Editorial: Conurbano, un complejo problema estructural

La mala política suele considerar al conurbano como un botín electoral para consolidar poderes hegemónicos y olvidarlo al momento de planificar las políticas de desarrollo que necesita. 

La Argentina del Bicentenario presenta desafíos gigantescos que necesita comenzar a resolver para ingresar en la senda del crecimiento equitativo. Su importancia es directamente proporcional al tiempo que tomará la implementación y gestión de cualquier eventual solución.

Quizás el reto más grande, teniendo en cuenta la complejidad de una realidad lacerante, es el conurbano bonaerense. El antes llamado Gran Buenos Aires representa un problema estructural que desde hace décadas acumula complicaciones a la manera de capas geológicas que se consolidan unas sobre otras, dificultando cualquier intento de mejora.

Se trata de una importante extensión de la provincia de Buenos Aires que se funde con la Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo único límite está dado por la vieja avenida General Paz, devenida autopista, y el inefable Riachuelo, que arrastra en su cauce lo que río arriba deposita el conurbano. Su añosa pestilencia es una muestra cabal del desarrollo urbanístico y poblacional desordenado, fragmentado y sin un criterio coherente y sano, y que sigue creciendo, agravando las cuestiones irresueltas con maligna circularidad.

Veinticuatro partidos de la provincia de Buenos Aires integran este universo. Veinticuatro organizaciones municipales atravesadas por multitud de problemas de la más variada índole. Según el último censo (2001), más de ocho millones y medio de personas habitan este entramado que, sumadas a los habitantes de la Ciudad, conforman un universo de más de doce millones. Se trata de un conjunto diverso –135 partidos, algunos exclusivamente rurales y otros urbanos–, con modos de trabajo y producción muy diferentes y, en consecuencia, con diversas culturas, pero bajo una misma conducción.

Varios de los partidos tienen, de manera nominal, mayor cantidad de habitantes que muchas  provincias que envían al Congreso Nacional tres senadores y cinco diputados. El ejemplo más elocuente es La Matanza: con un millón doscientos mil habitantes compite de igual a igual en representación con la casi totalidad de las provincias, con excepción de Buenos Aires.

También a partir del censo de 2001, el conurbano representa el 62,8% del total de la población de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra subrepresentada en la Cámara de Diputados, la cual además padece severos problemas vinculados a la distribución de la coparticipación federal  secundaria.

Esta inequidad en el reparto de los recursos intentó suplirse con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano (actualmente 650 millones de pesos anuales) deducido del total de lo recaudado en materia de Impuesto a las Ganancias y que estaría destinado exclusivamente a los veinticuatro partidos.

En lo que hace a la representación provincial, el conurbano también resulta perdidoso frente al resto de los partidos bonaerenses, cuyo territorio está dividido en ocho secciones electorales. De acuerdo con las leyes vigentes, la Legislatura provincial está compuesta de 46 senadores y 92 diputados. Los partidos del conurbano integran las secciones primera y tercera, que en total aportan 17 senadores y 27 diputados. Es decir que, con aproximadamente 71,2% de la población de la provincia, estas secciones contribuyen con representantes que equivalen a 35,5% de ambas cámaras. Téngase presente que estas representaciones son calculadas en base a datos censales. Si como se ha estimado, el crecimiento poblacional en la última década ha sido superior en estas áreas a otras del país, la situación es más grave aún.

Los porcentajes evidencian la enorme cantidad de personas subrepresentadas, tanto en el nivel federal como provincial, pero que terminan definiendo las elecciones presidenciales, es decir, cuando el país se transforma en distrito único para elegir al primer mandatario. Este esquema convierte al conurbano en un codiciado botín y, en consecuencia, verdadero rehén de la mala política, que lo requiere e instrumentaliza para consolidar proyectos hegemónicos, y lo soslaya a la hora de legislar las políticas de desarrollo que tanto necesita.

Por otra parte, esta realidad pone a la vista descarnadamente la coexistencia de dos Argentinas; un territorio atravesado por enormes desigualdades, que no hace otra cosa que desnudar dos modos antagónicos de vivir. En un extremo, desarrollos urbanos opulentos, con vocación –y casi siempre con los recursos para lograrlo– de construir soluciones o defensas particulares (muros) a los problemas colectivos que atraviesa el conurbano. En el otro, habitantes que intentan vivir sin contar con las condiciones mínimas necesarias para un desarrollo humano digno y sin muchas o ninguna perspectiva. Entre ambos polos, el clásico suburbio de la clase media argentina, con aire de barrio y vida tranquila. El conurbano fue también cuna de la aventura de muchos migrantes internos e inmigrantes del siglo veinte que llegaban con la esperanza de progresar. Con trabajo y esfuerzo pudieron comprar terrenos en cuotas y edificar sus casas con denuedo y paciencia.

Estas urbanizaciones fueron luego, ante la falta de desarrollo por parte del Estado, atravesadas por los problemas que las conurbanizaron (si se nos permite el neologismo), y que detuvieron los embrionarios ejercicios de ascenso social. No obstante, aún germinan dentro de las extensas villas algunos enclaves de progreso de miembros de colectividades que han puesto el ardor y el empuje del inmigrante.

Intentar una solución exige un paciente trabajo de muchos años y con el mismo rumbo, sin marchas y contramarchas. Tampoco hesitaciones ni demoras. Debido a su carácter potencialmente antagónico, se trata de una cuestión de muy alta prioridad que se enlaza con tres ejes o temas que la “cortan”, que día a día abren profundas heridas en su tejido social: seguridad, inequidad y, finalmente, degradación ambiental.

Un plan estratégico para la región debería tener en cuenta prioritariamente el desarrollo local y productivo de la mayor parte de los partidos del Gran Buenos Aires ya que sin ello no se encontrarán soluciones.

¿A quién hay que proteger y de qué? ¿Se trata de una respuesta para algunos o para todos? La seguridad es una cuestión multidimensional y, en consecuencia, sumamente compleja. Demanda que crece desde hace dos décadas, escasa o nulamente resuelta. Cada vez que algún hecho criminal está en la tapa de los diarios, la reacción suele ser más recursos y propuestas de cambios en la legislación (que en eso quedan). Los recursos que se destinan ya son cuantiosos pero parecen insuficientes o, en todo caso, mal asignados, sin criterios rectores y de largo plazo que los inserten en un plan razonable, perdurable y respetuoso de los derechos de todos, de los que tienen y de los que no. Las leyes están, pero no se cumplen ni se hacen cumplir. Es más: entre quienes deben primariamente y desde el espacio público iniciar la cadena de punición (o prevención, según se trate) en el mejor de los casos cunde el desánimo; ni siquiera tienen deseos o motivación en ese sentido, no hay convicción de que “más arriba” cumplirán con sus deberes. Y, en el peor de los escenarios, los lazos de connivencia mafiosos que infiltran todos los estamentos permiten niveles de impunidad asombrosamente elevados, y hacen su agosto.

En realidad, si objetivamente miráramos la ostentación de lujos que se da en el conurbano sorprende que no haya más hechos de violencia. Aquí caben dos explicaciones: el carácter paciente de la gente y los corredores de circulación que funcionan como segregadores o separadores entre grupos con disponibilidades polarmente distantes. Algunas teorías sobre la seguridad ponen el énfasis en la participación de los vecinos; se han hecho esfuerzos en esa dirección en territorio porteño, con resultados auspiciosos (en el barrio de Saavedra, por ejemplo).

¿Es posible su aplicación tal como está organizada la seguridad hoy en la provincia? Seguramente no. Pero si se atiende a reflexiones que aquí se hacen acerca de la representación política se podrá avanzar mucho mejor, buscando los arreglos institucionales-administrativos que puedan desconcentrar (descentralizar) los problemas y ponerlos en su justo valor vecinal, estableciendo cercanía e involucramiento con los afectados.

Cualquier análisis previo acerca de cambios en los modos de gestionar o en los formatos jurisdiccionales debe pasar por duros filtros de intereses políticos electoralistas cocidos en salsas clientelares. Cada gobierno y cada candidato no deja de contar o calcular, distrito por distrito, lo que le reporta en las urnas antes de las elecciones. Durante la gestión, también las decisiones, hasta las más pequeñas, como la asignación de una ambulancia o un patrullero, se toman en formato clientelar.

Inseguridad e inequidad van de la mano en el conurbano. Es allí donde se entrelazan ambas cuestiones para mostrarse con toda su crudeza. Como se ha dicho, la inequidad está a la vista y bajo formas a veces ostentosas. No es sólo una desigual distribución de dinero o de bienes de consumo. También de bienes durables y servicios y de educación y salud, éstos últimos de muy difícil obtención sin una política de largo plazo y, como los de infraestructura, sin un sostenido apoyo del Estado. Una desigualdad que, medida en términos de ingreso, aumentó significativamente en las últimas décadas y que se refleja en las condiciones que se están describiendo. Aunque hay estudios que señalan que los indicadores de pobreza y desigualdad cayeron entre 2003 y 2007, actualmente

han vuelto a crecer, lo cual es propio de una situación muy consolidada y con un efecto inercial que requiere años de crecimiento sostenido y, sobre todo, equitativo.

El conurbano es receptor de los desechos de la Ciudad de Buenos Aires y, además, ante la falta de avances mínimos en materia de cloacas, agua corriente y urbanización, genera degradación medioambiental sumamente perjudicial para los habitantes más indefensos, con las consecuencias que conlleva. A ello se agregan barreras físicas (verticales u horizontales) que han afectado la circulación y drenajes naturales del agua, produciendo daños ambientales de consideración que afectan sobremanera a quienes ocupan las zonas bajas o deterioradas. Mucha responsabilidad hay en haber permitido durante tanto tiempo el crecimiento sin regulación, o peor aún, a pesar de ella.

La interjurisdiccionalidad del conurbano requiere coordinación institucional multigubernamental: nación, ciudad de Buenos Aires, provincia en la búsqueda de soluciones, de modo especial las de infraestructura, en el marco de acuerdos duraderos y estables y, sobre todo, prescindentes en materia partidaria de quienes sean las autoridades políticas en ejercicio; es decir, verdaderas políticas de Estado.

¿Hay caminos de solución? La situación del conurbano a veces parece de remediación imposible, con una inercia tal que derrota las mejores intenciones. No obstante, si la política es el arte de lo posible, nuestros líderes deberán poner el desafío al tope de sus prioridades. ¿Es la descentralización electoral y administrativa mediante la división de la provincia un camino posible, como plantea Natalio R. Botana en su libro Argentina 2010 – Entre la Frustración y la Esperanza? Se trata quizá de una idea utópica, como también lo fue la de Sarmiento de educar, educar y educar.

Lo que sí resulta claro es que las actuales estructuras organizativas del Estado Federal, y en especial de la provincia de Buenos Aires, conspiran desde todo punto de vista para trabajar en una solución. Intendentes que reciben beneficios federales y provinciales, contra entrega de masas electorales. Una pobre representación en las cámaras legislativas nacionales y provinciales, que impiden cualquier atisbo de reforma de aquello que limita su participación. Fondos federales retaceados y aumento del reparto discrecional.

Mientras tanto, las dos Argentinas pugnan por sobrevivir. Una, rica y con calidad de vida, circulando en este entramado social a través de corredores que segregan y dividen, con miedo a ser atacada. La otra, intentando procurarse, como puede, los más elementales medios para una vida digna. La política no puede estar ausente de este desafío estructural.