La trágica situación provocada por los sismos en la hermana república de Chile pone de manifiesto la seriedad del país y de sus instituciones y la solidaridad de sus habitantes, pero también revela falencias y conductas negativas. De todas maneras, la capacidad de verlo y analizarlo es ejemplar.Pocos días antes del cambio de Gobierno, un sismo devastador seguido de maremotos remeció el área más poblada de Chile y causó centenares de víctimas, miles de damnificados y enormes pérdidas materiales. Ha sido el quinto más violento desde que hay registros en la historia de la humanidad.
Todavía es difícil ponderar si la infraestructura y los servicios públicos respondieron de acuerdo a lo que sería razonable esperar ante una manifestación natural de tanta violencia como la sufrida en la madrugada del 27 de febrero. Es probable que un terremoto equivalente hubiera tenido consecuencias aún más cruentas en muchos otros países. Sin embargo, lo ocurrido desde ese día nos cuestiona profundamente y en diversos sentidos, poniendo a prueba premisas que algunos creían suficientemente consolidadas.
Desde el exterior, Chile es visto como un país de instituciones sólidas y eficientes. La reciente elección presidencial fue considerada ejemplar en muchos sentidos: hubo paz social, se verificó gran rapidez en la difusión de los resultados y existió un temprano reconocimiento de la derrota por parte del perdedor. Desde el punto de vista económico, nos suelen evaluar positivamente por nuestra seguridad jurídica, baja corrupción, seriedad en la administración del Estado y sostenidas cifras de crecimiento. Habitualmente, se destaca además el comportamiento cívico e incluso la solidaridad entre los chilenos.
Sin embargo, lo ocurrido en los días posteriores al sismo nos hace dudar de algunas importantes dimensiones de nuestra institucionalidad, así como de la preparación para afrontar catástrofes, relativamente frecuentes en nuestro territorio. También nos alerta respecto de cuántas debilidades hay todavía en el tejido social, socavando nuestras perspectivas de una sociedad más inclusiva y justa.
De pronto hemos comprobado que somos bastante más frágiles de lo que acostumbrábamos a pensar en los últimos años. Y Chile afrontará ahora la conmemoración de su Bicentenario en un escenario de gran vulnerabilidad, como ha quedado crudamente demostrado en distintos ámbitos.
Puntos críticos
Las estrictas normas de construcción vigentes permitieron que gran parte de las edificaciones resistieran bien el movimiento telúrico. Por eso, es difícil justificar que casas o edificios nuevos quedaran grave o totalmente destruidos. Esperamos una investigación exhaustiva que termine compensando a las víctimas y, si corresponde, sancionando a quienes por acción u omisión avalaron obras con bajos estándares o una aplicación laxa de la normativa vigente. Hubo quienes pretendieron lucrar aún a costa de la integridad de las personas. De ese modo, la implementación de nuevas regulaciones para otorgar mejores rangos de seguridad, contrarrestando los peligrosos
incentivos que en este campo genera el libre juego del mercado, es una obligación que la ciudadanía deberá exigir a las autoridades.
El desarrollo de las obras públicas en las dos últimas décadas, vía concesiones, ha permitido que el país alcance un mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, la falta de mecanismos que sostengan el servicio de los sistemas de comunicación tras el sismo, la ruptura de la conectividad nacional por vía terrestre e incluso la inutilización por varios días de nuestro principal aeropuerto, impiden cualquier autocomplacencia. Como mínimo ha puesto en cuestión la capacidad previsora y los rangos de exigencia que debieran asumir las empresas de servicios básicos y las autoridades. Asimismo, la falla en los procedimientos para alertar sobre maremotos reveló dramáticamente la falta de protocolos de contingencia, indiscutiblemente necesarios para un país tan sísmico como el nuestro. Si los expertos han alertado acerca de la ocurrencia en los próximos años de un sismo importante en la zona norte, esta materia debe afrontarse desde ahora. Por otra parte, la lentitud en garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas más afectadas por el terremoto permitió el vandalismo, los saqueos, el pillaje y los incendios intencionales. Es lamentable que sólo la presencia de las fuerzas de seguridad y el toque de queda hayan logrado un paulatino retorno de la calma; episodios muy dolorosos que dieron cuenta de una paz social precaria, potenciada por el individualismo y la falta de compromiso cívico.
Equidad y formación cívica
Tras el sismo hubo incontables gestos de valor, generosidad y entrega hacia los necesitados. Han proliferado las campañas de ayuda en distintas organizaciones, pequeñas y grandes, formales e informales. El número de voluntarios sobrepasó con creces la capacidad de las instituciones para organizarlos. Miles de chilenos realizaron importantes donaciones. También los medios de comunicación han acompañado a los necesitados, detectando problemas y ayudando a buscar desaparecidos y movilizar voluntades. Y muchos funcionarios públicos han trabajado ininterrumpidamente. Por todo ello no cabe una visión catastrofista. Los chilenos, como otras veces, lucharemos por recuperarnos. Sin embargo, los signos de alerta son innegables y deben ser estudiados cuidadosamente.
Los últimos veinte años de gobiernos democráticos permitieron aumentar de un modo significativo las oportunidades y el bienestar material de los chilenos. También, la conciencia de sus derechos. No así la ética de los deberes, sin la cual toda sociedad se erosiona y termina dañando a quienes la integran. Podemos concluir que el movimiento telúrico ha puesto de manifiesto la fragilidad de la sociedad civil y la desconfianza entre los ciudadanos.
Más allá de la explicable desesperación que causa la carencia de productos básicos, los saqueos mostraron que un sector minoritario –no por eso menos dañino– cree tener “derecho” a resarcirse de aquello a lo cual no tiene acceso o, simplemente, aprovecha la debilidad de los controles públicos para robar y destruir.
Será necesario hacer un análisis muy a fondo de las innumerables fragilidades que dejó al descubierto esta emergencia y reflexionar acerca del estado de nuestra ética colectiva. Pero es tarea ineludible del nuevo gobierno reforzar la confianza en nuestras instituciones, tan necesaria para hacer frente a las posibles coyunturas que afrontará el país. Si en meses recientes todos los candidatos presidenciales proclamaron tan vivamente la necesidad de fortalecer los derechos sociales y la participación, el de hoy es un escenario que obliga a demostrar que esas banderas de campaña fueron asumidas genuinamente.
En ese sentido, la agenda pública no puede desequilibrarse hacia la reconstrucción material; debe priorizar también los esfuerzos dirigidos a reconstruir y consolidar una sociedad sana. La disminución de las brechas socio-económicas, la formación cívica y ética a todo nivel, la descentralización, la organización efectiva de los ciudadanos y un sistema político-electoral que incluya a todos siguen siendo tareas centrales y absolutamente vigentes ad portas del Bicentenario de nuestra Independencia.
Un Gobierno democrático de distinto signo político al de las últimas dos décadas tiene ahora la responsabilidad central en la reconstrucción nacional. Creemos que su tarea no deberá perder de vista estas orientaciones por el bien de Chile y de sus habitantes.
El autor, sacerdote jesuita, es director de la revista Mensaje.
