Editorial: Energía, petróleo y algo más

Además de la urgente y necesaria búsqueda de fuentes energéticas alternativas, la producción de petróleo y gas seguirá siendo imprescindible. 

Pasaron dos años desde la crisis de los precios del crudo que provocó serios problemas económicos y estratégicos. Ya no existe aquella alarma, o al menos no se la percibe como tal, desde el punto de  vista energético. Por lo tanto, este podría ser un buen momento para replantear la cuestión, tomando como base a los hidrocarburos, sin la influencia de los problemas de entonces.

El precio del crudo fluctúa en una franja de entre 65 y 80 dólares el barril. La especulación financiera en el precio de la energía, que en 2008 tenía un peso desproporcionado, hoy es muy inferior. Sin haber desaparecido, es menos relevante. La relativa estabilidad en la economía mundial –a pesar de la persistencia de ciertos temores–, con signos de crecimiento en algunos países importantes (China, India, Brasil… y los Estados Unidos también), hace pensar que puede resurgir la avidez del crudo, con aumento de la demanda y una posible estrechez de la oferta. Todo esto, si no cobran realidad las hipótesis de un conflicto bélico con Irán y la caída en deflación global, ninguna de imposible cumplimiento en el actual contexto de inestabilidad. Ambas provocarían fuertes alteraciones en el cuadro de precios vigente de los hidrocarburos, si bien de sentido inverso, y afectarían la premisa central que funda las siguientes consideraciones.

Es un buen momento para no repetir algunos deslices. El precio del crudo, considerado “alto” hace dos años, ahora es aceptado. No parece haber quejas ni la pretensión de disminuirlo a niveles tales que puedan poner en peligro la oferta (por debajo de los 40 dólares, por ejemplo).

La economía de los hidrocarburos debe aceptarse tal cual es y durará varias generaciones. La inminencia de su ocaso es improbable, incluso en el mediano plazo; continuará siendo vital para el desarrollo durante todo este siglo, al menos.

Para comprenderlo, imaginemos un escenario. ¿Cómo pretender que aquellos que recién están ingresando en los beneficios básicos de la modernidad, para quienes es imprescindible una energía accesible y relativamente abundante, renuncien a ellos, si quienes ya están en la modernidad desde hace varias generaciones no piensan abandonarlos ni reducirlos? En otras palabras, ¿por qué los chinos, indios, brasileños y todos los demás pueblos emergentes, incluyendo los más pobres, cuyas economías están en movimiento, deberían dejar de crecer, de producir, de extender los beneficios del desarrollo a sus poblaciones, limitando el disfrute de los bienes materiales que otros tienen en abundancia?

Estas preguntas, simples y crudas,  no tienen respuesta si no se admite que el petróleo, el gas y el carbón continuarán siendo los motores de la producción y del crecimiento. Podrá y deberá instarse al progreso en la búsqueda y puesta en función de energías alternativas –si son renovables, mejor. Podrá modificarse en algo la matriz o el balance de la importancia relativa de cada una en el total. Pero no habrá una reducción dramática que modifique esencialmente la actual distribución de las principales fuentes. ¿Es una fatalidad seguir dependiendo de los hidrocarburos y continuar el proceso de perjuicio de la naturaleza y la vida en la tierra? Ciertamente no. Nada indica que exista una condena a padecer e incrementar los daños ambientales que han provocado ya tanta justificada alarma. La reducción de las emisiones es una obligación, si bien aún no asumida plenamente por los mayores responsables, que deberá ser cumplida en términos perentorios.

Debemos aceptar que no es incompatible la reducción de emisiones con la continuidad del consumo de hidrocarburos. El precio de la energía es esencial para cualquier operación a futuro, es decir, para las inversiones, el desarrollo tecnológico, la puesta en función y operación de actividades económicamente viables. El precio del crudo, del gas y del carbón, comparado con el de las energías alternativas disponibles, siempre que se considere a gran escala, sigue siendo conveniente. El único precio que podría competir –aunque sería imprescindible una decisión política mayúscula– es el de la energía nuclear. Pero en una escala tal que se asemeje a la que Francia dispone para la generación de energía eléctrica hoy: casi el 80 por ciento de su producción. ¿Existen otros países dispuestos a llevar la cota hasta semejante nivel? El día que aparezcan –y tienen que contarse entre las mayores economías del mundo– podrá realmente cambiar la cuestión. ¿En veinte años? Tal vez, pero hoy no luce así. Mientras tanto, la expansión de la producción de carbón, por ejemplo, abundante en muchos lugares del mundo (a la inversa del crudo y del gas) es una de las bases de energía con mayor proyección a futuro. Además, si en la producción a gran escala de carbón se lograran avances tecnológicos decisivos en cuanto a la reducción de emisiones nocivas para el ambiente, su competitividad puede llegar a ser muy alta. China, que apostó al carbón, hoy su principal fuente primaria de energía, ya está cercana a una producción anual de más de 2.800 millones de toneladas (diez veces más de lo que producían el Reino Unido o Alemania en el mejor período de su historia, hace un siglo). Los Estados Unidos se acercan a la mitad de esa producción, triplicando casi su propia producción de hace dos generaciones. Otras economías dependen también hoy del carbón, que representa casi la cuarta parte de la energía primaria consumida.

Con el crudo y el gas puede suceder algo similar, y aún mejor, en el sentido de reducir los efectos nocivos que provocan. Si la investigación y el desarrollo logran eliminar al menos parte de las emisiones –en las grandes centrales de electricidad ya es posible– quedará por solucionar cómo se encara la cuestión del transporte y el uso doméstico de la energía (hogares, calefacción, refrigeración, etc.), todavía uno de los mayores perjuicios ambientales.

Es posible que existan en el futuro vehículos que gasten y emitan mucho menos, aunque como contrapartida pueda ocurrir lo que ya sucedió hace dos generaciones: luego de la primera crisis del petróleo, con la reducción del consumo por vehículo y de su consecuente costo, se alcanzó una proliferación de automóviles que empardó la ecuación del consumo final. Es decir, autos que gastan menos, que cuestan menos, pero que son muchos y se usan más.

El transporte es el sector donde pueden y deben ocurrir sustanciales innovaciones. El reemplazo del transporte privado por el público necesitaría de inversiones ciclópeas, como la extensión de líneas ferroviarias para disminuir las emisiones en manera dramática. Existen grandes proyectos en países europeos que van en esa dirección. Pero comparado con lo que se necesita, es apenas el inicio.

Aunque ocurrieran todos estos avances, incluso en forma simultánea, la producción de petróleo y gas seguirá siendo imprescindible, debido a la extraordinaria diversidad de las aplicaciones no sólo en la conversión a energía sino en la petroquímica en general y en muchas otras materias industriales.

En el caso de la Argentina, entre los expertos de diferentes escuelas y tendencias hay coincidencia en que su matriz energética es muy desequilibrada por el peso preponderante del gas (más de la mitad del total). La consecuencia son las dificultades en el corto plazo (los plazos en la economía de la energía se miden en años, no en semanas) si no se encuentran nuevas fuentes de producción.

Plantear un período menor a nueve años, que es la duración estimada de las reservas comprobadas actuales, es temerario. Preocupa sólo imaginar qué sucedería si algún día carecemos de gas propio. Algo similar aunque menos acuciante es lo que sucede con el crudo. El margen de tiempo disponible para el consumo de los recursos propios es inferior a ocho años. Las inversiones necesarias para relanzar la búsqueda de nuevas fuentes y su puesta en producción (vale también para el gas) son no menos ingentes que urgentes. En los últimos años no se han visto acciones en ese sentido, no obstante que muchos expertos en energía lo han reiterado varias veces en los últimos años.

El escenario sudamericano, con dos mayúsculos integrantes de la liga mundial de los hidrocarburos –Venezuela y Brasil– influye sobre el futuro. El caso venezolano es de cuidado; su actual situación político- institucional le impide aprovechar plenamente los beneficios de la economía de los hidrocarburos. Brasil ofrece una perspectiva mejor, aunque en el mediano plazo; las inversiones deberán ser faraónicas y, a pesar de que lleva la ventaja del desarrollo tecnológico, los precios finales para equilibrar la economía de la operación deberán ser mayores que los actuales. La Argentina necesita una solución que no esté basada en la provisión de los vecinos; debería poder hallar gas y crudo en su propio territorio e incluso su sector oceánico.

En cuanto a la energía nuclear, que hoy representa un mero seis por ciento de nuestra provisión de energía, debe ser relanzada con muy grandes inversiones, y con el valor agregado de avances tecnológicos propios. Los anuncios recientes en este sentido son muy positivos, pero siguen considerándose insuficientes. La Argentina debería proponerse un plan nuclear varias veces mayor del conocido, hasta alcanzar una proporción que duplique y hasta triplique el porcentaje actual de provisión energética total. No es una meta simple ni barata. Pero es posible y necesaria.

En cualquier campo de la energía, tanto de hidrocarburos como de energía nuclear y otras alternativas –la hidroeléctrica o la eólica, con gran potencial– son necesarias premisas indispensables sin las cuales no se puede comenzar ni avanzar. Suponiendo un debate amplio, y no menos urgente y preciso, que despeje incógnitas de tipo político, e incluso institucionales y jurídicas, la consecuencia deseable es un escenario de estabilidad y previsibilidad lógico y firme. Sin él, todo avance mayor como el que aquí se describe sería imposible.

El planeamiento estratégico que supondrían semejantes metas, las megainversiones que involucrarían (varias decenas de miles de millones de dólares), por la continuidad en el tiempo que exigirían cuyo período de madurez supera los lapsos de los ciclos político-institucionales y, por último, el real beneficio que reportarían merecen consideración y debate en todo el espectro político. Otras naciones ya lo han hecho, o lo están haciendo. Algunas en grandes dimensiones, otras en el mismo nivel que en nuestro país. Si en la Argentina no logramos iniciar el diálogo deberemos asumir la culpa en el futuro.