Según el Relevamiento de Barrios Populares (RENABAP) de 2016, cerca de cuatro millones de personas viven en al menos 4.400 asentamientos informales de la Argentina, de los cuales más 1.700 se encuentran en el Gran Buenos Aires. Estos territorios cubren una superficie de más de 400 km2, igual a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien las urbanizaciones informales no son un fenómeno nuevo –las primeras villas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, datan de la década de 1930– su ritmo de crecimiento se ha acelerado en las últimas décadas: cerca de la mitad de los actuales asentamientos se crearon desde el año 2000. Los motivos detrás de esta tendencia son complejos e incluyen el acceso inadecuado al crédito, la baja oferta de vivienda económica, el bajo nivel de ingreso de un amplio sector de la población y sobre todo la falta de planificación y regulación adecuada sobre el uso del suelo urbano. La expansión de los asentamientos informales en conjunto con el movimiento de familias de los sectores medios y altos a barrios cerrados, han contribuido a la creciente segregación residencial y concentración territorial de la pobreza.
Los habitantes de los barrios populares experimentan privaciones en múltiples dimensiones de la vida. Según el RENABAP, en el 68% de los asentamientos los hogares no tienen acceso formal a la energía eléctrica, en el 89% los hogares no cuentan con conexión formal a la red de agua y en el 98% no acceden formalmente a la red cloacal. Otras carencias incluyen la falta de pavimentación de las calles, alumbrado y alcantarillado; la exposición a múltiples riesgos (de inundación, cercanía a basurales, entre otros); y el acceso deficiente a los servicios de emergencia. La mayoría de los hogares que residen en estos barrios no posee un título de propiedad de las tierras que habita.
La evaluación de impacto del programa de vivienda de emergencia de TECHO-Argentina realizada en conjunto con nuestro equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA nos permitió conocer de cerca las condiciones habitacionales de los hogares beneficiados. La encuesta línea de base de la investigación relevó información sobre 725 hogares residentes en 34 asentamientos informales del Gran Buenos Aires y Gran La Plata. Los hogares relevados tienden a ser grandes (con 5,3 miembros en promedio), extendidos y compuestos por una gran cantidad de niños. Más de la mitad de la muestra es menor de 18 años y una de cada cinco personas es menor de 5 años. La información relevada permite estimar que al menos uno de cada cuatro hogares vive en el asentamiento desde hace más de 10 años, indicando que para muchas familias los asentamientos no son lugares de residencia transitoria.
La misma encuesta provee información detallada sobre el déficit severo en el tamaño y la calidad de la vivienda y diversos indicadores de bienestar vinculados con la situación habitacional. El tamaño promedio de la vivienda es de 29 m2. Un tercio de los hogares vive críticamente hacinado (con más de tres personas por cuarto) y la mitad tiene menos de 5 m2 por persona. En tres de cada cuatro viviendas entra agua o viento por el techo y una de cada cuatro viviendas tiene piso de tierra. La mitad de los hogares relevados indica que su vivienda se inunda cada vez que llueve. En el 39% de los hogares los miembros no tienen espacio para cambiarse en privado, en el 70% al menos una cama está hacinada (tiene más de una persona por plaza), en el 26% hay conflicto frecuente por falta de espacio y la mitad de los encuestados indicó que se siente inseguro dentro de la vivienda. En conjunto estos datos muestran claramente los riesgos sociales asociados con vivir en viviendas fuertemente hacinadas y precarias.
El déficit en el acceso a los servicios públicos y el tamaño reducido de las viviendas dificultan el cumplimiento con las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Gobierno ante la pandemia de Covid-19 y aumentan el riesgo de contagio. A estos problemas se suma el efecto negativo en el ingreso laboral, debido a la concentración del trabajo en empleos informales. Por otra parte, si bien la estructura etaria joven en los asentamientos informales es un factor que debería mitigar la gravedad de la enfermedad, los problemas de salud prevalentes en esta población, muchas veces asociados con la mala alimentación (como lo obesidad y la diabetes), aumentan el riesgo.
Las estadísticas confirman que los asentamientos informales han tenido tasas de contagio más elevadas que en los barrios formales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y según los últimos registros oficiales (del 6 de octubre de 2020), el 5,7% de la población en villas ha sido diagnosticado con Covid-19 en comparación el 4,1% en el resto de la ciudad. Las tasas de contagio han sido todavía más elevadas en algunas de las villas más grandes como los barrios 1-11-14 de Bajo Flores, el 21-24 de Barracas, el 15 de Lugano o el NHT Ramon Carrillo de Soldati, dónde más del 10% de la población ha contraído la enfermedad. La tasa de letalidad, no obstante, en la ciudad en su totalidad (2,99%) más que duplica la tasa correspondiente a los barrios populares (1,42%). Además, desde que los casos positivos diarios de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un pico a fines de junio, la tendencia descendente de casos ha sido más pronunciada que en el resto de la ciudad. A fines de junio el 37% de todos los casos positivos de Covid-19 en la jurisdicción eran de residentes en villas en comparación con sólo el 13% hoy, lo cual parece ser evidencia de la efectividad de las políticas de detección.
Los resultados del estudio Efectos de la pandemia COVID-19 en los barrios populares recientemente difundido por TECHO-Argentina provee información que nos permite comprender mejor las experiencias vividas por los vecinos de los barrios populares. Seis de cada diez hogares afirmaron haber sufrido una caída de su ingreso laboral y cuatro de cada diez indicaron que el principal problema enfrentado ha sido la dificultad de obtener alimentos suficientes para el hogar. El 56% de los hogares indicó que la situación de su vivienda dificultó su capacidad para cumplir con las medidas de aislamiento y prevención, mientras que el 51% refirió a la falta de agua potable como uno de los mayores obstáculos. A pesar de estos desafíos, el 90% de los encuestados afirmó estar cumpliendo entre totalmente o mucho con las medidas de prevención.
El informe también provee información sobre el acceso a las políticas de protección social introducidas por el Gobierno y sobre las iniciativas comunitarias introducidas. El 73% de los hogares encuestados afirmó acceder a alguno de los programas de asistencia social introducidos para enfrentar la pandemia y los efectos de las medidas de prevención. El 54% de los encuestados recibe el Ingreso Familiar de Emergencia y el 21% la Tarjeta Alimentar. En todos los barrios relevados, los vecinos organizaron acciones colectivas como ollas populares o la coordinación de la entrega de productos de limpieza y alimentos. El 42% de los encuestados indicó que las acciones comunitarias les habían ayudado a enfrentar la crisis.
Son especialmente preocupantes los efectos negativos de la pandemia y las políticas de aislamiento sobre los niños y las mujeres. La suspensión de las clases presenciales ha privado a muchos niños de almuerzos escolares y, en algunos casos, ha llevado a la desvinculación con la escuela, impactos cuyos efectos van a perdurar durante mucho tiempo. El informe de TECHO indica que, si bien el 80% de los hogares relevados accede a Internet a través de wifi o datos móviles, de ellos, el 63% señaló que la calidad es mala, lo cual dificulta la educación a distancia. Asimismo, los resultados de un nuevo estudio de UNICEF-Argentina sobre pobreza infantil muestran evidencia de los efectos negativos en las mujeres por la sobrecarga de tareas de cuidado (de los niños, la casa, en las tareas escolares, etc.) y el aumento de situaciones de violencia familiar. Estos resultados son particularmente preocupantes tomando en cuenta los datos presentados más arriba sobre los riesgos sociales asociados con vivir en viviendas fuertemente hacinadas.
Información publicada recientemente sobre la evolución de la pobreza en la Argentina muestra su fuerte aumento, pero también que las políticas de asistencia social introducidas para enfrentar la pandemia y el aislamiento obligatorio han ayudado a amortiguar los efectos sobre el poder adquisitivo de los hogares. Según el INDEC, el porcentaje de la población pobre alcanzó el 40,9% en el primer semestre de 2020, un aumento de 5,5 puntos sobre el primer semestre de 2019. La indigencia aumentó casi 2,5 puntos para llegar a 10,5%. El estudio de UNICEF indica que el 92% los niños de los barrios populares viven en situación de pobreza y el 49% en situación de indigencia. Nora Lustig y colegas de la Universidad de Tulane encontraron, mediante la aplicación de microsimulaciones, que, en la ausencia de la asistencia social extraordinaria (como el Ingreso Familiar de Emergencia), el aumento de la tasa de pobreza hubiera sido entre 2 y 3 puntos porcentuales más alto.
La pandemia global de Covid-19 ha puesto de manifiesto que nuestros destinos están estrechamente interconectados. Lo que pasa a nuestros conciudadanos tiene que importarnos a nosotros, no sólo por el interés en lograr mayor justicia social, sino también por las externalidades epidemiológicas. El predominio de la población infantil en estos espacios implica que las condiciones de vida hoy en los barrios informales tendrán efectos en el futuro desarrollo del país. La experiencia durante esta pandemia también pone en evidencia que los esfuerzos comunitarios son los que permiten a las personas que viven en estos barrios subsistir y enfrentar la crisis mediante ollas populares, jornadas de limpieza y grupos organizados para identificar las personas más vulnerables dentro de los propios barrios. En el actual contexto macroeconómico y fiscal, es evidente que lograr mejoras en las condiciones de vida en los barrios populares requiere acciones concertadas entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y, sobre todo, los mismos habitantes.
Ann Mitchell es PhD en Economía (University of Maryland). Profesora en la Facultad de Ciencias Económicas en la UCA
