En el marco del complejo contexto mundial, la educación es estrategia prioritaria para cualquier nación. Más aún en el caso de la Argentina que procura emerger de una profunda crisis sosteniendo criterios de equidad, calidad y continuidad educativa a lo largo de la vida. Ello requiere políticas de largo plazo y un fuerte compromiso de los diversos sectores de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos.
El sistema educativo argentino presenta un escenario heterogéneo y fragmentado tras una irregular aplicación de la ley federal de educación (abril de 1993), cuya política de descentralización se apoyó en veinticuatro jurisdicciones con profundas inequidades las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que la crisis socioeconómica en los últimos años agravó.
Las experiencias escolares de muchos niños y jóvenes de nuestro país reflejan un panorama de preocupante desigualdad educativa que, de no corregirse, acentuará la exclusión social. Por su parte, docentes y directivos suman a su crisis de legitimidad y de falta de reconocimiento social y económico, la escasez de recursos y conocimientos para reconducir en sus niveles de acción las nuevas realidades.
En este marco, la ley de educación técnica que rehabilita el sistema educativo técnico-profesional con sus titulaciones, y el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado al Congreso constituyen reacciones positivas.
El proyecto, de aprobarse, compromete a los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires en el sostenimiento de la educación como objetivo prioritario. Podría convertirse en la política socioeconómica a mediano y largo plazo más importante de los últimos tiempos, si en el parlamento se corrigen algunas debilidades significativas y se apuesta decididamente a revertir el deterioro del sector más vulnerable del sistema: las escuelas de menores recursos, a las que asiste la población más pobre.
El proyecto
Según la propuesta, la inversión se incrementará progresivamente hasta alcanzar, entre los años 2006 y 2010, una participación del 6% en el producto interno bruto, que actualmente es del 4,4 %. Se modifica la proporción de contribución que hará la Nación (40 %) y las provincias y la Ciudad (60%); actualmente la relación es del 24% para la Nación y del 76% para las jurisdicciones. Cabe celebrar que para garantizar el esfuerzo provincial y de la Ciudad el proyecto contemple hacer uso por primera vez de la afectación de los recursos coparticipables prevista en la Constitución (artículo 75º, inciso 3), pero sería conveniente que ello también fuera explícito en el caso de los aportes de la Nación, teniendo en cuenta los normales recambios gubernamentales.
Propone la inclusión del 100% de la población de 5 años de edad en el nivel inicial y la incorporación creciente de niños y niñas de 3 y 4 años, garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria, asegurar la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, y procurar la jornada extendida o completa para el 30% de los alumnos de educación básica, como mínimo, priorizando a los sectores sociales más desfavorecidos. Con relación al nivel medio/polimodal, propone su universalización tratando que los jóvenes que abandonaron completen sus estudios.
Prevé erradicar el analfabetismo, asegurar la apropiación de los núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP), expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, extender la enseñanza de una segunda lengua, y fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Para ello estima incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de escuelas y centros de formación profesional. El proyecto plantea mejorar la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica.
Es esperanzador que a través de estos objetivos se apunte a solucionar algunos problemas graves de la actual situación, aunque sería deseable mayor audacia en las metas para aspirar a que la mejora sea gradual, sostenida y comprobable en el mediano horizonte del 2010, bicentenario de la nación.
Para ello, sería imprescindible prever mecanismos de priorización de recursos para las escuelas más pobres. Para lograr equidad en el sistema es preciso volcar más y mejores recursos en las instituciones donde las necesidades básicas están insatisfechas. En el proyecto presentado esta opción no surge con claridad.
En este sentido, el ingreso de los niños al sistema escolar a partir de los tres años, mediante las políticas compensatorias necesarias, estimularía un posterior desarrollo psicosocial e intelectual adecuado. Asimismo, brindar a estos sectores jornadas extendidas o completas, les daría oportunidad de expresarse en artes, deportes, idiomas y tecnologías, competencias propias de la cultura actual. Sería deseable que la instancia legislativa asegurara la concreción y continuidad de las medidas con independencia del signo político de quien en el futuro gobierne la Nación, las provincias o la Ciudad.
El proyecto no se refiere a cómo se logrará y evaluará la calidad con sentido pedagógico y no competitivo. Un mecanismo posible sería la aplicación de evaluaciones censales periódicas, comparables internacionalmente, cuyos resultados permitirían a las escuelas desarrollar sus propias estrategias de mejora. En el marco de metas comunes y con procedimientos de seguimiento y evaluación, las instituciones deben recuperar su protagonismo tanto en la administración de los recursos en función de sus necesidades reales como en el desarrollo de los proyectos curriculares más adecuados para su población.
El sistema contaría gradualmente con casi diez mil millones de pesos adicionales que, según expresa el proyecto, se destinarían prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes, lo cual es auspicioso. Sin embargo, sería oportuno también optimizar las condiciones de la carrera y el desempeño docente, entre otros aspectos, valorar el presentismo, la capacitación revalidada y programada desde las escuelas; en suma: profesionalizar y reconocer a los docentes que trabajen con dedicación.
Por otra parte, sólo una buena planificación económica y posterior administración con criterios de transparencia y control social, permitirán que los recursos cubran las necesidades de materiales didácticos, tecnológicos, gastos operativos y condiciones edilicias dignas.
Se advierte que el proyecto procura enmendar alguno de los errores de la reforma educativa. Es imprescindible que los legisladores prevean procedimientos para garantizar el destino de los recursos, los procesos de calidad de todo el sistema con información válida y comparable, y sanciones por incumplimiento de alguna de las partes. Un camino sería la creación de comisiones o consejos de gestión de la ley con participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y representantes de sectores de las comunidades educativas.
Respecto del sistema universitario y la investigación científico-tecnológica, la futura ley es vaga; sólo reconoce la necesidad de fortalecerlos, para lo cual habría que alentar la inversión privada en I+D (investigación y desarrollo), una de las más bajas del mundo. Estima mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles, jerarquizar la carrera docente y mejorar la calidad de la formación inicial y continua.
Estamos, pues, ante una gran oportunidad. La sociedad en su conjunto, las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación debieran informarse sobre el proyecto, actuar en las audiencias públicas, acercarse a las comisiones legislativas, para exigir que la ley incluya instrumentos que garanticen que los recursos que se agreguen al sistema educativo se utilicen bien y con una estrategia clara de mejora de la educación en procura efectiva de equidad y calidad.
Cambios bonaerenses
El anuncio de una nueva modificación en el sistema escolar de la provincia de Buenos Aires, llamativamente vinculado con la campaña electoral, provocó desconcierto en sus residentes. En el número de febrero de Criterio habíamos analizado el proyecto, cuya implementación dejar ver ineficiencias, falta de previsión y de información.
La provincia más poblada del país, y que había hecho alarde de su rápida adopción de la reforma educativa, admite en parte su fracaso, consciente de que los objetivos propuestos no se lograron y de la acentuada complejidad del contexto tanto local como mundial.
El cambio supone la desaparición de la actual educación general básica de nueve años. La reemplazan seis años de educación primaria básica, y otros tres de educación secundaria básica, articulada con el nivel medio/polimodal o técnico-profesional. De este modo, se crea un nuevo nivel educativo educación secundaria básica (ESB) con autoridades propias y proyecto curricular específico basado en disciplinas, abandonando los procesos de enseñanza y aprendizaje organizados en áreas de conocimiento. Esta tarea forma parte de un proceso más amplio de revisión curricular, en el que también se analizarán los diseños vigentes de todos los niveles.
Las enmiendas son bienvenidas dado los escasos logros de la educación general básica. Pero realizar un anuncio de esta naturaleza al comienzo del último trimestre escolar sin prever su impacto en alumnos, docentes y familias es una negativa señal de improvisación que frustra toda expectativa de mejora. No es normal comenzar el ciclo escolar en un sistema que se deroga y concluirlo en otro. No está claro siquiera qué titulación recibirán, y cuándo, los alumnos del último año de los niveles que se modifican.
Quizá los circuitos escolares cuenten con mayor información técnica; sin embargo, la política de comunicación de las autoridades provinciales no ha acertado en provocar adhesión y confianza en el conjunto de la sociedad, sino todo lo contrario. El desconcierto y cierta anomia indican la ausencia de un plan estratégico, del necesario liderazgo y de la capacidad de coordinación de todos los esfuerzos, habilidades y capacidades, condiciones éstas que el Estado debe promover subsidiariamente.
Pesa sobre la mayoría de los jóvenes que terminan la escuela la sensación de haber recorrido una etapa errática e inútil. Los discursos sociales y los resultados adversos contribuyen a la percepción. Los docentes siguen siendo actores pasivos en el escenario que más los necesita; la mayoría repliega su potencial vocacional ante la falta de convocatoria. Las familias no siempre asumen su papel de responsables últimos de la educación de sus hijos y viven con incertidumbre el condicionamiento de futuro.
Cabe esperar que las familias y los docentes de la provincia exijan a sus autoridades mayor respeto y respuestas eficaces en su política educativa. Tal vez, la participación ciudadana genere en políticos y técnicos la inquietud necesaria para acertar. Ello contribuirá a que las instituciones y comunidades adquieran mayor autonomía y compromiso en la consecución de las mejoras educativas.
El lugar de la sociedad
Hacia principios del siglo XX, la Argentina que había completado su población con una cantidad considerable de inmigrantes alentaba la consolidación de la ciudadanía y cierto progreso social a partir de la obligatoriedad de la escuela primaria. Meta que se cumplió incluso con el desafío de integrar a la heterogénea población del territorio nacional.
Un siglo después, la sociedad y la clase política saben que esos logros no bastan y que la complejidad de los procesos sociales, económicos, laborales y educativos suponen la universalización del sistema educativo al menos hasta la escuela media, con la consecuente actualización de los aprendizajes básicos en el logro de competencias y la alfabetización en los lenguajes tecnológicos.
En el conjunto de la sociedad se advierte una actitud de descreimiento ante uno de los factores centrales de desarrollo de una nación. Signo negativo para un país que se propone un crecimiento económico con mayor capacidad distributiva y de desarrollo.
Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de la Argentina; muchos países desarrollados tampoco han hallado aún la solución. Ocurre que en el último siglo los sistemas educativos debieron absorber la casi totalidad de la población infantil y juvenil de sus territorios, los paradigmas y conocimientos científicos y tecnológicos se han ampliado y modificado aceleradamente. Las condiciones de acceso y permanencia laborales han sufrido transformaciones inéditas, las organizaciones se han modernizado, los desplazamientos de personas y los intercambios interculturales han aumentado. Los contextos de exclusión, violencia, analfabetismos tecnológicos y migración presentan nuevos desafíos, así como las conformaciones familiares con sus marcos sociales y culturales.
Esta realidad requiere docentes y directivos con capacidad para ejercer liderazgos participativos, democráticos y cooperativos que les permitan conseguir procesos de calidad y resultados evaluables a lo largo del tiempo; pero la cultura escolar se caracteriza por la exaltación del individualismo, la reproducción del conocimiento y el escaso ejercicio de trabajo colaborativo.
La sociedad en su conjunto debe velar por la educación de sus ciudadanos y reconocer los signos que la favorecen o la limitan. Se requieren buenas políticas a mediano y largo plazo, pero eso solo no alcanzará si no se cultivan actitudes individuales y colectivas que den cuenta del interés por crecer, mejorar, superarse y buscar el bien común. Los propósitos pueden ser concretos: incentivar un mejor uso del lenguaje, desterrar los dobles mensajes, modificar las conductas soeces, agresivas o indiferentes. Utilizar el diálogo y las argumentaciones como medios para solucionar problemas. Valorar el esfuerzo, el cumplimiento de normas y reglas, y el tiempo para el estudio y la reflexión. Un conjunto de acciones que dispongan un clima cultural favorable permitirá que los nuevos marcos legislativos encuentren una sociedad civil capaz de cumplirlos y dispuesta a hacerlos cumplir.
