente las bandejas rotas de fiambres cortados, queso de máquina, carne, frutas, etc., y regresarlas a las góndolas, pero acerca de otra mercadería con envoltorios de fábrica no dicen qué hacen (caramelos, chocolates, etc.). Pregunto: ¿Los clientes deben consumir productos que señoras que podrían estar enfermas han tenido apretados en partes íntimas?
2) El lunes 22 de abril pasado alrededor de la hora 21,40, tres mujeres mayores se quejaron ante el gerente de la sucursal de “Disco” de avda. Entre Ríos y Belgrano al observar que dos empleados de limpieza estaban “higienizando” el sector de los quesos y otros comestibles (en el suelo habrían depositado mercadería) pasando sobre los estantes un trapo que también usan para el piso, mojado en un balde con agua turbia; hubo enojo en las testigos que tomaron fotografías con un teléfono celular y el supuesto gerente prometió “sancionar” a los jóvenes. En presencia de clientes -aseguran los informantes- les hizo limpiar el sector con trapos limpios. Datos extra resultan más repugnantes.
3) Recibí información de dos abogados y luego lo comprobé personalmente concurriendo con colaboradores, que en la parrilla y restaurant “Niña Bonita” de avda. Corrientes 1715, el cajero nocturno de posible nombre Roberto (señor bajo y de aspecto robusto), se dedica a marcar con dos líneas de bolígrafo todos los billetes de cien pesos ($100) que recibe en su turno, lo que raya el delito y estaría haciendo desde mucho tiempo, dinero que sería depositado en banco de la zona u otra parte y volvería a circular.
No entiendo cómo los proveedores y bancos que reciben diariamente los billetes de cien pesos marcados en esa parrilla no han denunciado la irregularidad. Sería “costumbre” del cajero, con posible aval de los dueños; en el lugar comen centenares de personas todos los días y me parece que un juez federal tendría que haber tomado cartas en el asunto ¿O van a pedir pruebas tardías después de esta publicación? ¿La prensa independiente debe ocuparse de todo lo que deben hacer los que cobran sueldos de arcas públicas?
4) La pescadería “Colucci” (Luchomar S.A.) de calle Montevideo 270 emite ticket supuestamente controlado por AFIP y desde hace meses -los informantes me entregaron originales- la fecha de venta aparece impresa sobre el número de serie de cada comprobante fiscal. No digo que estén evadiendo impuestos, llama la atención que las autoridades de aplicación pasen por alto este “defecto” de la registradora ¿o será una picardía «criolla»?
5) En los restaurantes el pan que llega a las mesas es muchas veces tocado por los que atienden al público, luego los clientes revisan si es fresco, hablan encima del mismo y al retirarse, el mesero recibe dinero, entrega el vuelto, guarda la propina, lleva el pan sobrante y lo suelta en un cajón, aparece en escena otro empleado (son varios los que atienden en todas partes), mete las manos, coloca panes en bandejas, los deposita frente a clientes, los sobrantes vuelven al cajón y así sucesivamente. Con los envases de sal pasa lo mismo, las tapas están negras y humedecidas de tantas manos que las giran. ¿El Gobierno de la ciudad ignora estos descuidos y falta de higiene? ¿No hay tiempo oficial -distraído demasiado en campañas para conseguir cargos más elevados- para reglamentar que la sal se entregue en bolsitas individuales y que el pan llegue envasado y precintado desde las panaderías?
6) La línea de farmacias “Azul” vende la cinta adhesiva “Nexcare” -Micropore suelta porque según médicos denunciantes serían compradas “más baratas”, mientras otras farmacias las entregan con la correspondiente cajita cerrada en la parte superior e inviolable. ¿Los fabricantes de productos para uso en medicina negocian sin escrúpulos? ¿Los dueños de farmacias pueden trabajar de esa manera poniendo en riesgo la salud de las personas? ¿Salud Pública y otros organismos oficiales competentes miran para otro lado? ¿No arbitran medidas para evitar focos sépticos? Las mencionadas cintas adhesivas van colocadas en la piel junto a heridas de personas operadas o accidentadas, muchas graves o ancianas y al estar sin envoltorios especiales son trasladadas con manos sucias de empleados que tocan dinero, recetas de hospitales y de enfermos; cintas adhesivas que amontonarían en cajas expuestas a cucarachas, polvillo, ácaros, etc., y así llegan al consumidor.
7) La farmacia “Went” sita en avda. Corrientes 901, propiedad de un influyente señor, entrega tickets que el cajero raya en el medio, como si quisiera anularlos, colocando en la parte superior un sello circular desdibujado (¿no tienen tinta para la almohadilla?), donde se alcanza a leer “…ADO” que podría significar “pagado”, por eso el empleado de caja -presuntamente autorizado- arruinaría los comprobantes, asunto que alguna autoridad de aplicación debería revertir. Cuando el sello está completamente ilegible las rayas aumentan y cruzan por el medio dicha constancia de pago de los productos ¿Harán lo mismo con los paralelos que quedan asentados en registradora? ¿A qué se debe este raro método de entregar facturas de compras que parecen anuladas? ¿Negligencias de los cajeros o más picardía «criolla»?
8) Se realizaron investigaciones acerca facturaciones y prestación de servicios de telefonía celular. El material es abundante y largo de detallar, todas las empresas reciben centenares de quejas de usuarios, caso de los “módem” de “Claro” para computadoras que no tienen señal en el centro y sólo sirven en balcones a la noche, engaño que se descubre después de firmar contrato y los usuarios se ven obligados a pagar más de $ 130 por mes, pero como algunas empresas podrían tener aval de poderosos «dueños» de escritorios públicos o haber aportado dinero para campañas políticas, sería total la impunidad. Sin ir más lejos, por denuncias de diferentes personas, hicimos comprar diez líneas de “Personal” (teléfonos de tarjeta) para un chequeo durante más de dos años, archivando en cajas las tarjetas que fueron usadas, agregando con marcadores las correspondientes fechas, todo a efectos de detectar abusos que se dan en especial cuando los consumos son muy altos; líneas usadas para llamadas sin importancia y de tipo “familiar”, controlando duraciones, desaparición de créditos (minutos no usados), gastos excesivos, promociones falsas, reiteradas “caídas del sistema” o imposibilidad de cargar tarjetas en algunos horarios (escuchando la grabación: “perdón, en este momento no podemos…”), hay recargas que pasan correctas y luego no figuran acreditadas, si hay reclamos piden el número de código de barra y expresan: «ya fue usada»; al pedirse saldo al # 150 las explicaciones son largas y luego cortan (ocurre a diario), debiendo insistir el cliente hasta conseguir que digan el importe a favor, a esta altura sufre descuentos de minutos «usados» a raíz de esos errores (intencionales) del sistema/empresa, hay demoras en conectar con números marcados que se contabilizan como gastos de minutos del cliente (?), también extensas explicaciones grabadas cuando se quiere recargar tarjetas haciendo perder tiempo y a la vez descontarían minutos (léase: pesos), etc. Una promoción de «Personal» del año pasado referente a acreditación “doble” durante un mes, no coincidió con la realidad y en cada línea que tenían los observadores de prensa (cargadas varias veces a la semana) se comprobó siempre la falsa publicidad.
El grupo de investigación resultó damnificado, hubo reiteradas protestas telefónicas a Atención al Cliente y las empleadas respondieron que había «miles de reclamos» y la empresa no podía acreditar las tarjetas, que los reclamos debían hacerse en Casa Central “demostrando que verdaderamente las tarjetas se habían usado en líneas de ‘Personal’ durante ese mes». Hasta un niño sabe que el público no guarda las tarjetas usadas y tampoco las archiva con fechas (no mencionaron los observadores tenían todo bajo control). Las telefonistas agregaron que es difícil para la empresa solucionar la lluvia de quejas (más o menos esa fue la respuesta), reconociendo dos señoritas que la cantidad de reclamos de usuarios por el mismo problema «eran miles». El asunto es más amplio, pero este pequeño detalle sirve para poner en la balanza irregularidades que el Ente Regulador oficial no tendría en cuenta; por un lado habría millares de perjudicados y por otro empresarios presuntamente enriqueciendo día a día sin transparencia.
Si algunos directivos insensibles pueden vivir bien gracias al sacrificio ajeno y se dan el lujo de hacerse los sordos se debe a que posibles “influyentes” respaldan, por ende, las autoridades de aplicación dejan en impunidad los abusos (que rayan la estafa) y esta triste historia no alcanza la luz porque innumerables medios de prensa escritos y televisivos reciben avisos de empresas gigantes de telefonía celular a cambio de mucho dinero para publicidad y supuestos obsequios de aparatos de comunicación de última generación a directores, locutores y productores, líneas gratuitas con minutos libres permanentes hacia cualquier parte (podrían hacer lo mismo entre altas autoridades), picardía que serviría para tapar las quejas de varios miles de clientes damnificados.
9) Crecen los locutorios en el centro y alrededores sin expendedores de constancias para los usuarios, es decir, no entregan comprobantes acerca de las comunicaciones realizadas y los dueños sólo tienen una pantalla interna indicadora para poder cobrar; serían locutorios “truchos” que funcionan desde meses atrás y las autoridades competentes los permitirían por inconfesables razones ¿Quién habilita esas múltiples cabinas de teléfonos públicos en kioscos y otros locales?
10) Para esconder el periódico aumento de precios de las mismas mercaderías, en el radio céntrico entregan comprobantes fiscales que no detallan lo comprado, por ejemplo, una zapatería de buen nivel de calle Montevideo a cincuenta metros de Bartolomé Mitre, extiende facturas que sólo señalan el precio y número de artículo (?); cuando las clientes piden que asienten que son sandalias de cuero o zapatos, la propietaria dice “mejor compre en otro lado” (constatado junto a testigos). En librerías dan comprobantes “autorizados” por AFIP que repiten la palabra librería y el precio; las verdulerías ponen a todo «frutas» (sin señalar, por ejemplo, lechuga, zanahorias y tampoco el peso de la compra), en varios supermercados, ferreterías, almacenes, parrillas y otros comercios no imprimen dirección, nombre del local ni rubro, únicamente nombre de la sociedad, cuit y repiten al lado de cada precio la palabra “producto”, “ferretería”, “varios”, “almacén”, artículo N°…, etc. ¿Lo aceptarán oficialmente para no dejar pruebas de la inflación y que el público no pueda saber el precio de lo que compró y compararlo una semana después?
No trato de cuestionar el buen nombre y honor de personas que puedan sentirse aludidas, me refiero al dudoso papel de empresarios poderosos que no dan la cara ni soluciones; no tengo amistad ni enemistad en los lugares mencionados, sé que muchos son comercios de primer nivel, pero…
Me he limitado como periodista a servir a la verdad en bien de ciudadanos damnificados (nuestro equipo inclusive) y a efectos que estas irregularidades no proliferen con impunidad.
11) El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (M.M.), años atrás habría elegido para Fiscal General en lo Penal, Contravencional y de Faltas a un presunto amigo de confianza, el que lógicamente tuvo voto favorable en la legislatura (¿es un poder independiente como dicen?) y luego llevó como fiscal general adjunto a un conocido profesor de la Facultad de Derecho, ex juez en lo Criminal de Sentencia, ex juez de Instrucción en lo Penal, etc., que en 1988 estuvo muy cuestionado por cerrar rápidamente (creo que fueron dos meses) un expediente acerca niña aparentemente violada y asesinada en un Colegio del barrio de Caballito, donde entre otros estaba imputado un «profesor de gimnasia» y el hijo del vocero presidencial, defendido por (que juzgue el lector) un ex fiscal federal de ese Gobierno que juzgó a la Juntas militares y ex ministro de Justicia de la Nación (hoy diputado de la UCR), lo que quedó en impunidad como «accidente», no hubo procesados, parece que tardíamente otros jueces pidieron obtener «pruebas» y presuntamente coincidieron en posible violación seguida de homicidio, pero llegaron a ese punto y nada más, caso cerrado y abierto como si se tratara de daños a un “mueble” hasta que la Suprema Corte lo descartó por «prescripción» (ver: http://www.jimenajusticia.wordpress.com).
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de funciones difíciles de comprender (dicho con respeto), sería una justicia de “avanzada” ¿Tipo “primer mundo”?); ocurre que la Justicia nacional derivó competencias y, en honor a la verdad, el vacío legal habría empeorado. Fueron consultadas decenas de personas, hubo denuncias probadas mediante testimonios y documentación acerca de infracciones, delito de envenenamiento de valioso perro, ruidos molestos y movimientos constantes en departamento de propiedad horizontal alquilado y usado como prostíbulo encubierto por un «maestro de escuelas» del Gobierno de la Ciudad, donde aparentemente llevarían a menores indigentes, otro de señorita posiblemente adicta al alcohol (y algo más) que utilizaría vehículos oficiales con chofer por ser presunta sobrina de un político ex alto miembro de la Justicia nacional (datos recogidos entre cosas más pesadas), hace lo que quiere con su gente (entiéndase: reuniones de descontrol totalmente «sacados»). En las quejas por ruidos molestos -porque habría temor en denunciar otras cosas- supuestos consumos y escándalos de vergüenza, aparecieron «padrinos» en connivencia, policías federales que ampararían, se tapan diversos daños ocasionados, etc., y los fiscales en lo Penal, Contravencional y de Faltas han continuado favoreciendo al maestro acusado y sosteniendo su impune accionar; el jefe de Gobierno (varias veces informado su Gabinete) no ha investigado entre alumnos, padres y maestros a este señor de dudosa moral y alrededor de 50 años de edad (no se trata de discriminación sino de perjuicios a señora mayor por ruidos molestos hasta el amanecer los 30 días del mes), ni fue sancionado por su comportamiento privado escandaloso con amigos con los que conviviría o subalquilaría (seguramente debería conducirse con ética siendo funcionario público), pero misteriosamente tres causas fueron archivadas en seguida (?), hay nombres de fiscales que habrían ayudado al «maestro» o «rector» desde el 2010 ¿Qué habrá detrás? (funcionarios que anteriormente habrían intervenido con supuesta arbitrariedad en otros graves casos) y hoy hasta parecen respaldar a sabiendas el falso testimonio (delito) de encubridores de «guantes blancos» que por algún beneficio inconfesable sostienen los vicios y colaboraron -aseguran informantes- para el cierre de las denominadas «investigaciones». La superioridad conoce los entretelones y también la Cámara de Apelaciones, pero… lo pasarían por alto y las irregularidades tendrían garantías bajo «cortinas legales» (argumentos hábilmente previstos).
No generalizo y tampoco trato de herir finas sensibilidades, podría ser que investiguenn inocentemente en dirección incorrecta, cosa común en esta complicada Capital Federal.
Curioso: si un vecino quiere recurrir al auxilio de una Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de turno, encontrará una voz grabada telefónica donde le hace saber que su denuncia «es muy importante» (…), que puede dirigirse por casilla de correo o bien (en horarios hábiles) a la oficina ubicada en la calle…, es decir, la víctima no tiene a quien pedir socorro inmediato. Si hace la denuncia, la Policía Federal demora mucho en llegar, siempre firmarían con enojo que «no constatan los hechos», a veces les avisarían telefónicamente a los infractores cuando se trata de «kioscos» fructíferos conocidos y además días después las fiscalías citan por teléfono a los damnificados -no por escrito al domicilio- y si no responden al llamado archivan las actuaciones; todo comprobado en largas investigaciones e informes de víctimas doblemente perjudicadas (por los malos y por los «buenos»). Reitero: leer con atención lo ocurrido a la señora Norma Monfardini con el primer juez, hoy fiscal general (jerarquía que merece respeto), las presiones «legales» que habría sufrido esta señora por pedir justicia por su hija asesinada, atentados que dice haber padecido y casos hilvanados que quedaron hábilmente olvidados, lo que -salvando las distancias- no puedo separar de la desconsideración que ha soportado, rayando el maltrato, una señora honorable que quiso denunciar en esas fiscalías los escándalos y algo más de un posible «maestro» de escuelas, encontrando barreras infranqueables, vacío legal y resoluciones que podrían encajar en Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos» (Art.248 / 249 C.P.), Denegación y Retardo de Justicia (Art. 273/ 274 C.P.), etc.
Sintético pantallazo de aparentes abusos de autoridad e impunidad, muy insignificantes comparados con asuntos más graves que se ventilan por TV de aire los domingos y son oficialmente disfrazados, desvirtuándose las contundentes pruebas documentadas, impresionantes testimonios, filmaciones, etc. (Aclaro que no son santos de mi devoción esos medios, pero pongo en la balanza ciertas pruebas, sumo los enriquecidos “mágicamente”, multiplico la deuda externa, la inflación y el avance de los cordones de pobreza y la deducción es la que saca la mayoría no fanática).
¿La ética en la función pública? Bien, gracias.
Lo relacionado con los escándalos del impune «maestro de escuelas» está basado en testimonios confiables, documentación y comprobaciones reservadas. Hechos innegables que no resisten desmentidos creíbles y si apareciera defensa de lo indefendible se extenderán investigaciones, reunirán mayores pruebas y difundirán nombres y casos tapados durante más de una década.
Dejando de lado el pesimismo (valga mi inocencia), pongo un voto de confianza en las autoridades en general y con la ayuda de Dios tal vez la fea situación que atraviesa nuestra Patria mejore un poco.
Carlos Estrada *(apolítico) escritor, ex periodista parlamentario y de revistas jurídicas, ex cronista especial de semanario político y de revistas nacionales y provinciales, periodista de investigación con documentada trayectoria pública desde 1970.
Buenos Aires, Argentina, 9 de mayo de 2013.
Como ya he comentado, en el propio artículo SE RECONOCE QUE LA JUSTICIA ACTUAL NO FUNCIONA y dice textualmente que quién cumple dignamente su tarea no es el colectivo judicial, sino jueces aislados que hacen “lo que pueden”. ¿Reconocer que hay “poderes de cualquier tipo” que influyen sobre los jueces es una novedad? ¿Recién ahora se dan cuenta de esto y critican que haya propuestas de cambio en el poder legislativo?
El énfasis se coloca únicamente en “fijar límites al poder ejecutivo”, reiterando esta frase cuatro veces. Cualquier posibilidad de reforma se posterga con el argumento de la necesidad de una discusión “más amplia” buscando dar espacio a los grupos que son el origen de este mal funcionamiento para que se autoregulen, o sea para que todo siga igual. La acusación – sin fundamento razonable – de ser oficialista, alcanza para dejar de lado las opiniones de colectivos como Justicia Legítima, tal como ocurre con otros medios de comunicación directamente implicados en decisiones judiciales absurdas y demoradas.
El tono tremendista y agresivo, plagado de potenciales “avasallamientos” y “aniquilaciones” se centra en la descalificación de toda la ciudadanía, que no sería capaz de participar en el órgano de control de los jueces, tal como ocurre con los otros dos poderes. No hace falta “beber bronce” para opinar sobre problemas que nos afectan a todos. La renovación y «alternancia» tan exaltadas tampoco se mencionan acá.
Falta equilibrio en esta opinión, un mínimo de análisis de las razones y causas mediatas e inmediatas de estas modificaciones y, sobre todo, autocrítica de un sistema corporativo privilegiado que tome en cuenta como se sirve mejor al pueblo, en la línea de Aparecida y del pensamiento del Papa Francisco, leídos íntegralmente.
Y también falta debate en Criterio, donde no veo comentarios y respuestas que apuntalen o critiquen con argumentos los temas e ideas propuestas. Posiblemente esto tiene que ver con las demoras para la publicación de los comentarios, que hacen tan poco dinámico el intercambio.
Nadie que lea el DNU de Macri puede dudar que en la Ciudad de Buenos Aires, juntitos y de la mano, la política y los negocios avanzan, avasallan, arrasan y aniquilan el poder judicial y el legislativo. Para fabricar nuevas demoras judiciales se llega a absurdos difíciles de creer.
¿Poder judicial independiente?.Cromañón AMIA Embajada de Israel Explosión en Río III Cabezas tráfico de armas a Ecuador y Croacia Marita Verón Madres del dolor