Un largo camino por recorrer

Qué está haciendo la Iglesia católica para prevenir los abusos.

En un encuentro con el papa Francisco, una víctima de abusos dijo con profunda tristeza y desesperación: “Jesús tuvo a su madre consigo cuando pasó por su sufrimiento y murió. Mi madre, la Iglesia, me abandonó en mi dolor y soledad”. De esta frase podemos deducir mucho de lo que la Iglesia, y en especial los que tienen autoridad en ella, deberían cambiar.

Los graves crímenes contra niños, jóvenes y adultos vulnerables han sacudido profundamente la confianza en la Iglesia. Además, la falta de valor y autocrítica por parte de los obispos en cuanto al encubrimiento de casos de abuso en los últimos años, ha sido el motivo por el que muchos fieles han dejado o abandonado la Iglesia.

Las medidas de prevención contribuyen a concientizar y sensibilizar sobre la cuestión de la protección de los menores y adultos vulnerables en todo el mundo, tanto en la Iglesia como en la sociedad.

Es importante trabajar juntos para seguir protegiendo a los niños, jóvenes y adultos vulnerables con coherencia y compromiso, pero esto requiere perseverancia y tenacidad. La formación y el trabajo de prevención están avanzando con más fuerza que nunca. No obstante, queda mucho por hacer. Esto también se debe a que aún existen grandes diferencias en la percepción de este tema. Hay partes del mundo en las que la cuestión del abuso sexual no se ha abordado o, como en algunos lugares de América Latina, Europa del Este, África y Asia, se ve como un “problema de Occidente, de los anglosajones” y se niega que hayan existido y existan abusos en el propio país.

La Iglesia católica, con más de 1,3 mil millones de miembros en 200 países, se trata quizás de la institución más grande, antigua y compleja del mundo. Cualquier cambio profundo sólo puede afrontarse desde distintos ángulos. Hablamos de transparencia, responsabilidad y comprensión de normativas y leyes. Dicho cambio no sólo debe darse en distintos lugares y a distintos niveles, sino también en la actitud y conciencia de quienes tienen responsabilidad.

Mirar de frente la cruda realidad, conocer qué crímenes, qué maldades ocurrieron, y plantear las medidas que se necesitan, son condiciones básicas para llevar a cabo un trabajo de prevención sólido y eficaz. Esto quiere decir, principalmente, crear entornos seguros y saludables, con nuevas formas de trato entre las personas. En Alemania, y en muchos otros países, las instituciones eclesiásticas han ido dando pasos importantes en esta dirección. Además, los seminaristas, sacerdotes, miembros de congregaciones religiosas y personas que trabajan a tiempo completo para instituciones de la Iglesia, deberían recibir las orientaciones necesarias en su educación y formación para afrontar con madurez sus emociones y desarrollar una imagen saludable de sí mismos, así como cultivar amistades con sus pares de ambos sexos. Quienes trabajan en la Iglesia deberían también recibir formación sobre cuál es el equilibro entre la proximidad y la distancia en la atención pastoral. Conocer cuáles son los comportamientos adecuados con los menores y adultos vulnerables ayuda a prevenir posibles transgresiones.

La Iglesia y la protección de los más vulnerables

Según la visión cristiana del hombre, toda persona está hecha a imagen de Dios. Tiene un valor intrínseco y por eso indestructible e indeleble. La Iglesia, por lo tanto, tiene la clara misión de seguir a Jesús poniendo a los niños en el centro como modelos del Reino de Dios. Es la expresión de la paternidad y maternidad de Dios que a su vez se convierte en un modelo para la pastoral con los niños. La sociedad reconoce la dignidad humana a partir de la de los más pequeños y vulnerables como un derecho humano y, como tal, todos debemos reconocerlo, respetarlo y protegerlo. La importancia que una sociedad da al bienestar de los menores y las personas vulnerables, y su compromiso con garantizarlo a 360˚, es la expresión de los valores que la sustentan.

Existen requisitos universalmente válidos que han definido el Papa y la Curia Romana, así como condiciones estructurales y factores de riesgo que se sobreponen y conforman un marco común. Por ejemplo, en mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó a todas las conferencias episcopales del mundo que elaborasen líneas guía definiendo un enfoque claro y coordinado al afrontar los abusos a menores por parte del clero. Aunque se estableció junio de 2012 como fecha límite, algunas conferencias episcopales —especialmente de África y Asia— no han dado respuesta todavía, diez años después del plazo. Entre tanto, sin embargo, la gran mayoría de las conferencias episcopales lo han hecho, aunque algunas de las líneas guía no desarrollan en profundidad todas las áreas que se mencionan en la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Con el Motu Proprio de 2016 “Como una madre amorosa”, el papa Francisco hizo más fácil para sí y para los organismos competentes de la Curia Romana sancionar y destituir a los obispos y superiores religiosos que hubieran sido negligentes en el ejercicio de su tarea de liderazgo, aunque su negligencia no fuera punible: “En el caso de abuso de menores o adultos vulnerables, es suficiente que la falta de diligencia sea grave”. Tras el encuentro de 2019, el papa Francisco adoptó en junio de ese año el Motu Proprio “Ustedes son la luz del mundo” (Vos estis lux mundi), en el que endureció y amplió las normas generales: entre otras cosas, se exigía que todas las diócesis establecieran un sistema de denuncias eficiente y fácilmente accesible en los doce meses sucesivos. Se definió también el procedimiento para examinar las acusaciones contra obispos en los contextos eclesiásticos regionales permitiendo la participación de expertos laicos en investigaciones eclesiásticas. En diciembre de 2019, el Papa eliminó el “secreto pontificio” en el tratamiento de los casos de abuso sexual. El hecho de que estos casos se trataran con un grado de confidencialidad tan elevado había dificultado en el pasado que se transmitiera información a los tribunales nacionales y a las fuerzas de seguridad del Estado. En 2021, la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico tipificó el abuso como delito y lo definió como un delito “contra la dignidad”. Por lo tanto, ahora el abuso es punible no sólo para los sacerdotes, sino también si el autor de dicho abuso es una persona consagrada, incluso si se trata de una monja o de una persona laica.

La dimensión sistémica

Sería importante que tanto a nivel de diócesis o región eclesiástica, como a nivel nacional, la Iglesia hiciera frente a la realidad de los abusos de poder y el abuso sexual. Un abuso no ocurre nunca entre dos personas exclusivamente, sino que refleja un contexto que lo permite y propicia. En consecuencia, además de considerar factores individuales, hay que tener en cuenta factores sistémicos como la cultura, las creencias, los convencionalismos, las tradiciones, las estructuras y otros factores socio-culturales. Para hacer frente a la plaga del abuso, es necesario ir a las raíces y eliminarla desde ahí, desde la base. En caso contrario, la prevención corre el riesgo de actuar sólo superficialmente y que los esquemas sustanciales y estructurales del abuso sigan operando por debajo. Erradicar estas influencias sistémicas es una tarea social, que nos implica a todos y a cada ámbito de la vida de la Iglesia y de la sociedad.

Tratar los casos del pasado requiere acceder a numerosos tipos de fuentes de información: las víctimas y supervivientes, los testigos, los que conocieron el caso, los que pudieron defenderse, los que cometieron los abusos, los que los conocían y conocen, pero también los recuerdos que se custodian en la memoria de una parroquia, de un país, de una escuela o un internado. Junto a ello, el tratamiento de los casos requiere también un acceso a los archivos diocesanos o de otro tipo, a las crónicas parroquiales y del país, a los artículos de los periódicos, a las publicaciones de artículos y libros con notas autobiográficas o de la vida cultural, parroquial y social.

Puede haber problemas relacionados con la falta de información, la publicación de los nombres de las víctimas y supervivientes y de los autores de los delitos o intentos de abuso. Esto requiere que se gestionen de manera estructurada y responsable los derechos de las personas, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, y también los derechos de las personas afectadas, que deben tener la libertad de señalar los nombres de quienes abusaron o a quienes acusan de abusadores. Aquí la dimensión individual y la social se entrelazan y requieren una confrontación abierta, respetuosa y responsable para no crear nuevas heridas. Es un proceso social de reconstrucción del pasado para promover un futuro en el que se proteja a los menores y personas vulnerables.

La formación es clave

Tanto los responsables de las instituciones —sociales y eclesiásticas— como las personas que están en contacto con los jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, necesitan ser empoderados para hacer frente a la plaga del abuso, lo cual empieza por conocer la realidad de los abusos y la violencia sexual en distintos sectores de la sociedad, también en la Iglesia, además de conocer la dinámica del abuso, las consecuencias para las víctimas y sus necesidades, y poder actuar de forma adecuada.

Es necesario reconocer posibles señales de abuso para intervenir de forma inmediata y competente, saber a quién hay que dirigirse y qué tener presente en función del contexto en el que se encuentre la víctima. El contexto es importante porque puede variar el lenguaje, la actitud y el comportamiento y, por tanto, la comunicación, la atención y la responsabilidad se convierten en una tarea social y comunitaria que involucra al mayor número de personas posible, no sólo a los “expertos”.

Nuestro Instituto de Antropología (IADC) de la Pontificia Universidad Gregoriana trabaja en este ámbito desde hace más de diez años. Además de los programas académicos presenciales (Diplomado en español e inglés y Licenciatura en Safeguarding), el Instituto cuenta con instituciones colaboradoras, muchas en América Latina que trabajan en la formación, y con académicos de todo el mundo, para ofrecer instrumentos de aprendizaje a distancia y desarrollar programas didácticos y formativos en materia de Safeguarding.

Conclusión

Ya se han dado algunos cambios y continuarán dándose otros. Se están produciendo cambios sistémicos, es decir, relativos al sistema. Es poco conocido por el público que la Iglesia católica ha creado una red nacional de centros de prevención e intervención en distintos países. Además, no sólo los empleados de la Iglesia de todo tipo, sino también los voluntarios (por ejemplo, en campamentos infantiles, catequesis de comunión o de confirmación) reciben formación en cuestiones de prevención e intervención  y deben rellenar un formulario comprometiéndose a la protección de los menores. En algunos países, en respuesta a los escándalos que se han hecho públicos, la Iglesia a veces ha sido la única entidad social que ha introducido líneas guía para tratar con las víctimas y los agresores, así como medidas generales de prevención. No obstante, no se puede negar que los casos de abuso han cambiado nuestra imagen de la Iglesia. ¿Está la Iglesia preparada para admitir los errores? ¿Está preparada para acompañar a los sacerdotes después de la ordenación y no dejarlos solos? ¿Está preparada para escuchar a las víctimas? Estas preguntas necesitan respuesta.

La lucha contra los abusos sexuales seguirá adelante durante mucho tiempo y hay que renunciar a la ilusión de que sólo con normas o líneas guía se puede llegar a una solución total y definitiva. Combatir los abusos sexuales en la Iglesia universal es una tarea hercúlea en la que deben trabajar juntos muchos actores de la Iglesia y la sociedad. Se trata de un cambio de actitud. Esto requiere una opinión crítica y el valor de cambiar; y la esperanza que nuestro Señor nos conceda.

Hans Zollner esJesuita y psicólogo, presidente del Instituto de Antropología para Estudios Interdisciplinares sobre la Dignidad Humana y el Cuidado de la Universidad Gregoriana de Roma y miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores