Si hay algo que hemos aprendido en este mundo contemporáneo es que el progreso integral de una sociedad depende de la educación. La educación, lejos de ser una cuestión superada y de la cual pudiéramos esperar alguna vez desentendernos, vuelve a surgir en el seno de la sociedad postindustrial como un lugar clave desde donde se debe responder a nuevas exigencias. De ella dependen, en gran medida, la posibilidad y la equidad de un mundo en progreso, ya que debe proporcionarnos la llave que nos permita ir abriendo las puertas cada vez más exigentes de una sociedad en permanente modernización.
En la Argentina, en estos últimos meses, la educación ha subido nuevamente al escenario de los temas cruciales. Hoy, a más de un año de instalación de la carpa blanca frente al Congreso de la Nación, el problema se encuentra en un callejón sin salida. El diálogo entre la CTERA y los diferentes ministros de Educación de las provincias y de la nación, no sólo ha resultado infructuoso, sino que además ha ido progresivamente enturbiando cada vez más la cuestión. Y lo que resulta más grave aún es que, después de la promulgación de la Ley Federal de Educación, paulatinamente las cuestiones atinentes a nuestra educación se han ido convirtiendo en patrimonio exclusivo de unos pocos, dejándonos al resto de la sociedad como meros espectadores.
Mientras los gremios insisten en continuar con sus medidas de resistencia, la ministra Decibe se escuda detrás de los ministerios provinciales, y los ministros de algunas provincias aprovechan el desconcierto para llevar a cabo, mediante medidas dictatoriales, su propia reforma; mientras ocurre todo esto, decíamos, padres y alumnos, adultos y jóvenes vemos cómo el sistema educativo se vuelve cada día más fragmentario y excluyente.
Si a la sensación de no tener un sistema educativo, sino veinticuatro, carentes de medios que articulen realidades sociales, tiempos, presupuestos y estatutos disímiles, le sumamos el alto índice de deserción que afecta principalmente a los años que antes denominábamos secundaria, podemos ver que la situación es alarmante.
Ante este panorama nos preguntamos: ¿no es necesario revisar y redefinir el rumbo de la reforma educativa? Nuestra respuesta es afirmativa, pero pensamos que esta tarea no le compete sólo a los ministros, especialistas y docentes, sino principalmente a la sociedad en su conjunto. Si queremos una educación para todos, la educación debe ser tratada como una cuestión social que nos compete a todos.
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Como si los problemas que no somos capaces de resolver estuviesen destinados a repetirse, hoy al igual que en 1988 la educación se ha instalado como una de las principales cuestiones que debemos atender. Hace diez años el tema se presentó ante la sociedad a través del no inicio del ciclo lectivo provocado por el paro por tiempo indeterminado realizado entonces por la CTERA. Ahora, mediante la carpa blanca. A un año y días de su instalación, podemos preguntarnos: ¿Qué significa la carpa blanca? ¿Qué podemos pensar de ella?
En principio creemos que estos fenómenos no pueden ser abarcados desde una sola perspectiva, sea ésta social, sindical, económica o política. No obstante queremos intentar algunas respuestas. Si a la carpa blanca la comparamos con el paro y la pérdida casi total del año de clases del ’88, ella resulta una acertada forma de protesta. Acertada porque no sólo ha logrado instalar el tema de la educación como una preocupación que nos atañe a todos, sino también porque lo ha hecho sin afectar, por lo menos directamente, el curso normal del dictado de clases. De este modo se logró que un conflicto que parecía fragmentarse y remitirse solamente a la responsabilidad de cada una de las provincias, se convirtiera en un problema de todos. Y anotamos este último dato como un acierto porque, si bien es verdad que en un sistema educativo federal cabe otorgarle mayor protagonismo a los gobiernos provinciales, también es cierto que el sistema debe seguir siendo uno y no veinticuatro. Esto último depende en gran parte de cómo se defina el rol y el compromiso de un Ministerio Nacional de Educación, que por el momento suele esconderse detrás de los respectivos ministerios de cada provincia.
Pero nos engañaríamos si sólo viéramos en la carpa blanca este aspecto de mística resistencia. Hay que ver también cómo ella se fue convirtiendo en un poderoso símbolo de la oposición política. Si bien es difícil poder determinar a ciencia cierta hasta qué punto ha influido en las elecciones de octubre del ’97, y lo que podrá influir en las presidenciales del ’99, seguramente podemos decir que no es poca. Es entre estos dos aspectos, el de una acertada medida de protesta y el de un símbolo de oposición, que comienzan a convertirse en confusos y altamente ambiguos los fines de la carpa. Lo que en principio resultó ser un medio eficaz para instalar socialmente el tema, se volvió luego un obstáculo para su resolución. Al respecto se nos ocurren algunas preguntas: en lo que se refiere específicamente a educación, ¿queda clara la posición de la carpa ante la Ley Federal de Educación? ¿Se opone a ella o a las dificultades que se siguen de las diversas modalidades de aplicación? ¿Su oposición se centra en las dificultades que trae aparejada la falta de financiamiento del sistema educativo, o se erige como un símbolo en contra del llamado «modelo económico»?
Estas preguntas apuntan a definir el alcance que se pretende dar a la carpa y al debate que se abre en torno de la educación. Cuando las respuestas exceden la mera problemática educativa, se instala la cuestión sobre ejes que no pueden ni deben resolverse en dicho contexto. Lo mismo, o peor aún, ocurre si se trata de una medida de resistencia al plan económico ya que introduciría una seria dificultad en los partidos de oposición, o por lo menos en la Alianza, ya que uno de sus votos de confianza radica en el reconocimiento de los beneficios de este plan.
De este modo, nos parece que la carpa blanca ha entrado en un camino de indefiniciones, que la han convertido en un obstáculo insalvable cuando se trata de plantear con claridad y de resolver los problemas educativos.
Entretanto el sistema educativo viaja a la deriva como una flota de veinticuatro naves inconexas, las cuales se debaten, unas entre si seguir o no adelante con la transformación educativa, otras en determinar cómo reajustar su presupuesto, y otras en acelerar el paso de la reforma, como si se tratara de llegar mejor posicionadas al 2000 o tal vez sólo al ’99. Esta última actitud es la que ha adoptado Graciela Giannettasio, ministra de la provincia de Buenos Aires, quien, a fuerza de resoluciones y con un autoritarismo digno de los regímenes de facto, está llevando a cabo la transformación o la destrucción del sistema educativo de su provincia.
El eje del debate
Con todo esto nos parece necesario redefinir cuál es el eje del debate: ¿el financiamiento? ¿los salarios? ¿la calidad de la educación? ¿la profesionalización y la capacitación de los docentes? ¿todos estos problemas de manera indiscriminada?
El tema está instalado, pero su planteo es harto confuso. Confuso porque la transformación del sistema educativo no es sencilla, pero además porque volvemos a hacer de los temas cruciales para nuestra sociedad un instrumento de enfrentamiento político. Y esto lo decimos tanto por la presencia desproporcionada que ha alcanzado la protesta de la CTERA, como por la respuesta, entre demagógica y distraída, de la ministra Decibe.
Es preciso destrabar el debate en torno de la educación y colocarlo en otro contexto. Pensemos que todos los temas antes mencionados hilan una trama en donde cada uno de ellos se ata con el otro, pero que resuelto uno no se resuelven necesariamente los demás. Supongamos que se acertara en solucionar el problema de las fuentes de financiamiento, no por eso tendríamos mejor calidad en la enseñanza y un sistema educativo más incluyente. Todas las medidas parciales resultan paliativos pasajeros.
El mismo error se repite -recordemos el 88- cuando se cree solucionar, o empezar a solucionar, el problema de la educación centrándose en el aumento de salarios. No es que pensemos que los docentes ganan lo suficiente, sino que el aumento que se les puede otorgar sólo resultaría un analgésico que echaría a dormir el tema sin resolverlo.
El problema de la educación no se centra en los docentes, ni siquiera en primer término en el sistema educativo, sino en aquellos que deben ser los principales actores: la sociedad en su conjunto. El sistema educativo debe centrarse en el derecho que la sociedad tiene a educarse permanentemente.
La educación se ha vuelto últimamente una cuestión atinente sólo a ministros, docentes, especialistas, ante los cuales la sociedad y especialmente los padres, que tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos, son meros convidados de piedra.
Convidados que, por otro lado, asistimos diariamente al triste espectáculo de ver, cómo a través del deterioro del sistema educativo se va privando a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad de la única posibilidad de ingreso al mundo del trabajo. Un sistema educativo que excluye a los hijos de desocupados, porque no logra siquiera retenerlos en la escuela, los destina a una doble marginación. Un verdadero pecado social ante el cual resulta imperativo postergar todo tipo de interés sectorial.
Una alianza para la educación
Esta convocatoria a todos los sectores que conforman la sociedad civil podemos entenderla como una alianza por la educación. ¿Un nuevo Congreso Pedagógico? La idea no es tan disparatada. En realidad, la dinámica social contemporánea nos exige la creación de foros de debates permanentes donde participen los distintos actores sociales. No se trata de volver atrás, sino de poder reformular en el contexto jurídico trazado por la Ley Federal de Educación, los problemas alarmantes que van apareciendo y otros acrecentándose con la reforma. Abrir un ámbito de discusión en el que, al mismo tiempo que se discuten los problemas mencionados, se implementen líneas de acción específicamente dirigidas a resolver, mediante campañas educativas, males sociales como lo son el analfabetismo, la desocupación y la deserción escolar.
Una alianza por la educación es un llamado a comprometerse con el debate por la educación, a trabajar en propuestas que superen viejas antinomias, a fomentar las participación de los padres y de las organizaciones sociales en la comunidades locales, a procurar mayor transparencia en el control democrático de las gestiones educativas.
La democracia nos exige cada vez mayor libertad, y la libertad cada vez mayor responsabilidad en nuestras acciones. La educación es un tema que siempre merece ser considerado y puede brindarnos la posibilidad de demostrar la calidad democrática de nuestra cultura, y saber si en este fin de siglo somos capaces de tratar una cuestión tan crucial y candente.
¿Podremos dar cuenta de la madurez necesaria para deponer nuestros intereses particulares y afrontar como sociedad este enigma que la educación nos plantea?
