En torno del presupuesto de culto y sus raíces históricas

El presupuesto de culto no guarda relación con las expropiaciones del gobierno de Rivadavia sino con un derecho de patronato que se declaró extinto cuarenta años atrás.Debatir la laicidad que queremos implica abordar una serie de cuestiones complejas que hacen a las relaciones que entabla el Estado con las religiones en general y con la Iglesia católica en particular. Entre esas cuestiones se cuenta la de si el Estado debe financiar o no a las religiones, por qué y con qué modalidades y criterios. Pero el “debe” puede ser leído en dos sentidos distintos: el de un acto que se realiza porque se lo juzga conveniente y el de uno que se realiza porque en ello entra en juego una obligación ética. Las preguntas son muchas: ¿debe existir un presupuesto de culto? En caso  afirmativo, ¿debe existir porque es conveniente, o porque existe una deuda del Estado hacia la Iglesia católica? ¿El Estado debería financiar sólo a la Iglesia católica o, dada la pluralización del campo religioso, también a otras confesiones cristianas y a otras religiones? ¿Con qué criterios definir a cuáles? No es el objeto de este artículo ofrecer respuestas que deberán surgir de un amplio debate ciudadano, sino aportar elementos históricos para la reflexión.

En medios católicos –e incluso en otros– se suele alegar que la existencia del presupuesto de culto responde a una obligación del Estado hacia la Iglesia católica nacional que fue contraída a raíz de las incautaciones de bienes eclesiásticos que tuvieron lugar durante las reformas rivadavianas de la década de 1820. El origen de este argumento se encuentra en un libro poco sólido que Enrique Udaondo publicó en 1949 con el título de Antecedentes del presupuesto de culto en la República Argentina.

El razonamiento que despliega allí Udaondo es a la vez absurdo y erróneo. Don Enrique calcula el  valor que en 1949 habrían tenido las propiedades que el Gobierno porteño expropió a la catedral y a varios conventos de Buenos Aires para concluir que existe una deuda del Estado nacional para con la Iglesia católica argentina, una deuda que, como la de la Cándida Eréndira, no podrá saldarse jamás.

El absurdo deriva de que el Gobierno no expropió a esas instituciones por los valores de 1949, sino por los de 1822. Pero además el razonamiento es erróneo porque parte de supuestos falsos: uno es que el gobierno rivadaviano puso fin a la independencia económica de las instituciones afectadas,

cuando en realidad en tiempos coloniales habían acudido abundantemente a los socorros del fisco y en 1822 la estaban pasando muy mal –y no en todos los casos a causa de la revolución–; el segundo es que el presupuesto de culto se encuentra conceptualmente vinculado al acto expropiatorio. En una de sus frases se sintetiza todo el mensaje del libro: “El origen del Presupuesto de Culto es conocido: la Iglesia tenía sus bienes y sus recursos propios. Rivadavia echó mano a los bienes raíces de la Iglesia cuyo valor era muy grande, y el 21 de diciembre de 1822 abolió dichos recursos, los diezmos […]. Es, pues, el Presupuesto de Culto no una dádiva sino un deber” (págs. 22-23).

Para aportar luz a esta cuestión compleja conviene explicar en qué consistían las rentas eclesiásticas que el Gobierno rivadaviano trastocó. Esas rentas eran bastante variadas: la curia episcopal y el  cabildo catedralicio percibían diezmos provenientes de toda la geografía de la dilatada diócesis, que por entonces comprendía las actuales provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la presente República Oriental del Uruguay. Los diezmos estaban prescriptos por ley y eran los oficiales reales quienes estaban encargados de eventualmente castigar a quienes no los pagaran. Eran además un ingreso que la Corona había cedido a las Iglesias, por lo que el rey percibía una parte y legislaba acerca de su cobro y distribución. Los párrocos no percibían diezmos –salvo excepciones insignificantes–, sino que vivían –en algunos casos sobrevivían– de las primicias –los primeros frutos del campo, calculados de manera diferente de acuerdo a la “costumbre del pays”– y de los llamados “derechos de estola” que cobraban por la administración de sacramentos. La catedral y el cabildo eclesiástico poseían además algunas fincas, sobre todo urbanas, que habitualmente se alquilaban. Los conventos tenían sus propias rentas, sobre todo de dinero contante y sonante, que prestaban a interés contra la hipoteca de alguna propiedad, además de algunas fincas urbanas y rurales.

En realidad, las propiedades eclesiásticas en el Río de la Plata eran muy modestas comparadas con las de México o Perú. Un solo ejemplo: las rentas de la sola provincia dominica de Oaxaca (México) superaban en la década de 1770 a los diezmos de toda la diócesis de Buenos Aires.

Por otra parte, las instituciones de que hablamos eran muy autónomas entre sí: las propiedades de un convento no tenían nada que ver con la curia diocesana y viceversa. El derecho canónico de la época permitía que los conventos comprasen y vendiesen bienes y prestasen dinero sin tener que rendir cuenta alguna al obispo ni a ninguna otra autoridad eclesiástica ajena a la orden. Fue el Código de Derecho Canónico de 1917 el que estableció el derecho de control del diocesano sobre los bienes eclesiásticos del territorio. Otra aclaración: los diezmos de toda la diócesis iban a parar a la catedral, de modo que salvo una muy pequeña parte que quedaba en la iglesia cabecera de cada jurisdicción, los párrocos y sus feligreses apenas si tenían tiempo de saludar a esos recursos antes de que tomasen el camino de Buenos Aires, lo que generaba enojosas situaciones. De tal manera, hablar de  propiedades de la Iglesia” instala un problema. Los contemporáneos hablaban de propiedades de tal o cual convento, o de la catedral, o de tal o cual parroquia o cofradía, no de “bienes de la Iglesia”, si se entiende “Iglesia” como una institución. La expresión “bienes de la Iglesia” existía, pero se usaba para designar propiedades “espiritualizadas”, es decir, dedicadas al culto y a la pastoral.

La revolución trastocó las rentas eclesiásticas y la geografía diocesana. La guerra con el artiguismo significó tempranamente la pérdida para Buenos Aires de todas las demás jurisdicciones, que obviamente fueron dejando de pagar los diezmos a su enemigo. La caída del Directorio en 1820 terminó de desestructurar el territorio y cada provincia pasó a gobernarse de manera autónoma. En noviembre de 1820 la Junta Superior de Diezmos señalaba “la rebaja considerable que ha sufrido la gruesa de diezmos después de la separación de los diferentes partidos que antes eran dependientes de la Capital”. Ese año los $ 109.212 recaudados en 1805 –el máximo histórico– se habían reducido a apenas $ 53.608, mientras los miembros del cabildo eclesiástico y del clero catedralicio que los percibían habían crecido en número.1 De tal manera, cuando la reforma abolió los diezmos, los canónigos hacía tiempo que se quejaban de la cortedad de sus rentas, derivadas principalmente de un ingreso incierto –los diezmos dependían de las cosechas, del clima, de las plagas…– y en los últimos años muy venido a menos. Así, no es extraño que hayan descorchado botellas para celebrar el sueldo fijo –y bastante sustancioso– que les asignó el Gobierno. Las rentas de los conventos también se habían venido abajo, desde antes de la revolución. Mientras en 1775 las tres órdenes de franciscanos, dominicos y mercedarios poseían $ 801.741 decapitales de capellanías, en 1822 les quedaban $ 153.882.2 La reforma en este caso fue mucho más drástica: suprimió todos los conventos menos el franciscano y los bienes muebles e inmuebles de los conventos clausurados pasaron a la hacienda pública y en parte a la curia, que como sabemos nunca había tenido la menor participación en las propiedades conventuales. Por último, el clero parroquial siguió viviendo –o sobreviviendo– de las primicias y los derechos de estola, que de acuerdo a la parroquia podían significar ingresos abundantes o misérrimos.

Recapitulando, podemos decir que:

1. La reforma rivadaviana no afectó a “la Iglesia argentina” –que no existía–, sino sólo a la Iglesia de Buenos Aires –para ser precisos, a algunas instituciones eclesiásticas porteñas–, mientras las demás  provincias de la diócesis y las que pertenecían a otros obispados siguieron su propio camino.

2. La reforma no afectó de igual manera al clero catedralicio, al clero parroquial y a las órdenes religiosas. Algunos sectores se beneficiaron, mientras otros se perjudicaron.

3. Las instituciones que sufrieron confiscaciones no eran independientes en términos financieros, como afirma Udaondo. Basta, para comprobarlo, echar una rápida mirada a la multitud de solicitudes de ayuda económica que esas instituciones dirigían al rey primero y a los gobiernos patrios después, así como a los muchos pedidos de autorización para pedir limosna. Lo hacían, justamente, porque nunca se solventaron económicamente con sus propiedades. En este sentido, es imposible justificar buenamente a Udaondo cuando afirma que hasta la reforma lo que él llama “el Estado” no contribuyó “en nada” al sostén del culto (pág. 18). Se le pasaron por alto toneladas de documentos.

De tal manera, la reforma rivadaviana no puede considerarse origen del presupuesto de culto  nacional. No es cierto, como dice Udaondo, que el Gobierno porteño se haya comprometido a financiar a la Iglesia como compensación por los bienes incautados. Afirmar tal cosa es desconocer por completo el pensamiento de Rivadavia, que consideraba esos bienes de la sociedad, no de la Iglesia, como afirmó en multitud de oportunidades. Omito citar documentos, que sobran, por falta de espacio, pero estoy dispuesto a ofrecérselos a quien me lo solicite. ¿Cuáles son, entonces, las raíces históricas del presupuesto? En realidad, su existencia está vinculada indisolublemente a la vigencia del derecho de patronato. El que ejercían los reyes se basaba, en buena medida, en el hecho –en parte cierto y en parte ficticio– de que habían fundado y financiado desde la conquista las Iglesias americanas. En la época de la reforma rivadaviana a casi nadie se le pasaba por la cabeza la idea de poner fin al patronato separando la Iglesia del Estado e interrumpiendo el sostén económico estatal. Es decir, el presupuesto de culto se relaciona con el patronato, no con las confiscaciones ni con la abolición del diezmo. Hasta tal punto es así, que en las provincias de la Confederación Argentina el presupuesto de culto se creó en 1853 sin que hubiese habido reforma ni mediado importantes incautaciones de bienes, a las que nadie hizo referencia en los debates de la Constituyente. También en la  confederación los diezmos y los demás ingresos eclesiásticos estaban lejos de bastar para el sostén del culto.3 Y las autoridades eclesiásticas, como otrora las porteñas frente a la reforma de Rivadavia, lejos de lamentar la supresión del gravamen manifestaron su beneplácito y enseguida elevaron sus pedidos de ayuda. En otras palabras, si en la Confederación –y luego en el país todo– hubo presupuesto de culto, fue porque la Constitución establecía el deber del Estado de sostener al culto católico como contrapartida del ejercicio del derecho de patronato.

Recapitulando, la idea de que el Estado debe –en el sentido de que tiene la obligación de– sostener económicamente a la Iglesia católica porque incautó sus bienes carece de cualquier asidero histórico. Además, de reconocerse ese deber la beneficiaria no debería ser la Iglesia católica argentina, sino las instituciones que se vieron afectadas –las órdenes de franciscanos, dominicos y mercedarios y la catedral porteña–. Por otro lado, con el mismo criterio habría que resarcir a toda otra víctima de pasadas expropiaciones, empezando por las comunidades indígenas, a las que se les incautó nada menos que la totalidad del territorio nacional…

Si el presupuesto de culto no guarda relación con las expropiaciones rivadavianas sino con un derecho de patronato que se declaró extinto hace más de cuarenta años, ¿tiene sentido entonces que exista un presupuesto de culto para el sostén económico de la Iglesia católica? Los obispos argentinos más de una vez han declarado su intención de renunciar a la financiación estatal, lo que sin dudas constituiría un gesto de grandeza valorado unánimemente (sobre todo en un país en el que la grandeza es un bien tan, pero tan escaso…), ¿van a hacerlo? ¿Y el Estado? ¿Debe suprimir el presupuesto? ¿O debe financiar no sólo a la Iglesia católica sino también a otras confesiones cristianas y a otras religiones que contribuyen a la vida nacional? Si a la hora de encarar este debate creemos necesario remitimos a la historia, evitemos incurrir en lugares comunes que mal resisten un riguroso análisis.

 

1. R. Di Stefano, “Dinero, poder y religión: el problema de la distribución de los diezmos en la diócesis de Buenos Aires (1776-1820)”, Quinto Sol, Número 4 (2000), págs. 87-115 

2. R. Di Stefano y J. Peire: “De la sociedad barroca a la ilustrada: aspectos económicos del proceso de secularización en el Río de

la Plata”, Andes. Antropología e Historia Nº 15 (2004), págs. 117-150.

3. Cfr. N. T. Auza, “Los recursos económicos de la Iglesia hasta 1853. Antecedentes del presupuesto de culto”, Revista Histórica, Nº 8 (1981), pág. 5, donde afirma que las diócesis casi no poseían bienes inmuebles propios y pág. 10, en la que consigna que en todas las provincias de la Confederación “la contribución por vía de los diezmos permitía satisfacer en mínima parte al clero y gastos del culto”. Digamos de paso que cuando el Dr. Auza se refiere a un pasado de “esplendor y holganza” no especifica si se refiere a los conventos o a las diócesis, que llevaban contabilidades completamente distintas. Además, los archivos coloniales están abarrotados de pedidos de ayuda económica al rey por parte de órdenes como de obispos y cabildos catedralicios.