A un año de asumir la conducción del Gobierno nacional, hay que señalar que el pulso de las decisiones de Alberto Fernández estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. Si bien sus votantes esperaban grandes cambios, el inesperado escenario obligó al Presidente a mantenerse a la defensiva y postergar el desarrollo de una agenda propia a la vez que ponía a prueba su capacidad de liderazgo.
Durante los primeros meses de la gestión, la general aprobación de su modo de encarar la emergencia sanitaria permitió al Gobierno contar con un amplio respaldo popular, incluso por parte de importantes referentes de la oposición. Sin embargo, aquella cuarentena que fuera prematuramente elogiada en el mundo, se transformó en la más extendida y, a la vez, claramente ineficaz, generando además demasiados interrogantes en torno a aspectos que exceden lo sanitario como la deserción escolar, la crisis económica y la inseguridad creciente.
El Congreso, condicionado en su funcionamiento por las dificultades reales o exageradas para las sesiones presenciales, no pudo oponerse a la concentración de poder por parte del Gobierno y al retraso del tratamiento que ciertos temas demandan, a la vez que se veía arrastrado al debate de otros muy alejados de las preocupaciones reales de la sociedad. También quedaron tristemente demostradas las deficiencias de un sistema federal en el que existen muros invisibles entre una provincia y otra. La oposición, por su parte, ha manifestado aisladamente su descontento o su desaprobación con respecto a algunas decisiones del Ejecutivo, pero no ha definido un interlocutor único que lidere las discusiones. Mientras tanto, Sergio Massa regula los tiempos legislativos para conformar a los distintos grupos de la variopinta coalición que respalda a Alberto Fernández.
El manejo de la información en torno a la pandemia no fue claro ni transparente, y alimentó la confusión y la incertidumbre social. La creación del Observatorio Nodio de medios y plataformas digitales, bajo la órbita de la Defensoría del Público, no hizo más que abonar las sospechas de que los medios independientes son atentamente observados por ciertos sectores del kirchnerismo, que no ocultan su recelo frente a la libertad de prensa.
Por otra parte, el Poder Judicial sufrió enormemente durante 2020. Tres vectores coadyuvaron a esta coyuntura. En primer lugar, el cierre extendido de los tribunales no colaboró a mejorar su imagen frente a la sociedad. Tras cartón, la Vicepresidenta armó un esquema de agresión a la inamovilidad de los jueces que habían sido trasladados en un marco regulatorio otrora vigente, mediante sus alfiles en el Consejo de la Magistratura. Aún hoy, luego de un fallo de la Corte Suprema de enorme complejidad, los magistrados trasladados no atinan a entender cuál es su status. Finalmente, el Presidente envió al Congreso un proyecto de reforma judicial, cuyo contenido no parece consolidar su independencia, sino su politización.
En materia económica, el equilibrio fiscal es el principal desafío pendiente del Gobierno, y el ajuste será ineludible. En efecto, el ministro Guzmán comenzó a delinear medidas que expresan la voluntad de ordenar las cuentas, por ejemplo, con una nueva fórmula para el cálculo de las jubilaciones que no está ligada a la inflación. Junto a la caída de las reservas y la falta de dólares, la exorbitante inflación es un dato clave para los capitales con capacidad para invertir en el país. En el contexto global, se verifica una pronunciada aversión al riesgo, y a las inversiones en países de América Latina que atraviesan situaciones de inestabilidad, como es el caso de nuestro país con su crónica incertidumbre institucional. Sin embargo, dado que 2021 es un año de elecciones de medio término, algún grado de reactivación económica podría llegar de la mano de inversiones públicas para capitalizar votos.
En materia de política exterior, la Cancillería, a través de embajadas y consulados, se ocupó, como lo permitieron las circunstancias, de la situación de los argentinos que quedaron varados fuera del país. Pero la política exterior, además de la pandemia, vio condicionada su acción por otras dos gravosas circunstancias. En primer lugar, por la ineludible necesidad de negociar los términos del pago de la deuda externa, en condiciones de extremada vulnerabilidad económica. Segundo, no pudo sustraerse al efecto de las posiciones enfrentadas que subsisten dentro del frente político que le da sustento al Gobierno. Ello se puso de manifiesto con relación a las actuales autoridades venezolanas, ya que en distintos foros se asumieron simultáneamente posiciones incompatibles entre sí. En efecto, el actual Gobierno padece las mismas limitaciones que en tiempos precedentes, al no existir una orientación consensuada en materia exterior por parte del universo político argentino. Si se exceptúa la común causa de las Malvinas, la política nacional habitualmente no asume las relaciones con el mundo como un objeto merecedor de estudio, consultas y acuerdos a todo lo ancho del arco político.
Se ha logrado cierto equilibrio político fáctico, con legitimación democrática, entre el oficialismo y la oposición. La administración de Alberto Fernández, consciente de que no puede gobernar sin el apoyo de su heterogénea coalición, incurre en constantes vaivenes discursivos, sin poder evitar los enfrentamientos dentro del mismo Gobierno, y la sensación de ausencia de un rumbo político claro. Hay evidencias de pasividad e incluso ambigüedad ideológica del Estado y el Poder Judicial frente a signos preocupantes de anomia, como la situación de tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y la inseguridad, que han derivado en lamentables casos de “justicia por mano propia”. Sin duda, no son asignaturas de fácil solución. La Argentina sufre la violencia como resultado de la descomposición social por la pobreza, educación insuficiente y la falta de inserción laboral principalmente entre los jóvenes. Las soluciones a estos grandes males demandan estrategias integrales con diferentes plazos pero que deben encararse con urgencia, y siempre dentro del respeto de la ley y las instituciones del Estado de Derecho.
No ha habido novedades en cuanto a políticas medioambientales aunque no faltan proyectos interesantes en discusión. Mientras tanto, el Norte argentino ha padecido la mayor sequía en las últimas cuatro décadas y gran parte del territorio del centro del país sufrió incendios, algunos de dudosas causas. También está pendiente la puesta en marcha de un Plan de Vivienda para comenzar a dar respuesta a uno de los problemas estructurales que han sido postergados por las sucesivas administraciones. Se ha privilegiado, al menos desde lo discursivo, el sistemático interés en temas de derechos humanos y de las minorías.
Finalmente, la reintroducción del debate sobre el aborto en la presente situación de emergencia sanitaria, económica y social, con una sociedad fuertemente estresada y enfrentada, parece responder más a la búsqueda de rédito político compensatorio que a la preocupación por preservar el clima de paz social, tan necesario para afrontar esta dificilísima coyuntura.
Cumplido el primer año de Gobierno, es tiempo de que el Presidente se fortalezca en el ejercicio del poder, comenzando por la coalición que integra, aun cuando parte de su Gabinete no colabore en ese sentido. No debe perder la pulseada por omisión; la falta de iniciativas claras, si se sostiene en el tiempo, hará declinar su liderazgo. La particular situación que debió enfrentar por el COVID-19 debe ser sólo el preámbulo de un mandato en el que comiencen a resolverse los problemas estructurales de la Argentina, dejando de lado las mezquindades y las ventajas políticas.
