En las elecciones primarias de agosto hubo un inesperado resultado. El candidato más votado para Presidente fue un outsider, Javier Gerardo Milei, cuyo mensaje electoral es criticar a la “casta”, es decir, a la clase política que nos gobierna desde el siglo pasado, monopolizada por los partidos peronistas y radicales, pero que después de la crisis del 2001/2002 comenzó a ser reemplazada o, al menos absorbida, por dos nuevas corrientes políticas: el kirchnerismo, que se apoderó del peronismo, y el partido Propuesta Republicana (PRO), que hizo lo propio con el radicalismo. El primero, liderado por Néstor Kirchner y luego por su esposa, Cristina Fernández; y, el segundo, por Mauricio Macri.
En las PASO, además del récord en la categoría de quienes no votaron o lo hicieron en blanco, cinco fórmulas superaron el mínimo para participar de las generales de octubre. De éstas, sólo tres, por la cantidad de votos, pueden llegar al ballotage; con lo cual se rompió el tradicional bipartidismo.
Con escaso margen, La Libertad Avanza, el partido de Milei –que no tiene base territorial ni un núcleo de dirigentes suficiente para enfrentar el desafío–superó a Juntos por el Cambio (JxC), que postulaba a Patricia Bullrich, y al “kirchnerismo”, encabezado por el ministro Sergio Massa. Fue una conmoción política que bien puede interpretarse como un grito de protesta. Milei no sólo cuestionó a la “casta” sino que agravió al papa Francisco, repudió la “justicia social” (art. 75 inc. 19 de la Constitución). Sus muy simples propuestas, como la dolarización, la supresión de ministerios y del CONICET o la legalización de la portación de armas, obligaron a los otros presidenciables a tener que explicar, luego de las PASO, sus desconocidos planes. También tuvieron que refutar las medidas postuladas por Milei, para responder tardíamente al voto protesta que reclamaba terminar con la inflación, la inseguridad, los privilegios, la corrupción y la incertidumbre.
Qué pasará en las elecciones generales es difícil de predecir. Los pros y las contras de los tres candidatos obligarán a muchos a votar por el mal menor. Y más difícil es pronosticar si en la segunda vuelta, en noviembre, elegiremos entre los dos candidatos que hayamos votado en las PASO, o si lo haremos por el mejor, o en contra de alguno de ellos.
La devaluación reciente, junto el aumento de la inflación, de la pobreza y de la inseguridad hacen aún más difícil predecir por quién votar.
El futuro gobierno
En la política, como “ciencia, arte y virtud del bien común”, no sólo se disputa el poder –como ocurre ahora– sino también se lo debe ejercer luego con soluciones políticas, administrativas y legislativas. Son las tareas del próximo gobierno, sin omitir también las de largo plazo, que miran al futuro.
Por lo que se advierte en los días previos, ninguna de las tres fórmulas que aspiran a ganar los comicios podrá, por carecer de mayorías en el Congreso, aprobar medidas que resuelvan los graves problemas que nos apremian sin sellar acuerdos con otros sectores políticos; será imprescindible dialogar, negociar y acordar políticas públicas que se aprueben como indica la Constitución.
Así se sancionaron las leyes más importantes que nos sacaron de la crisis de 1989, durante la transición entre la renuncia de Raúl Alfonsín y el comienzo del gobierno de Carlos Menem. En la Cámaras, con mayoría de la UCR, ante cada ley importante que había que votar, se retiraba un grupo de radicales, y de esa manera se aprobaron leyes importantes que proponía el presidente Menem. Así se salió de una inflación (que siempre es una inmoralidad) de más del 700% anual con la ley de convertibilidad, entre otras medidas que fueron consensuadas. De igual modo ocurrió en 1984 para resolver la posible guerra con Chile por el canal de Beagle; y en 1994, con el Pacto de Olivos, para concretar la reforma constitucional.
En 1977, en España, con el Pacto de la Moncloa, conservadores, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, catalanes y vascos acordaron transitar con éxito el difícil camino entre el franquismo y la democracia.
Los planes que proponen hoy los candidatos seguramente no se corresponden con el programa que llevará a cabo el próximo gobierno, ya que no tendrá mayoría en el Congreso. Ello implica que, con su iniciativa, tendrá que negociar y acordar para conseguir las mayorías que hagan posible un plan de gobierno. Ello no significa que no haya otros temas que sean difíciles de acordar, como puede ser la ley del aborto, donde no estaría mal apelar a una consulta popular, como ocurrió con el Beagle.
Si queremos ser un país “normal” tenemos que ser conscientes de que la voluntad popular se construye entre todos, tratando de hacer realidad lo que desea la mayoría de nuestros representantes, que deberán integrar los tres poderes del Gobierno, enfocados siempre en el bien común.
Jorge Horacio Gentile es Profesor emérito en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Fue diputado de la Nación
