Editorial: Inundaciones en un Estado desarticulado

Las imágenes de La Plata, algunos barrios de Capital Federal y del conurbano bonaerense posteriores al 2 de abril fueron sobrecogedoras y conmocionantes. La lluvia desbordó todos los cauces naturales para inundar la vida de muchísimas personas. La sociedad civil reaccionó como pudo, de manera urgente y emocional. Hay que ayudar, fue la consigna. Ante la catástrofe, muchas personas ofrecieron bienes y tiempo para asistir al necesitado. La hora así lo exigía.En paralelo, el Estado en todos sus estamentos –no sólo las autoridades políticas sino también organismos públicos como Defensa Civil o Prefectura– reaccionaba como quien hubiera recibido un violento mazazo. A través de sus agentes (funcionarios elegidos y nombrados), balbuceaba respuestas ante el grito desesperado de los afectados. Twitter y Facebook mostraban testimonios desgarradores. Los damnificados calcularon que la ayuda pública tardó entre 10 y 14 horas en aparecer. Se acentuaba la paradoja entre un Estado inmenso y omnipresente frente a su ausencia e ineficiencia en la crisis. Y por si fuera poco, se sumó el desprecio por la verdad por parte de algunas autoridades que mintieron respecto de su presencia en el lugar de los hechos así como también quedaron dudas sobre el número de víctimas fatales.

Hay, en esta tragedia, tres planos sobre los que reflexionar. El primero se refiere a la solidaridad. La inundación dio paso a una encomiable tarea de una multitud que –conmovida, dolida y angustiada– dio de sí misma para ayudar a otros. Parecía que era la única manera de morigerar el daño. Las aguas bajaron y la campaña continuó, aunque no estuvo exenta de conflictos. Pero la solidaridad, según la enseñanza social cristiana, ¿es esto o es algo más?

Entendemos que se trata de un concepto sumamente profundo y revelador, cuya encarnación en la sociedad podría sentar las bases para una construcción colectiva más sólida. Porque solidaridad tiene que ver con hacerse responsable del otro. O, en palabras del Magisterio de la Iglesia, es una virtud moral que puede resumirse en el empeño firme y perseverante por el bien común (Sollicitudo rei socialis). Responde a una realidad antropológica, en el sentido de que no puede realizarse prescindiendo de los demás, y constituye una necesidad social. En este sentido, actuar solidariamente no es sólo reaccionar frente a la adversidad. Es pensar la manera de construir colectivamente, desde la persona y para la persona. Es entender que la solidaridad permite madurar estructuras de gestión, administración y gobierno que de algún modo brinden soluciones reales y concretas a los problemas de la gente. Es, como nos enseña la encíclica ya citada, un principio social ordenador de las instituciones, de manera que –mediante la creación o modificación de leyes y ordenamientos– las “estructuras de pecado” se tornen estructuras de solidaridad. Además, solidaridad implica reflexionar para ver a qué tengo que renunciar hoy, en pos de una arquitectura social en la que nos hagamos responsables del otro. Por lo tanto, si desde hace tiempo se sabía que en La Plata o en las demás zonas afectadas la inundación era posible, incluso cuando se pretendiera acometer obras que no se terminaron, la solidaridad como construcción colectiva no estuvo presente y las estructuras de pecado prevalecieron.

Un segundo plano de reflexión tiene que ver con la ausencia de los organismos estatales que por su naturaleza deberían haber dado respuestas inmediatas. Silencio doloroso, que refleja falencias estructurales gigantescas y falta de previsión. Nada pudo justificarse ni decirse ante tamaña adversidad. Tampoco supo mostrarse una coordinación general en momentos de crisis. Respuestas desarticuladas e individuales evidenciaron crudamente ese Estado ausente. En esta coyuntura, cabe preguntarse si no es resultado de la profunda desinstitucionalización por la que atraviesan las organizaciones estatales en su conjunto.

En efecto, una vez más ha quedado probado que ante la crisis, la institucionalidad es necesaria para ofrecer respuestas concretas y coordinadas desde los organismos competentes,  dar transparencia y fomentar el control de los actos de gobierno. Por el contrario, nuestras instituciones no parecen estar planificando ni ejecutando lo que la sociedad necesita.

Cuando desde estas páginas, en infinidad de oportunidades, hablamos de la necesidad de consolidar una república democrática, nos estamos refiriendo, entre muchas otras cosas, a un sistema de manejo de la cosa pública que promueva el funcionamiento ordenado del Estado de manera horizontal (coordinando entre todas las áreas competentes) y vertical (respetando las jerarquías y saberes de los distintos estamentos, con intervención directa en cada caso). La inundación demostró una gigantesca desarticulación estatal, suplida pobremente por una generosísima y loable actitud de la sociedad civil, que no cuenta con las herramientas ni los recursos para actuar como se necesita en estos casos.

Entendemos, finalmente, que un tercer plano de preocupación tiene que ver con la desconexión entre clase política y necesidades de los ciudadanos, entiéndase por éstas la infraestructura, la transparencia y la respuesta ante la adversidad, no sólo en el corto sino también en el mediano y el largo plazo. La distorsión tiene que ver, pensamos, con un modelo de gobierno que no respeta y al que no le interesa mantener y promover estructuras públicas eficientes y eficaces, no sometidas a los vaivenes políticos o partidarios. Quizá el ejemplo más elocuente haya sido la presencia de la Presidenta de la Nación en el lugar de los hechos, flanqueada por un par de secretarios y un diputado nacional. ¿Dónde estaba el comité de crisis que debió constituirse inmediatamente? ¿Es la militancia partidaria el brazo ejecutor del manejo de una tragedia? Son preguntas cuyas respuestas confirman que la institucionalidad ha sido desplazada en pos de una militancia que tampoco es capaz de dar soluciones, a pesar de la buena voluntad.

No está de más aclarar que el mundo entero está sometido a las inclemencias de la naturaleza, pero la capacidad de respuesta tiene que ver con el compromiso de una clase dirigente en una visión que exceda el presente. Las ciudades de La Plata y Buenos Aires son la vidriera de gobiernos que, aunque saben lo que tienen que hacer, no lo hacen, y además pretenden no pagar las consecuencias. Es cierto que, pese a estar desconectada de las realidades profundas, la clase política ocupa su espacio por el voto de los ciudadanos. Como sociedad civil, entonces, tenemos también un grado de responsabilidad. Pareciera que los dirigentes son reflejo de los ciudadanos, a los que también nos interesa el corto plazo.

En esta coyuntura, como cristianos tenemos en nuestras manos la responsabilidad de profundizar el entendimiento solidario del otro y pensar en un largo plazo institucional que nos permita desarrollarnos como una sociedad más justa y fraterna. Ante la adversidad, responder con nuestro apoyo, oración y ayuda solidaria, pero en un marco de real funcionamiento articulado del Estado.