En el libro Claves del retraso y del progreso de la Argentina sus autores presentan un recorrido histórico y una proyección actual sobre los avances y retrocesos de la economía nacional. Ayer
La Argentina logró un fenomenal crecimiento en las últimas tres décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, merced al cual, entre 1870 y 1910, el país pasó del 18° al 9° puesto en el orden mundial de los ingresos per cápita. En ese mismo lapso su PBI per cápita progresó desde un equivalente al 60% d
el promedio de los 16 países más avanzados de raíz occidental (1870) hasta un valor prácticamente igual (99%) a ese promedio (1910). Con ciertos altibajos, hasta 1933-1934 el país mantuvo tal posición relativa. Pero a partir de entonces el crecimiento se rezagó de manera visible, tanto que, a comienzos de la década de 1960, el PBI per cápita argentino volvió a ubicarse –como en 1870– en el 60% del promedio de los países avanzados. Tras once años durante los cuales el retraso no se agravó (1964-1974) pero tampoco se recuperó, siguió el período de peor performance relativa (1975-1990), al cabo del cual el ingreso per cápita argentino cayó a un tercio de la media de las economías avanzadas. Desde 1991 hasta hoy, el indicador argentino respecto al PBI per cápita promedio de los países avanzados no ha sufrido más retraso, aunque sí grandes altibajos que lo han hecho oscilar entre el 30 y el 42%.
Respecto de Brasil, el retraso fue prácticamente incesante desde 1910 hasta 1990, mientras que respecto de Chile, la Argentina mantuvo un PBI per cápita 40% superior hasta 1986; desde entonces el mejor desempeño de Chile logró que los ingresos medios de ambos países se igualaran en 1993 y que, en la actualidad, el valor de la Argentina represente sólo unas tres cuartas partes del chileno.
Entre las numerosas causas o variables de dicha evolución, reconocidas por estudios pertenecientes a distintas escuelas del pensamiento económico, se destacan las políticas de cierre de la economía al comercio internacional (iniciadas tras la depresión mundial de 1929-1933 y profundizadas en las décadas siguientes), las políticas fiscales y monetarias altamente inflacionarias posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la volatilidad resultante de políticas macroeconómicas insostenibles en el tiempo. Éstas no invalidan otras razones que se nutren de hipótesis de carácter político, histórico o estructural y que pueden considerarse en parte determinantes de las anteriores: la mala distribución originaria de la tierra de la que resultó una gran concentración de población en el Gran Buenos Aires, la promesa de mejoras en prestaciones sociales que excedieron el nivel de crecimiento económico necesario para su sostenimiento, la cultura “rentística” que favoreció el acceso al mercado por privilegios corporativos más que por competencia.
Para complicar el contexto, la historia muestra cómo algunos problemas tienden a perpetuarse y condicionan las políticas posteriores, presuntamente adoptadas para resolverlos. Así, por ejemplo, habría ocurrido con las políticas fiscales y monetarias inflacionarias aplicadas después de la Segunda Guerra, ya que las inflaciones endémicas generan anticuerpos que dificultan su combate.
Muchas de las tendencias arraigadas en la sociedad fueron modeladas e impulsadas por parte importante de la intelligentsia civil, militar y empresaria, influida por las ideologías de época, que cayó también en la “tentación del atajo” y buscó expresarse, como en el pasado, a través de caudillos militares o políticos que colmaran sus expectativas y resolvieran sus problemas. Una sociedad atravesada por tales culturas será muy probablemente más demandante de proteccionismo extremo que otras y, a la vez, más propensa a albergar una puja distributiva capaz de darles inercia propia a fenómenos inflacionarios.
Este encadenamiento de factores y de políticas no fue patrimonio de ningún partido o tipo de gobierno. Si la alta inflación y el proteccionismo excesivo configuran políticas económicas populistas asociadas al retraso de la Argentina, éstas fueron impulsadas tanto por gobiernos de cuño conservador, como militar, peronista o radical. De la misma manera, hubo gobiernos militares (1966-1973), radicales (1963-1966) y peronistas (1990-1999 y 2002-2011) entre los que presidieron los períodos relativamente favorables.
A partir de las explicaciones del retraso del país no hay un razonamiento lineal que marque el camino de enseñanzas para el futuro, ya que en las dos décadas sucesivas que se inician desde 1990 se dieron políticas diametralmente opuestas, al menos en el imaginario popular, y en ambas se ha logrado en conjunto el objetivo de interrumpir el largo proceso de retraso de la Argentina. En efecto, corresponde reconocer como propios de buena parte de ambos períodos de no retraso: un mejor funcionamiento de las instituciones políticas; una inflación baja o moderada y el aumento de la monetización de la economía; políticas económicas no populistas o, si se prefiere, sostenibles en el tiempo; solvencia fiscal; una menor volatilidad macroeconómica; la existencia de oportunidades y percepciones de progreso y movilidad social y una puja distributiva moderada o encauzada; una economía abierta o en proceso de apertura y precios relativos internos cercanos a los internacionales; un desarrollo agropecuario compatible y simultáneo al desarrollo industrial; términos del intercambio externo favorables; solvencia externa; una inversión moderada o alta y el respeto de los derechos de propiedad.
Hoy
La mayor parte de los factores que han permitido a la Argentina detener el retraso relativo respecto del mundo entre 1991 y 2008 han mostrado recientemente signos de deterioro.
Si bien no se han alcanzado aún los extremos típicos de los tiempos del gran retraso, por ejemplo, en lo que concierne a la ilegalidad o ilegitimidad de los gobiernos, a la altísima inflación o al cierre casi total de la economía, las señales negativas son dignas de atención. La democracia sigue funcionando, pero se observan evidentes daños en las instituciones republicanas y federales. De la estabilidad monetaria lograda, aun después de la devaluación del 2002, se ha pasado a una inflación alta y riesgosa. Reaparecieron comportamientos populistas, especialmente en las distorsiones de precios relativos, en la magnitud de los subsidios y en un nivel sin precedentes de gasto público, dudosamente sostenible y parcialmente financiado con el impuesto inflacionario. Altos funcionarios declaran que esta vez el populismo es sostenible y que debe profundizarse, al mismo tiempo que la puja distributiva muestra tensiones crecientes. Es destacable el bajo nivel de endeudamiento público, pero la tendencia del resultado fiscal, deficitario si es bien medido, no es auspiciosa. El valioso logro de haber transitado ya casi nueve años sin crisis económicas violentas se está poniendo en riesgo por la alta inflación y políticas tales como la extinción de los superávit gemelos. Algo similar ocurre con la pobreza y la indigencia, que después de haber disminuido significativamente, vuelven a aumentar como consecuencia de la suba de la inflación.
De una política económica que armonizaba la inserción exportadora con el desarrollo del mercado interno se ha pasado, sin aviso, a otra orientada hacia la sustitución de importaciones, con sesgo antiagropecuario y antiexportador. Adicionalmente, se observa que la integración regional, en especial la del Mercosur, que avanzó considerablemente en sus inicios, tiende a estancarse y a mostrar un escenario de conflictos permanentes.
Por otra parte, de una situación de relativa solvencia externa se ha pasado a otra en la que la cuenta corriente del balance de pagos tiende a cero y se ha acentuado la fuga de capitales. Aquí y allá aparecen sistemáticamente violaciones de los derechos de propiedad que muy probablemente sean una de las causas del nivel de inversión insuficiente para sostener un crecimiento rápido.
Todavía se está a tiempo de reparar tantos deterioros. Pero si no se actúa rápidamente se entrará en zonas de retraso similares a las del pasado. Si faltaran otras, la sola razón de la importancia y urgencia de esta reparación es que la Argentina no ha logrado mejorar sustancial y establemente la situación de los más pobres ni la distribución del ingreso, ni construir una sociedad más integrada.
