En 1977, restaurado el socialismo dependiente y dictatorial en Checoslovaquia, después de la “primavera de Praga”, un grupo de intelectuales y artistas disidentes difundió un manifiesto conocido como Carta 77. Su vocero, el dramaturgo Vaclav Havel, la promovía como plataforma del respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas. Esto hace recordar el Chile actual y, específicamente, las tensiones entre quienes están fraguando una Constitución Política nueva, con perspectiva de “refundación”, y quienes postulan reformas profundas en el marco institucional y democrático, esto es, con base en las reglas del juego. Entre estos destaca el movimiento Amarillos por Chile, liderado por el poeta Cristián Warnken.
Luego del huracán de descontento y violencia desencadenado en Chile el 18 de octubre de 2019 (18-O), los principales partidos políticos y el entonces diputado Gabriel Boric, a título personal, acordaron dar una “salida institucional” a la crisis –el “estallido social”, que ya se asumía como “revuelta”– en busca de la “paz y la justicia social” mediante un proceso “inobjetablemente democrático”.
Así se instaló un proceso ad-hoc, con eje en la convocatoria a plebiscitar una nueva Constitución. En octubre de 2020, casi el 80% de los votantes decidió aprobar dicha convocatoria y la ciudadanía eligió –con normas de paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas– una Convención Constituyente como órgano redactor, con una amplia mayoría de independientes y representantes de pueblos originarios. En su discurso de instalación (4 de julio de 2021), la primera presidenta de la Convención, Elisa Loncón, de etnia mapuche, señaló que era posible “refundar” Chile.
En paralelo, Cristián Warnken –que en su juventud integró el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y hoy es un comunicador independiente con sensibilidad de “izquierda democrática”– alertaba sobre los riesgos que implicaba una refundación real. Es decir, una Convención Constitucional que, además de ofrecer cambios necesarios y profundos, postulaba terminar con la institucionalidad unitaria de la República. Esto lo puso en la mira de los extremistas de izquierdas, que lo hicieron víctima de “funas” (escraches) y de la contagiosa violencia de las redes apellidadas “sociales”.
En respuesta, el poeta, que desde el 18-O comenzó a expresar con agudeza su preocupación por la violencia e intolerancia a nivel país, apoyado en su prestigio como columnista y comentarista de radio y televisión, decidió actuar políticamente. Al efecto, convocó a un grupo inicial de una setentena de intelectuales reconocidos y políticos aún con prestigio, con base en un “manifiesto “amarillo”. Un color levantado a modo de ironía, contra los doctrinarios del “rojo” profundo.
El crecimiento de los amarillos ha sido exponencial. En cuestión de días, sus firmantes sumaban más de 22 mil, entre independientes, centristas de izquierda y derecha, personalidades de la economía, el periodismo, la cultura, la literatura y las humanidades en general. Todos adherían al manifiesto “Amarillos por Chile” y expresaban su inquietud por la “euforia refundacional” de la mayoría de los convencionales, con plataforma en propuestas “identitarias” y “maximalistas”.
La réplica de esos convencionales y de sus seguidores, en las redes, fue una andanada de ataques ideologizados, ad hominem y, por lo tanto, refractarios al debate alturado. Muchos de ellos descalificaron a los amarillos por criticar –como legítimo derecho democrático– un texto en elaboración, bajo la suposición de que sólo podrían emitirse críticas ex post facto, cuando todo estuviera aprobado por la mayoría y listo para el plebiscito de salida (en el cual, con voto obligatorio, la ciudadanía debe aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución). Fue como si, parafraseando un viejo lema castrista, advirtieran a la ciudadanía que “dentro de la Convención todo, fuera de la Convención nada”.
Una de las críticas de los amarillos es el debilitamiento del Estado chileno como consecuencia de algunas propuestas refundacionales. En especial, la del “principio de plurinacionalidad” que, sintéticamente, significaría que Chile estaría integrado por una quincena de unidades nacionales dotadas de amplia autodeterminación, con base en poderes, recursos y territorios propios. El analista José Rodríguez Elizondo, reciente Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, advierte que detrás dicho principio no está el modelo de la España de las Autonomías, como muchos creen, sino el modelo de Bolivia plurinacional, teorizado por el exvicepresidente Alvaro García Linera. Sería una estrategia alternativa de Evo Morales para debilitar o desmembrar el Estado chileno, lo cual, supuestamente, facilitaría a Bolivia una salida soberana al mar. De paso, hubo un conato de esta nueva estrategia en el Perú de Pedro Castillo, bajo el manto de Runasur, proyecto de integración de indígenas argentinos, colombianos, chilenos y peruanos, que instalarían una autonomía aimara entre el Perú y Chile, destinada a ser tutelada por Bolivia. Este conato, que afectaba tratados limítrofes, fue desarticulado en diciembre pasado, por la intervención de los más prestigiados excancilleres y exvicecancilleres peruanos.
Con todo, mientras la alarma ciudadana crece, los convencionales de la mayoría endurecen sus posiciones. En efecto, está significando que, antes de que el borrador de Constitución se convierta en propuesta plebiscitaria, los chilenos comienzan a alinearse entre quienes lo aprobarán y quienes lo rechazarán (algunos ya están discutiendo un “plan B”).
Así, el gobierno de Gabriel Boric se inicia el 11 de marzo de manera más que complicada. Por un lado, porque deberá enfrentar la resistencia de derechas reconstituidas en el Congreso, responder a sus votantes independientes de segunda vuelta, tranquilizados con discursos de corte socialdemócrata, y a una opinión pública que es centrista –o que se fue quedando al centro por la radicalización del debate– sin partidos que la representen. Todo esto sin antagonizar con las izquierdas radicales que impulsaron su candidatura y que están representadas, simbólicamente, en la mayoría refundadora de la Convención Constitucional.
Considerando esta situación país, hoy luce como imposible que el plebiscito de salida repita el 80% que aprobó la elaboración de una nueva Constitución. Con base en lo que se está debatiendo, muchos encuestadores y analistas predicen que las cifras actuales hoy están equilibradas.
Por lo tanto, todo indica que la crisis post-estallido social no terminará allí.
Raimundo Jara Duclos es editor adjunto de la revista Realidad y Perspectivas (RyP)- Programa de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
