Distinciones entre Iglesia y sociedad

Responde Roberto Di Stefano a las cartas de lectores publicadas en la edición de octubre.

Ante todo, me da mucho gusto que mi invitación al debate haya encontrado eco. El señor Jorge Nicolás Laferriere lo entendió y valoró en esos términos. En nuestro país escasean las discusiones francas de ideas y abundan, en cambio, las chicanas y las críticas personales. En el caso de la Iglesia, donde serían más necesarias que nunca, las discusiones causan pavor, como se advierte en las sanciones contra sacerdotes que osan contradecir las posturas de la jerarquía.

Vayamos por partes, desde lo más sencillo. Respecto de mi supuesto silencio frente al “laicismo militante”, muy lejos han estado mis intenciones de omitir algo. Dije explícitamente –pero parece que nunca alcanza– que condeno todas las agresiones y descalificaciones, de cualquier parte que provengan. Debo aclarar que en mi artículo no me refiero, como dice el señor Laferriere, a “todos los que se opusieron a la ley”. Yo me opuse a la ley. Si los legisladores hubiesen hipotéticamente requerido mi humilde opinión, les habría dicho que existen otras maneras de resolver los problemas legales de las uniones entre personas del mismo sexo sin asimilarlas al matrimonio. Con esta aclaración creo que respondo también al señor Tau.

El señor Laferriere no entiende a quiénes me refiero cuando digo que se ha hecho del debate del matrimonio igualitario –o como quieran llamarle– una suerte de guerra civilizatoria. Voy a ofrecerle un ejemplo que tomo –sin mucho hurgar– del número de AICA del lunes 30 de agosto. Allí se dice que la Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica (SAEMB) advierte que un organismo del Estado (INADI) se ha convertido en el instrumento de una “minoría sexual adinerada, combativa y militante” que quiere imponerle a la sociedad no sólo el matrimonio de personas del mismo sexo, sino un paquete completo de “reivindicaciones”. La SAEMB considera que quien defienda al matrimonio para los homosexuales estará necesariamente a favor del aborto, de la eutanasia y de la anticoncepción.

Esos temas, en rigor de verdad, no guardan relación lógica con el del matrimonio. Pero sí para la SAEMB, que cree que los defensores de la ley de marras son personeros de “poderosos intereses” que hasta cometen delitos –corrompen políticos y jueces– para imponernos un “bozal democrático”. O sea: encarnan al mal y por ende no son interlocutores legítimos. Me recuerda ciertas interpretaciones históricas, muy difundidas entre conservadores y nacionalistas, que adjudicaban hechos como la Revolución Francesa a una conspiración dieciochesca de judíos, masones e ilustrados, enriquecida en el siglo XIX con el invalorable aporte de liberales, socialistas, comunistas y anarquistas. Es lo que los historiadores solemos denominar “historia complot”.

Creo que el desafío para nuestra sociedad y para las religiones es encontrar formas de diálogo respetuosas de la pluralidad de opiniones y posiciones que existen en la sociedad. En este sentido, me parece luminoso el pasaje de la Gaudium et spes que trae a colación el señor Laferriere. Allí se nos habla de una Iglesia que tiene el derecho y el deber de decir públicamente su palabra, pero desde la conciencia de que es algo distinto de la sociedad. El problema es que para una buena parte de la jerarquía y el laicado argentinos esa distinción parece ser indigerible, y “decir públicamente” equivale a intervenir políticamente, en este caso –como en otros– tratando de impedir que la comunidad política se dé a sí misma las leyes que sus legisladores creen oportunas.

Contar con una “Comisión de Seguimento Legislativo” –nombre que adoptan ciertas comisiones de legislaturas y parlamentos, significativamente– habla a las claras de por dónde pasan las preocupaciones del episcopado argentino. Esa comisión no se limita a tratar temas vinculados con la cultura y los bienes culturales, como afirma monseñor Rodríguez Melgarejo. El 30 de junio Monseñor Antonio Marino, su presidente, informó que se había ocupado de conversar con varios senadores y celebró que muchos de ellos coincidieran con lo que denominó “nuestra posición”. La expresión “incidencias de la legislación en la cultura” que usa monseñor Rodríguez Melgarejo es equívoca: no se refiere en este caso a los “bienes culturales”, sino a la cultura argentina en sentido

antropológico, como conjunto de valores y modos de ver. Afirmar que la comisión es un instrumento para “prestar atención” a la legislación por su incidencia en la cultura argentina confirma lo que dije en mi artículo sobre las intenciones episcopales y sus estrategias. El hecho mismo de tener una Comisión de Seguimiento Legislativo habla elocuentemente de dónde están puestas las fichas de nuestro episcopado. No todos los episcopados tienen una. La Iglesia no se limita a hacer oír su voz en los debates públicos: busca moldear la sociedad –la “cultura argentina”– influyendo en las decisiones de legisladores que no representan sólo a los católicos, sino a todos los argentinos. Algo más: si para comprender la dinámica de una institución bastase leer sus estatutos y reglamentos, el texto de la Constitución argentina sería suficiente para convencernos de que vivimos en el mejor de los países.

A propósito de la distinción entre Iglesia y sociedad: los obispos están preocupados, han dicho tras la derrota de la posición católica en sede legislativa, por la distancia que las separa, una distancia que perciben cada vez mayor. La Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, que es el conjunto de datos más fidedigno con que contamos y data apenas de dos años atrás, puede proporcionarnos valiosa información. Allí vemos que el 91,1% de los argentinos cree en Dios (y el 4% dice dudar “a veces”) y el 76,5% se declara católico. Pero sólo una minoría dice vincularse con Dios a través de una institución: apenas el 23,1%, del cual el 44,9% son evangélicos. Hay más: a la pregunta de qué esperan de la Iglesia católica, sólo el 2,1% elige “influir en las políticas del  Gobierno” y el 0,2% tilda “dedicarse a temas políticos”. Significativamente, la respuesta que más voluntades recoge es “ayudar a los pobres” (39%). Estos datos nos están diciendo que:

1. los católicos que encuentran en la Iglesia un canal de comunicación con Dios son una minoría;

2. el rol primordial de la Iglesia, que según me enseñaron en el catecismo es acercar a los hombres a Dios, se ha desdibujado, y prima una imagen que la acerca más bien a una ONG de ayuda a los necesitados;

3. si algo la sociedad no quiere, es que la Iglesia se ocupe de política e influya en las políticas de gobierno. Se nos pide a los católicos que cerremos filas en torno a las posturas de la jerarquía. El señor Laferriere lamenta que algunos legisladores se hayan dicho católicos mientras votaban a favor de la ley. En la historia de la Iglesia muchas veces laicos y clérigos se opusieron al magisterio, e hicieron muy bien. La jerarquía sostuvo posiciones que fueron, más tarde, rechazadas por la misma Iglesia con idéntica solemnidad. El Syllabus (1864) condenó la libertad de conciencia, cuyo respeto el Vaticano II (1962-1965) defendió como un valor “eminentemente cristiano”. Quiere decir que quienes en su momento se opusieron al Syllabus –al menos en ese punto– defendieron un valor cristiano contra una jerarquía que lo rechazaba. Y no es un anacronismo: hubo en aquel momento católicos que enfrentaron valientemente el Syllabus en nombre de su fe, que se dijeron católicos mientras votaban contra las posturas de la jerarquía.

Por otra parte, la laicidad no requiere de adjetivos que la califiquen, como hacen el señor Tau y el señor Laferriere al hablar de una “sana”. La laicidad es una cualidad de los Estados modernos, que como dice la Gaudium et spes son otra cosa respecto de la Iglesia. La laicidad es la libertad de la comunidad política para darse leyes con independencia de lo que piensan y creen las religiones.

En sociedades que ya no son unánimemente confesionales –remito nuevamente a los datos de la  encuesta–, la laicidad garantiza a los ciudadanos que sus vidas no van a estar regladas de acuerdo a una determinada idea religiosa. En nuestro caso, además, la de una minoría, como es la de los católicos que quieren que la Iglesia “influya en las políticas de gobierno”. Como dije en mi artículo, las religiones tienen mucho que aportar a la vida de la sociedad y a los debates públicos, y los  Estados harían bien en no prescindir de su contribución. Es la diferencia entre lo que podríamos llamar un Estado laicista –que funciona como si no existieran– y un Estado no confesional –que defiende su propia laicidad, pero las valora y escucha–. De hecho, las religiones cotidianamente

realizan tareas que competen al Estado. Parafraseando lo que decía Raúl Alfonsín de la democracia, dan de comer, curan y educan. Además, los valores religiosos de una sociedad abrumadoramente creyente –aunque escasamente vinculada a las instituciones religiosas– deberían ser tenidos en cuenta en los debates públicos. Pero de allí a que las Iglesias reglen la vida social influyendo en el voto de los legisladores, hay un abismo.

La Iglesia católica debería pensar si quiere seguir la línea de la Gaudium et spes o guiarse por la pretensión de que existe una “verdadera” nación –como dice el señor Tau, un “País real”– que tiene el derecho a ser regida de acuerdo a los valores “naturales” y “eternamente católicos” –o que la Iglesia vaya definiendo de tiempo en tiempo como tales–. Cuando monseñor Rodríguez Melgarejo dice que la Comisión de seguimiento legislativo busca “colaborar con los pastores miembros de la CEA en su tarea propia, que incluye el favorecer la coherencia de vida de los católicos con la fe…”, no se entiende qué tiene que ver el Parlamento con la coherencia de vida de los católicos, salvo que se haga abstracción de la distinción conceptual entre los católicos y los ciudadanos argentinos. Monseñor parece creer que las leyes se hacen para los católicos y que “la coherencia de vida” de éstos depende de ellas. Lejos está esta concepción de la relación entre Iglesia y sociedad que propone el párrafo citado de la Gaudium et spes. Las identidades cambian: la sociedad argentina ha dejado de estar reglada por la normatividad religiosa, y el magisterio también se ha transformado más de lo que suele reconocer. Abundan en el campo católico las afirmaciones de que “la Iglesia siempre” y “la Iglesia nunca” ha hecho o pensado esto o lo otro. El señor Tau dice que la “defensa de la concepción cristiana de la institución matrimonial” es parte de “valores, fundados en el humanismo cristiano, [que] han informado –desde el alumbramiento de América– toda la historia argentina. Han sido nuestra matriz histórica y el alma de la cultura argentina…”. Está equivocado.

Si conozco un tema, es el de la historia de la Iglesia en la era colonial y en el siglo XIX, porque hace veinte años que me dedico a su estudio. Si el señor Tau se asomara a los documentos eclesiásticos que esos siglos nos ha dejado, podría ver que el tema del matrimonio cristiano es raro en las visitas episcopales y cartas pastorales. El catolicismo estaba entonces mucho más preocupado por otros sacramentos que por el matrimonio, por ejemplo el bautismo y la extremaunción. Digo esto no para jugar en un terreno que me resulta cómodo, sino para ilustrar la idea de que los valores católicos no son siempre iguales a sí mismos, ni ocupan en el universo mental de los católicos un idéntico sitio (como aquel Stat crux dum volvitur orbis de los cartujos). Además, si fuera un criterio válido para defender una institución, una idea o una práctica, el hecho de que ha estado vigente durante siglos, no existiría cambio posible. Nunca habría que haber sancionado leyes civiles, nunca habría que haber dejado de impartir las clases en latín, etcétera.

Quiero recordar a los lectores que nos han escrito, por último, que cuando se sancionó la ley de matrimonio civil en 1888 los argumentos de los católicos que se opusieron a ella –porque otros la apoyaron– fueron los mismos que se esgrimieron en los últimos meses en relación al matrimonio de personas del mismo sexo: la sociedad argentina estaba irremediablemente condenada a disolverse en la más atroz anarquía. José Manuel Estrada dijo entonces que “consecuencia necesaria” del matrimonio civil era el divorcio –que no se promulgó en nuestro país sino un siglo después– y que la ley era la expresión de “una tendencia doctrinaria destinada a producir situaciones lamentables y arrojar al país en revoluciones y desórdenes”. Habló de “un programa de demolición social” y de “guerra a las instituciones cristianas”. La Argentina estaba sumida en la “decadencia moral” y se hundiría “más y más, y en mayor abatimiento, por medio de ésta y análogas instituciones”.1 No pasó nada de eso: los católicos empezaron a casarse por civil –cosa que Estrada consideraba una ofensa intolerable a su sensibilidad– y la Iglesia no volvió a reclamar la abolición de la ley –sí en cambio reclamó la derogación de la de educación común 1.420–. En ese sentido, santa pace. No sé qué va a pasar con esta nueva ley, ni es ése el punto de discusión.

Lo único que quise decir con mi controvertido artículo fue que puede ser éste un momento oportuno para repensar la laicidad que queremos y, por ende, las formas de intervención en la vida pública de las religiones, incluida la nuestra.

 

 

1. J. M. Estrada, Discursos, Buenos Aires: Mundo Moderno, 1953, págs. 214 y ss.