La ley y el orden

Varios hechos violentos a fines de 2010 manifestaron graves situaciones sociales, ya conocidas y enunciadas desde distintos sectores. Sin embargo, en cuanto sociedad nos debemos la elaboración de una respuesta esclarecedora.Los muertos por desnutrición en Misiones, donde se había anunciado con bombos y platillos un plan nutricional provincial; la muerte de aborígenes y policías en un enfrentamiento por tierras en Formosa, luego de más de tres meses de denuncias y cortes de rutas; el enfrentamiento de tercerizados y gremialistas en las vías del ex ferrocarril Roca, donde murió el militante del PO Mariano Ferreyra, este sí con nombre y apellido recordado en movilizaciones y con noticias y afiches callejeros (a diferencia de los ignotos u olvidados de Misiones y Formosa); la minipueblada en la estación Constitución, donde los que pretendían regresar del trabajo a sus casas se encontraron sin servicios por un problema iniciado al promediar la mañana; la toma del parque Indoamericano y sus alrededores, con posteriores enfrentamientos con la policía y entre vecinos, que dejaron muertos, además de declaraciones y acusaciones cruzadas entre los responsables; y la toma de otras zonas marginales del conurbano.

Estos hechos aparecieron con dramatismo en la superficie de nuestra sociedad, generando sorpresa, temor, bronca y, lo que es más grave, posibilitando la exposición pública de los peores sentimientos de xenofobia, de desconfianza hacia el distinto, de “gorilismo” de la más variada ideología, o las transitadas y agotadas “agachadas” políticas en un casi caricaturesco pase de responsabilidades y acusaciones entre voceros de distintos niveles e instituciones de gobierno.

La rapidez y sucesión colaboraron para dificultar la captación cabal de lo que ocurría y la comprensión en profundidad de sus causas y consecuencias. Los interrogantes generaron respuestas lineales e interesadas; como sociedad quedamos en deuda en cuanto a elaborar una respuesta esclarecedora, basada en evidencias objetivas. A pesar de que se intuyó lo complejo e intrincado del conjunto de causas y motivaciones, lo ocurrido se sumó a la mochila del lugar común, de la no explicación, y de la aceptación más o menos pasiva y conformista.

Todos los acontecimientos citados formaron parte de una “crónica de la muerte anunciada” por lo previsible y evitable, evidenciando la ausencia del Estado en sus múltiples responsabilidades, desde la defensa de la vida hasta la “inteligencia” preventiva para informarse de las intenciones y planes de aquellos grupos que pueden alterar el orden o poner en riesgo a terceros, y también reproduciendo enfrentamientos absurdos de pobres contra pobres, además de intervenciones “a posteriori” de que lo previsible explotara, anunciando planes, programas e inversiones.

En el centro quedaron las familias necesitadas, atrapadas en un complejo de condicionantes: pobreza, ausencia del Estado, manipulaciones de punteros políticos, especuladores, delincuentes y traficantes de drogas; atrapadas por la ineptitud operativa y la crisis de las instituciones.

 

Ineptitud de las “fuerzas del orden”

En la totalidad de los sucesos comentados hubo, por acción u omisión, intervención de las diferentes fuerzas policiales u otras instituciones de seguridad. En todos se lamentaron muertos. ¿Era necesario e inevitable? ¿No es posible mantener el orden y reprimir excesos de forma más profesional y menos luctuosa? Pareciera que sí, como lo probaría la reacción del  gobierno nacional en cuanto a la reorganización de estas fuerzas y la experiencia mediática de ver como en ciudades tan distintas como Roma, Paris o Tokio, el control de manifestaciones y disturbios es enérgica, eficaz y la mayoría de las veces, sin causar víctimas graves.

 

Confusión ideológica

Por diversas circunstancias, muchas comprensibles y producto de la experiencia de los años duros, la idea de mantener un orden, necesario para la convivencia civilizada, se asocia a excesos represivos, judicialización de la protesta social o ideologismos de derecha. Y a esta realidad objetiva pareciera sumarse la afirmación de que las reivindicaciones llegan y las  protestas se registran sólo si se perturba el orden público. Esto vale tanto para cortes de calles y avenidas protagonizados por grupos más o menos dependientes de planes o subsidios y conducidos por punteros, como para los piquetes en rutas por parte de ambientalistas, ruralistas o indígenas, estos últimos con menos prensa y mucha menor eficacia. También podría extenderse a los cortes de vías férreas o paros sorpresivos y sucesivos de gremios aeronáuticos. Ganar la calle ya no es sólo militancia; es negocio y negociación. Los vecinos de Callao y Corrientes; los de la 9 de Julio; los del Bajo, los pasajeros ferroviarios y aéreos lo saben. ¿Seremos capaces de separar la paja del trigo? El orden de los excesos, la información previa del espionaje, el gobernar y asegurar la paz interior de la represión impune, la protesta social del apriete. Es necesaria una discusión seria sobre el tema, fuera de adjetivaciones y ocultamientos. No es fácil, pero es un desafío que debemos asumir. En primer lugar los  intelectuales, los responsables de los medios y, ante todo, las autoridades y los dirigentes.

 

Ley y orden

Una última cuestión a plantear en estas líneas es aquella referida a la reacción, en gran medida justificada, ante la violación al derecho de propiedad por las tomas e invasiones de predios. La prensa y los referentes de opinión hicieron de este aspecto el leit motiv de declaraciones y artículos. Quedó claro que estos hechos suponían una violación flagrante del derecho a la propiedad, pero también es lícito el reclamo por necesidades que exigen satisfacción de los protagonistas: familias sin techo, carenciados, indígenas. Se abre aquí una dimensión que es necesario remarcar y que se orienta a mirar la realidad “desde una perspectiva de derechos”, que no exime de obligaciones. No es suficiente con que “toda necesidad genera un derecho”, base para construir una sociedad sin excluidos y el camino para no acostumbrarnos a las injusticias. Hubo voces calificadas en ese sentido. La Comisión de Pastoral Social del Arzobispado expresó: “Entendemos que estos hechos tan dolorosos no se agotan en sí mismos sino que responden a problemáticas estructurales que han venido madurando desde hace tiempo”. Y agregaron: “La solución del presente conflicto debe tener en cuenta que esta toma es producto de los derechos desatendidos de personas con profundas necesidades”.

En realidad también es un acto de violencia permitir que existan familias en situación de extrema pobreza o, en el caso de los extranjeros, que sean empujados a las migraciones o al destierro, no como una decisión individual ni fruto del libre albedrío, sino como desposeídos que son obligados a buscar oportunidades en otros países.

Esta violencia se enmarca en una línea de crispación en la que el diálogo se desvirtúa, las opiniones se elevan a verdades indiscutibles, se descalifica sistemáticamente a los que no piensan igual. Al distinto se lo considera como adversario; se pierde el respeto a la vida del hombre, considerándolo como un obstáculo a eliminar de cualquier manera.

Es un desafío a nuestra honestidad intelectual y a nuestro compromiso cristiano el reflexionar sobre estas circunstancias y obrar en consecuencia. Cabe aquí recordar algunas afirmaciones de Benedicto XVI en su mensaje al Consejo Pontificio de Justicia y Paz en noviembre de 2010: “No sólo las personas individualmente, sino también los pueblos y la gran familia humana esperan, frente a injusticias y fuertes desigualdades, palabras de esperanza, plenitud de vida y la indicación de Aquel que puede salvar a la humanidad de sus males radicales”. Y agrega: “Los fieles laicos tienen el deber inmediato de trabajar por un orden social justo. Como ciudadanos libres y responsables, deben comprometerse para promover una recta  configuración de la vida social, en el respeto de la legítima autonomía de las realidades terrenas”.

El episcopado argentino ha llamado al 2011 el Año de la Vida. Coincide con el aniversario de la encíclica de Juan XXIII Mater y Magistra, que con tanta claridad señalara el orden social injusto y nos convocara a brindar constante atención a los desequilibrios e injusticias sociales. Quizás pueda ser una invitación a reflexionar y actuar en este sentido.

 

El autor es director del Posgrado en Salud Social y Comunitaria de la Universidad Maimónides.