La pobreza: un problema de todos. Consenso y propuestas de la sociedad civil para el Bicentenario

El documento completo que consensuaron una veintena de organizaciones

convocadas por la Comisión Justicia y Paz del episcopado.

1. Sentido del documento

La pobreza es un problema de todos y de larga data. Muchos argentinos aún hemos de tomar conciencia y de asumirlo como responsabilidad propia. La conmemoración del Bicentenario del nacimiento de nuestro país parece ser una ocasión propicia para revisar los objetivos conjuntos que, como sociedad, debemos compartir y esforzarnos por lograr. Afrontar la erradicación de la pobreza entendemos que debe ser considerada una emergencia nacional.

Para funcionar bien articulada toda sociedad debe lograr que sus ciudadanos se desarrollen amparados en la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades, valores indudablemente inherentes al bien común y que llevan al “bienestar general”, objetivo ya planteado en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que hoy permanece como asignatura pendiente.

Dichos valores sociales y morales conducen a una sociedad sin excluidos, objetivo central del Foro “De Habitantes a Ciudadanos”. Sin pretensiones de agotar la problemática de la pobreza, queremos presentar a la sociedad y a las autoridades, los consensos que al respecto hemos logrado en nuestro espacio de diálogo social, con el aporte de especialistas. Como Foro, invitamos al resto de la sociedad civil y a quienes ejercen la función pública a nivel nacional, provincial y municipal, a la reflexión y la acción para que juntos transformemos la realidad y que, sin dudas, con vocación de trabajo, diálogo, respeto y honestidad, podremos cambiar. Confiamos en la fuerza de la unidad que potencie la riqueza de las diversidades que nos caracterizan.

 

2. Qué entendemos por “pobreza” y cómo nos involucra

Consideramos a la pobreza como una problemática multidimensional. Es la que sufren las personas por no poder desarrollar sus capacidades de ser y de hacer cosas. El ingreso obtenido con el desempeño en un trabajo digno es un medio para desarrollar el propio ser y la propia familia y avanzar en actividades productivas en beneficio personal, familiar y de la sociedad en la que se vive. Este desarrollo debería estar sólo limitado por las propias capacidades, para lo cual es necesario: 1) asegurar la nutrición y el cuidado de la salud de cada ser humano desde su concepción; 2) proveer educación integral a todos los ciudadanos para igualar las posibilidades y abrir la puerta de la inclusión social; y 3) asegurar el acceso a los servicios sanitarios básicos que acompañen a una vivienda familiar digna.

La exclusión social siempre está asociada a la pobreza económica, pero no exclusivamente; incluye la carencia de un proyecto de vida y de todas sus aspiraciones de desarrollo y realización que, por falta de posibilidades, algunas personas deben abandonar.

Esa falta de posibilidades tiene que ver con lo económico, pero también con los valores sociales y morales que nuestra sociedad comparte. Valores que, basados en un individualismo exacerbado, propician el incumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos y alientan el desmedido ejercicio de nuestros derechos, relegando en el olvido el bien común, relativizando el daño social implícito en la corrupción, la evasión impositiva, la contratación de empleo sin registrarlo y el clientelismo de cualquier índole. Dicha situación lleva a la polarización de posiciones, ya que el enfrentamiento parecería ser el camino más corto para alcanzar los objetivos individuales. La búsqueda de consensos y objetivos comunes se transforma en utopía. Para el Foro “De habitantes a ciudadanos”, en cambio, la confrontación debe suplirse por la concordia y la utopía por un diálogo social creíble y constructivo. Hoy, aquellos componentes –en mayor o menor medida– están presentes en la sociedad toda. Pero es en los sectores más pobres en los que hace más daño y condiciona más absolutamente; por lo tanto, la erradicación de la pobreza nos involucra a todos y se revela como una de las asignaturas pendientes de más urgente resolución.

 

3. Cambios estructurales consensuados y a largo plazo: sus responsables

A lo largo de su historia y, frecuentemente, con no pocos esfuerzos y recursos invertidos, Argentina ha mejorado las condiciones sociales imperantes, pero no ha logrado erradicar la pobreza que se revela como un problema estructural. Aún cuando se han aplicado políticas con enfoques diferentes no se ha eliminado el problema que es de larga data; y hasta en los períodos de crecimiento económico la brecha entre ricos y pobres no ha disminuido significativamente.

No obstante todos los intentos realizados, las situaciones de pobreza e inequidad continúan, no como consecuencia indeseada de la estructura económica, sino como el resultado de un modelo económico que no realiza una distribución equitativa de la riqueza y una síntesis entre crecimiento económico y desarrollo social.

Debido a esto es que consideramos que la erradicación de la pobreza debe ser tomada como un proyecto de largo plazo donde se produzcan cambios estructurales. Las políticas sociales son compensaciones que se otorgan para equilibrar desigualdades generadas por otros factores.

Necesitamos políticas públicas que, implementadas por el Estado a la vez que promovidas y sostenidas por la sociedad civil, logren una realidad más equitativa.

El Estado es quien debe asumir el generar condiciones para el desarrollo de su gente, de sus empresas, de sus instituciones. Y todas las organizaciones de la sociedad civil debemos asumir el comprometernos con las políticas públicas consensuadas, porque por acción u omisión estamos siendo parte. Sin agotar los requisitos para erradicar la pobreza queremos subrayar la necesidad de:

-Fomentar un Plan de Desarrollo Integral Nacional, que tenga en cuenta el crecimiento económico, social, y cultural de los argentinos (con crecimiento, productividad e inversión en forma conjunta con la generación de empleo, etc.).

-Controlar la inflación, que tanto daño hace en particular a los sectores más pobres, sin caer en las políticas de ajustes que han demostrado un gran fracaso y la fractura social.

-Garantizar un marco legal y jurídico estable, que permita proyectar a futuro.

-Promover y asegurar una educación integral y moderna para todos los niños y jóvenes.

-Velar por la salud y la seguridad de la población, en particular combatiendo el flagelo de la droga, sabiendo que en el largo plazo la mejor política de seguridad es lograr una sociedad más justa e integrada.

-Garantizar la independencia de las provincias y municipios, delegando responsabilidades y asignando los recursos necesarios.

-Generar la infraestructura necesaria para el crecimiento de todos, especialmente para las zonas más postergadas del interior del país: escuelas rurales, hospitales, caminos, trenes, etc.

-Respetar y hacer respetar las leyes.

-Fomentar un cambio cultural dando un ejemplo ético y moral, promoviendo la honestidad, la cultura del trabajo, la cooperación, la transparencia y credibilidad, evitando el clientelismo y asistencialismo.

Los puntos mencionados no son todos y seguramente ninguno de ellos por sí solo logrará el efecto deseado. Es la conjunción de todos estos factores lo que generará las condiciones que permitan una justa distribución de la riqueza para el desarrollo de una vida digna. Son proyectos de largo plazo que exceden los periodos de un gobierno y es por eso que requieren de un amplio consenso nacional que avale que, más allá de quien esté administrando, siempre sigamos el camino trazado.

 

4. La coyuntura

Mientras se transita el camino hacia el país deseado, no podemos dejar de atender la coyuntura actual y hay ciertas acciones que deben realizarse con premura. En la Argentina de fines de la primera década del siglo XXI, los grupos sociales más excluidos y de mayor riesgo, podrían definirse a través de la siguiente clasificación general:

I.                    Un núcleo de pobreza estructural constituido por la población que no cubre las mínimas necesidades nutricionales, sanitarias, educativas, de servicios básicos y de vivienda.

II.                 Los trabajadores del sector informal de la economía cuya precarización laboral los mantiene sumidos en una situación vulnerable y de desventaja.

III.               El crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres. IV. El número creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan. Siendo el hambre la cara más atroz de la pobreza, creemos que su erradicación en Argentina es posible, y en el corto plazo. Es inconsistente la coexistencia de sectores de la población que padecen un déficit de  alimentación, cuando el país goza de una producción de alimentos superavitaria.

 

5. Principales políticas públicas a implementar (2010-2016)

Sobre este diagnóstico parece necesario encarar un conjunto de políticas públicas en los próximos años que, al menos, contengan los siguientes aspectos:

a) Una reforma del sistema educativo y su financiamiento –con una profunda revisión de los contenidos de cada ciclo de enseñanza para lograr una educación en valores–, tal que permita la atención de las zonas más necesitadas, con la capacitación adecuada de los docentes, el cumplimiento de las metas propuestas en las leyes básicas en cuanto a calidad y extensión de la propuesta educativa, con vinculación entre educación y trabajo, en línea con los sectores productivos estratégicos, y monitoreo periódico y sistemático de la calidad educativa.

b) Un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares (que ya ha comenzado a ponerse en marcha en diciembre del año 2009) que extienda el salario familiar a los niños y jóvenes que hoy no acceden al mismo porque sus padres no están en el trabajo formal.

c) Una política social integral de desarrollo de infraestructura urbana y rural. Enfrentando las causas del desarraigo rural y favoreciendo a las familias que deseen permanecer en su lugar de origen,  además de atender a la urbanización de villas y asentamientos irregulares, instalación de redes sanitarias y eléctricas, provisión de atención primaria de la salud y de nuevos establecimientos educativos, ampliación y mejoramiento de la red vial, reactivación de las redes ferroviarias, etétera.

d) La masificación de los sistemas de microcréditos existentes que logren llegar a los cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Asimismo, el fomento del crecimiento productivo y la agregación de valor, a partir de las pequeñas y medianas empresas, que juegan un rol clave en la generación de trabajo y en el fortalecimiento del tejido social del interior (ciudades y pueblos).

e) Un “Plan de recuperación y reinserción integral” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento y, a la vez, para fortalecer a las familias en riesgo. La clave aquí es generar una red de tutores creíble para los jóvenes.

f) Una paulatina reforma de las áreas sociales estatales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones.

g) Una reforma impositiva que establezca una coparticipación federal que tenga en cuenta el principio de subsidiariedad y, por ende, sea acorde a las acciones a cargo de las provincias y municipios (educación, seguridad, salud, etc.) y que permita el desarrollo nacional y local,  revirtiendo la migración a los cordones de las grandes urbes.

h) Mayor involucramiento de la sociedad civil en acciones que complementen y potencien las que realicen los gobiernos tanto nacional como provincial y municipal. Coherentes con nuestros objetivos, firmes en su consecución y convencidos de comprometer nuestro esfuerzo, concluimos este documento con las mismas palabras con las que comenzamos nuestra participación en el Foro “De Habitantes a Ciudadanos” hace tres años atrás.

 

A partir de esta propuesta

La invitación es a profundizar las iniciativas que aquí se proponen como puntos de partida. Pueden ser consideradas válidas; pueden ser modificadas o desechadas. Nuevas propuestas pueden surgir del trabajo que a partir de ahora generemos dialogando. No es necesario abarcar todos los temas. Sí sería bueno abarcar la mayor cantidad posible de participantes. Imaginamos un trabajo en etapas de profundidad y compromiso creciente. El resultado final no lo conocemos. Pero estamos convencidos de que la participación honesta y orientada al bien común, junto al camino del diálogo, seguramente nos llevará a concretar cambios positivos para nuestro país, con foco en los excluidos.

Los Bicentenarios de nuestra Nación se presentan como un tiempo oportuno para recorrer este camino desafiante de dialogar, consensuar y luego actuar concretando políticas de Estado.

Tendremos la oportunidad de celebrar la vida de nuestra Argentina si realmente estamos comprometidos con la construcción de un país para todos, convirtiéndonos “de habitantes a ciudadanos”; de “usuarios” del país reclamadores de derechos, a protagonistas de un proyecto común, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, y mutuamente responsables de la vida de todos los miembros de la sociedad.