Editorial: Otras batallas perdidas

La ley de medios no es en realidad la “madre de todas las batallas”, pero lo cierto es que con el frustrado debate se perdió otra oportunidad para fortalecer las instituciones y buscar consensos sociales que nos permitan crecer. El penoso caso del fútbol, un ingrediente más. Si el Gobierno no se presta al diálogo, difícilmente pueda entender la importancia de una comunicación libre y plural.

Cuando escribimos estas líneas, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la ley de medios en una controvertida y más que apresurada sesión. Las modificaciones que a último momento incluyó el Ejecutivo impiden el ingreso de las telefónicas en el negocio de la televisión por cable, pero mantienen serias restricciones a la propiedad, un desmedido crecimiento del Estado en este campo y una cuestionada autoridad de aplicación.

No pretendemos que el Congreso no legisle, todo lo contrario: es su tarea y su responsabilidad. Una nueva ley de medios de comunicación audiovisual es indispensable, aunque más no sea por el avance tecnológico que reclama nuevos marcos legales. Pero exigimos que se lo haga con competencia, en un clima sereno, con fundamentos y recurriendo a expertos en la materia. Cabe recordar que el Código Civil fue sancionado por el Congreso sin discusión, pero no por irresponsabilidad u oportunismo, sino porque con sabia decisión se le había encomendando el trabajo nada menos que a Dalmacio Vélez Sarsfield. Al momento de presentar este proyecto, Cristina Fernández de Kirchner dijo que “constituye, después del Código de Vélez Sarsfield, la primera ley anotada, que significa que establece el origen y las razones por las cuales se dicta la norma”. La comparación luce temeraria.

 

Las razones de cada uno

Hay razones para justificar que parte de la oposición creyera oportuno apoyar esta iniciativa, después del gesto del Ejecutivo nacional de retroceder en algunas de sus pretensiones. Hay razones también para creer en la buena voluntad y en la legítima indignación de otros legisladores opositores, que se retiraron del recinto después de denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum. Menos aún puede cuestionarse el apoyo de personas y organizaciones que durante años bregaron por una nueva legislación. Habrá también algunos diputados oficialistas convencidos de la bondad de esta norma, pero acaso no quepan dudas sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo: una estrategia de acumulación de poder e intereses económicos, que responde más a apetencias autoritarias y de riquezas que a virtudes democráticas y de austeridad republicana.

Por otra parte, algunos legisladores de izquierda impusieron una reforma al proyecto fundada en cierto atraso ideológico y desconocimiento tecnológico. Queriendo ser progresistas, paradójicamente, pensaron con mentalidad del pasado, analógica, y por lo tanto conservadora. La prohibición a las empresas telefónicas de dar TV por cable desconoce las posibilidades que brinda la tecnología digital y la función multipropósito que actualmente tienen las redes de fibra óptica. El sesgo ideológico quiso castigar a las telefónicas por ser empresas poderosas, sin advertir que de todos modos Telefónica estaba restringida para dar ese servicio por la composición de su capital. Finalmente fueron afectadas todas las empresas telefónicas pequeñas que han aparecido desde hace años en el mercado; y el precio de venta que tendrá Telecom favorece las apetencias de los operadores cercanos al kirchnerismo.

El trámite del proyecto de ley en Diputados fue sin duda irregular e indigno de una norma de esta trascendencia. El texto sufrió decenas de modificaciones que no eran conocidas cuando llegó al recinto. Los diputados no contaron siquiera con la letra impresa de lo que se estaba votando (ni tuvieron tampoco el tiempo mínimo indispensable que requiere un análisis), por lo que una mayoría disciplinada votó algo que no conocía, mientras una amplia minoría directamente se retiró para no convalidar este modo atropellado de legislar. El mismo apuro se pretende ahora en el Senado. Y el relato de los hechos lo tendrá el lector en el correr de estos días, posiblemente antes de que lea este comentario.

 

Una historia con contradicciones

Es verdad que tanto la democracia recuperada hace un cuarto de siglo como la dirigencia política y el Congreso en particular estaban en grave deuda en materia de medios y de comunicación. Tarde y mal se aproximan ahora a la tan repudiada ley 22.285, estigmatizada como “ley de la dictadura”, como si eso mismo fuera argumento suficiente. Las modificaciones que se le fueron introduciendo pretendían adecuarla a la evolución tecnológica y a convalidar situaciones de hecho creadas por circunstancias políticas o de mercado ya consumadas.

El proyecto de ley largamente elaborado por el Consejo de Consolidación de la Democracia fue enviado al Congreso pero nunca se discutió; al igual que otros posteriores. En cambio, una gran modificación, la del artículo 45, que favoreció la privatización de la radiodifusión y la concentración empresarial con la autorización que se concedió a empresas gráficas para operar frecuencias radioeléctricas, fue aprobada por el Congreso también a las apuradas, como parte de la ley de reforma del Estado al compás de la ola privatizadora de Carlos Menem, Roberto Dromi y amigos. Ese mismo artículo fue luego modificado para permitir que entidades sin fines de lucro accedieran a las licencias de radio y TV, por lo que no hay ahora gran novedad en esa materia, salvo la reserva a su favor de una porción del espectro.

Conviene no perder de vista que la acumulación de poder actual de algunos multimedios, no se debió a la ley vigente, sino que se hizo incluso a pesar o en contra de ella, obteniendo toda clase de favores de los gobernantes de turno, incluso los actuales. Al mismo tiempo, algunas de las decisiones recientes más relevantes en la materia se tomaron al margen de cualquier ley, como la opción por la norma brasileña en materia de TV digital.

Nuestra morosa dirigencia política, de todo color, hubiera debido asumir esta situación como una oportunidad para demostrar capacidad de consenso amplio y plural. Hubiera debido bregar para que las condiciones que rodean este debate ampararan una búsqueda honesta, sin aprietes, amenazas y campañas velada o abiertamente financiadas con fondos públicos.

Los representantes del pueblo de las provincias, en el caso de los diputados, poco hicieron por intentar articular una ley más federal. La maniquea fórmula propalada por el oficialismo, de que quien se oponía a la ley estaba a favor de los monopolios mediáticos, olvidó y descartó los medios regionales y provinciales –en algunos casos preexistentes a los nacionales– que poco pudieron argumentar y decir. Un penoso ejemplo: la convocatoria a audiencia pública por parte de la Cámara de Diputados otorgó un exiguo plazo de tres días para inscribirse y poder opinar. Los patagónicos, norteños y misioneros, por poner algún ejemplo, difícilmente pudieron acceder de manera ordenada a participar del debate.

Esperemos que los senadores, como representantes de las Provincias en el Congreso, asuman el rol que los diputados soslayaron.

Expuesto y presentado como “la madre de todas las batallas”, concebido en contra del grupo Clarín y otros conjuntos relevantes de medios, impulsado con un discurso democratizante por un gobierno que ha desconocido las más elementales reglas de respeto por la tarea de informar, que ha cancelado los mecanismos de acceso a la información y que ha concentrado como nunca las fuentes informativas, el proyecto despierta sospechas, recelos y temores. Además, otra vez se pone en juego la seguridad jurídica en nuestro país, afectando gravemente derechos adquiridos. Y sus consecuencias económicas agravan las perspectivas de futuro. Gobernar supone ejercer un difícil arte de negociaciones y acuerdos: nunca deberían admitirse estrategias de prepotencia y patoterismo.

El texto llegó de la mano del Gobierno (o de un ex presidente, hoy diputado electo en espera de asumir, que pareciera ejercer la conducción del Ejecutivo) que ha eludido el papel mediador de la prensa y menoscabado y agraviado a los periodistas profesionales, al considerarlos a todos meros amanuenses o mercenarios que escriben lo que les dicta quien les paga. Aunque de esta grave acusación estén a salvo los periodistas e “intelectuales” orgánicos.

 

Más circo, menos pan

La decisión de la Asociación de Fútbol Argentino de dar por terminada la ejecución del contrato que otorgaba exclusividad a una empresa privada para televisar los partidos de fútbol, y acordar al mismo tiempo con el Gobierno un nuevo contrato por un monto de 600 millones de pesos –más del doble del vigente– sólo puede entenderse en el contexto más amplio del proyecto oficial de ley de medios y, más específicamente, de su empeño en quitar mercado y poder al grupo Clarín, uno de los titulares del convenio suspendido. Fue, en verdad, una decisión acordada. El gobierno se beneficia al aumentar su presencia mediática, no sólo porque el fútbol tiene buen rating sino también porque los 600 millones se “financiarán” con publicidad oficial. No habrá, pues, sólo más circo, sino que el gran hermano orwelliano propalará ahora su voz más frecuentemente y con mayor alcance.

Estos ingredientes bastarían para cuestionar el acuerdo, pero lamentablemente hay mucho más, y peor. Por decisión de este Gobierno, el Estado –que es de todos– subsidiará ahora con generosidad a una organización de la sociedad civil que es paradigma de lo indeseable. En efecto, su presidente se ha perpetuado indecorosamente treinta años en el cargo; la gran mayoría de clubes que la integran han sido económicamente vaciados por dirigentes que, en muchos casos, fueron los principales beneficiarios de ese vaciamiento; los clubes también se han caracterizado por una evasión impositiva y previsional sistemática y contumaz, ante la pasividad de la AFIP, y se han beneficiado de jubileos periódicos de sus delitos. En fin, también son muchos los clubes que metódicamente han transformado a las apasionadas hinchadas de otrora en “barras bravas”, asociaciones para delinquir y, eso sí, servir de modo solícito los designios de los dirigentes de turno y también de políticos necesitados de sus servicios. Todo esto es coronado ahora con un contrato inéditamente generoso, que premia a quienes deberían ser castigados. La existencia de algunos clubes de fútbol de distintas divisiones que han hecho todo lo contrario, gobernando honestamente, administrando bien sus finanzas, no promoviendo patotas violentas y, al mismo tiempo, obteniendo logros deportivos, muestra con claridad que otros caminos, civilizados, son posibles.

El hecho es penoso y su gravedad se acentúa porque no estamos en un contexto de abundancia para todos; revela además los extremos de cinismo e hipocresía que ahora se alcanzan. La realidad nos muestra que los recursos fiscales escasean por doquier, y que la indigencia alcanza al 10 por ciento de la población argentina. La suma dilapidada podría haberse utilizado, por ejemplo, para otorgar la asignación familiar por hijo a 370 mil chicos por año o para financiar la contratación de maestros que permitieran a 230 mil chicos de 1200 escuelas acceder al conocimiento y la práctica de las tecnologías, los deportes, el arte y una segunda lengua. En fin, otra dolorosa batalla perdida.

 

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En un país como el nuestro, con una aguda crisis de representación, necesitado de reconstruir su desprestigiado sistema político, luego de una elección legislativa de medio término que claramente urgió a su dirigencia a cambiar y a emprender un camino más honesto y de acuerdos patrióticos, el debate por una nueva ley de medios de comunicación ofrecía una gran oportunidad que hemos desaprovechado.

La cuestión sobre democracia y comunicación en tiempos de revolución tecnológica, de nuevos medios, de cambios de paradigmas, es central. Pero debía ser rescatada del ring coyuntural y de la mera disputa de poder.

De todas maneras, conviene no engañarse: mucho de lo que sucede es, lamentablemente, producto de una cultura política que excede al Gobierno y nos abarca a todos como sociedad. Todo cambio sustancial debería ser un cambio cultural y ético que parte de la conducta y la decisión de todos los ciudadanos.