Dialogar para negociar*

Para procesar las controversias entre países limítrofes, la Geopolítica es una asignatura indispensable. La mala noticia es que tiene dos aristas inquietantes: su ignorancia por parte de los políticos civiles y la tendencia a aplicarla con sesgo antagonizante por los políticos en campaña. En ambos casos, la opinión militar es insoslayable pues, desde Napoleón, ellos sí saben de qué se trata.

En el caso de la relación chileno-argentina, tras diversas controversias superadas, hoy estamos coprotagonizando un desencuentro con base en la extensión de la plataforma marítima. Geopolíticamente, esto se remonta a la tesis argentina sobre un presunto límite natural entre los océanos Atlántico y Pacífico, del cual dependen los pasos interoceánicos, las zonas marítimas diferenciadas y la proyección hacia la Antártica. Se expresó, originalmente, como un “principio bioceánico” que da el control del Atlántico a Argentina, permite que Chile se quede en el Pacífico y reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Su formulación más recordable la hizo, en 1948, el almirante Gastón A. Clement, jefe del Estado Mayor de la Armada, cuando manifestó que “Argentina desde el punto de vista geopolítico es dueña de todo el Estrecho de Magallanes, de sus canales derivados y de todo el Beagle”.

Tras el fallo papal en la controversia por las islas del Beagle y después de la Guerra de las Malvinas, hubo una desacralización de dicho principio. La realidad había mostrado que no existe una muralla china entre ambos océanos –como tampoco entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur– y que las normas jurídicas invocadas por los abogados de las partes conducían a un juego de suma cero. Esto, a su vez, afectaba a un bien superior: el estatus de paz y amistad, con efectos eventuales de carácter expansivo y adverso al desarrollo.

Sobre esas bases, hoy debe seguir rigiendo la inteligencia política y el interés nacional de argentinos y chilenos. Aplicado al desencuentro vigente, esto implica evitar exabruptos nacionalistas y desincentivar alardes descalificatorios. También implica asumir que ambos países están protagonizando procesos electorales, lo cual tienta a sostener y exasperar cualquier impasse relacionado con la soberanía.

En cuanto a solución, no parece aconsejable judicializar la discrepancia, pues ello supone un desasimiento de los Estados, alegatos con base en el juego de suma cero y una negociación tácita entre jueces. Por lo general, estos buscan soluciones que presumen equitativas, dejando “colgajos” que permiten la resurrección de las controversias.

Mejor sería crear las condiciones que favorezcan un diálogo de Estado, ejecutado por ese “cuerpo permanente de negociadores profesionales” –según definición de Harold Nicolson– que son (deben ser) los diplomáticos. Estos actuarían no para imponer un principio unilateral ni una tesis jurídica, sino para conservar la paz con desarrollo o para evitar la escalada hacia el conflicto.

Negociar, en suma, acercaría una solución amistosa, en el marco de los tratados vigentes, eventualmente imperfecta, pero más funcional a lo que puede estimarse como un mandato de la historia.

*publicado en Realidad y Perspectivas, Nº 99, Santiago de Chile, septiembre de 2021