Un “nuevo paradigma” en las relaciones Iglesia-Estado

La última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acordó la creación de una nueva Comisión para el sostenimiento de la acción evangelizadora de la Iglesia, cuyo presidente es monseñor Guillermo Caride, nuevo obispo auxiliar de San Isidro. Integran asimismo la Comisión obispos que representan las distintas regiones eclesiásticas del país.
Dos años antes, la CEA había aprobado el proyecto de sostener el culto por medio de un sistema análogo al empleado por la Iglesia en Italia. Sin embargo, no se llegó a avanzar en esa línea, entre otras razones porque habría supuesto que el Gobierno acordara ese procedimiento, cosa que no ocurrió. Por otra parte, a raíz de un informe del Jefe de Gabinete al Congreso, se instaló en la opinión pública la cuestión del mal llamado “sueldo de los obispos”. El debate se vio luego intensificado y a la vez enrarecido como consecuencia de la discusión acerca de la despenalización del aborto, a pesar de no guardar ninguna relación una cosa con la otra.
Con estos antecedentes como contexto, en el pasado diciembre el Gobierno nacional anunció el establecimiento de un “nuevo paradigma” en las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia católica, modificando el formato existente hasta hoy de asignaciones a los obispos. Una Resolución ministerial autorizó a “los establecimientos educativos públicos de gestión privada de titularidad o bajo la dirección de la Iglesia católica o de una confesión religiosa” a “percibir una contribución voluntaria en concepto de Sostenimiento del Culto, a cargo de los padres o responsables de los alumnos que asistan a los mismos, por cuenta y orden de la institución religiosa que corresponda”. Los fundamentos de la Resolución permiten algunas reflexiones.
Tal vez la novedad más relevante es el intento de buscar un mecanismo de sostenimiento de las confesiones religiosas aplicable a todas por igual, y no exclusivamente para la Iglesia católica. Cosa plausible, ciertamente. Sin embargo, la novedad es relativa, porque así funciona ya y desde hace mucho la forma más importante, por lejos, de colaboración económica del Estado con las religiones: las exenciones impositivas de las que ellas gozan, todas por igual y sin ningún privilegio para la Iglesia católica. Es de esperar que la forma de financiamiento que la nueva Resolución autoriza (aunque no impone) a favor de las distintas confesiones religiosas, más allá de su acierto sobre el que luego volveremos, haya sido acordada con ellas y no sea motivo de nuevos roces.
Un punto plausible de los fundamentos expuestos por el Ejecutivo es una valoración positiva de “lo religioso en sus expresiones, valores e ideales en el ámbito público y privado, como derecho que deriva de la dignidad y naturaleza de la persona humana”, y un reconocimiento de “la importancia del aporte de la religión en la construcción de la sociedad, como una dimensión fundamental del hombre”. Sin embargo y contra lo que cabría esperar, no se sigue de eso ningún compromiso de aporte o sostén económico estatal para las religiones, como sí lo hay para otras realidades socialmente valiosas como el deporte, el arte, la alimentación saludable, las energías alternativas y tantas otras. Al contrario, el mecanismo ahora propuesto es un gran beneficio para el Estado, porque “autoriza” a las Iglesias y comunidades religiosas a pedir la contribución de sus fieles, derecho que de todos modos tenían sin necesidad de ningún permiso, a cambio de dejar de pagar las asignaciones hoy vigentes para los obispos, que serán renunciadas progresivamente por ellos según se anuncia (algunos ya lo han hecho). Nada se dice respecto del actual aporte para el sostenimiento de los seminarios.
Algo que llama la atención es la endeblez jurídica de este “nuevo paradigma”. Se renuncia a derechos derivados de leyes vigentes (y que gusten más o menos tienen fundamento directo en una norma constitucional) a cambio de una mera autorización mediante Resolución administrativa.
Los países de mayoría católica que abandonaron democráticamente regímenes de sostenimiento directo de la Iglesia por parte del Estado en general lo hicieron mediante acuerdos entre esos Estados y la Santa Sede, que dieron estabilidad, previsibilidad y solidez a los nuevos sistemas.
Ciertamente, la Iglesia (y lo mismo las demás confesiones, pero focalizaremos ahora estos comentarios en la católica) tiene el derecho de pedir contribuciones a sus fieles. Y los fieles tenemos la obligación de hacerlas. Nada de esto requiere de permiso estatal. Lo que cabe esperar del Estado, si es sincera esa valoración positiva del hecho religioso, es alguna forma de estímulo, por ejemplo, mediante un generoso marco de deducciones impositivas a favor de los donantes, y que aquí está ausente. Se trata de hacer efectivo de alguna manera el principio de cooperación, que junto con el de recíproca autonomía debería presidir las relaciones en un marco de libertad religiosa. Por supuesto, las deducciones impositivas son una forma mínima y básica: hay sistemas más sofisticados y posibles, como el italiano, que sin embargo aquí parecen haber sido descartados. En ese país y en otros de Europa, los ciudadanos pueden libremente dirigir una parte muy pequeña del impuesto a las ganancias que de todos modos deben pagar (menos del 1%), al sostenimiento de la confesión religiosa de su elección, o alternativamente a otros fines sociales.
En la Argentina, parece haber voluntad de eludir la intervención del Congreso en un tema que tiene suficiente importancia como para ser tratado allí con seriedad, de manera que el resultado sea sólido y perdurable. No deberíamos temer a la democracia cuando tenemos razón.
Otra perplejidad que produce la Resolución ministerial es el modo en que habrá de hacerse efectivo el sistema en un régimen federal. En los considerandos de la Resolución se cita un decreto del año 1991 referido a los aranceles de las escuelas que reciben como aporte estatal. Pero ese decreto es anterior a la ley 24.049 que transfirió la supervisión de los servicios educativos a las provincias, con obligación de mantener los aportes entonces existentes. Hoy son las provincias las que pagan los aportes (cuando los hay) y ejercen el poder de policía sobre el cobro de aranceles. Pareciera que el Ejecutivo nacional ha avanzado en terreno ajeno, abriendo un potencial conflicto en un tema en el que no faltan ya tensiones en muchos distritos.
Felizmente, hablando de los aportes a los colegios hay en los considerandos de la Resolución ministerial una explicación bastante adecuada de su sentido: no se trata de un aporte “a la Iglesia” sino a la actividad educativa. Se dice que “si bien toda educación oficialmente reconocida es pública, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, el Estado reconoce la incorporación en el sistema educativo de obras gestionadas por la Iglesia católica y por otras Iglesias, comunidades o confesiones religiosas, ello a fin de asegurar la opción de los padres de elegir las escuelas para sus hijos que respondan a sus convicciones en el marco de la libertad de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional”; y que “a fin de consolidar la igualdad de oportunidades para acceder a la opción educativa deseada por los progenitores, el Estado contribuye a la financiación de las instituciones de gestión privada que cumplan los requisitos fijados en la reglamentación mediante aportes destinados al pago parcial o total de los salarios docentes y que se basan en criterios objetivos de justicia social. Así las cosas, los institutos educativos de gestión privada se encuentran diferenciados entre los que perciben aporte estatal y los que prescinden del mismo”. Todo esto está muy bien y deberían tenerlo presente los Gobiernos locales, siempre ávidos de suprimir o recortar los aportes.
A la nueva Comisión episcopal le espera una importante tarea. Una serie de posibles preguntas lo ilustran, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica y económica que existe entre las distintas provincias. Por ejemplo: ¿cuáles serán las escuelas consideradas “bajo la dirección” de la Iglesia? ¿Sólo las diocesanas y parroquiales, o también las de congregaciones religiosas? ¿Ha mediado alguna conversación y acuerdo con estas últimas? ¿Y las escuelas que se identifican como católicas pero pertenecen a asociaciones o simples particulares? ¿La contribución será por alumno (castigando así a las familias numerosas) o por familia? ¿Se exigirá también a las familias no católicas pero que por alguna razón envían a sus hijos a colegios que sí lo son? En el futuro será preciso idear un sistema que apunte a otros “contribuyentes” que en justicia podrían aportar más y no sólo a los padres de familia jóvenes que tienen hijos pequeños y están en una etapa de la vida con grandes gastos y muchas veces pocos ingresos.
El sistema plantea también interrogantes sobre el destino que tendrán los fondos que se recauden por este mecanismo. Serán cobrados “por cuenta y orden de la institución religiosa que corresponda”, que no está claro si se refiere a cada diócesis, o a la Iglesia en su conjunto. Será preciso entonces que se cree un mecanismo de coparticipación o reparto entre diócesis, para que las más ricas (que son las que menos necesidad tienen de este aporte, y al mismo tiempo las que más posibilidades tienen de recaudarlo) asistan a las más pobres. Deberá haber rendiciones de cuentas y normas y procedimientos para una administración sana, profesional y transparente del fondo que se reúna, con la participación de laicos idóneos.
La creación de la nueva Comisión episcopal representa finalmente la posibilidad de avanzar hacia la instalación de procesos e instituciones adecuadas dentro de la Iglesia, llamadas a administrar con seriedad los recursos, pocos o muchos, que se pudieran obtener. Y también de generar una buena catequesis para que los fieles tomen conciencia de sus obligaciones, junto con un compromiso fuerte de los obispos en la línea de la transparencia ya mencionada. Mucho de esto hizo hace años el Plan Compartir, precursor en el camino que ahora puede emprenderse.
Tal vez estemos todavía a tiempo de hacer las cosas bien. El actual mecanismo de asignaciones a los obispos que tienen la apariencia de ser sueldos o jubilaciones de privilegio es claramente insostenible. Sin embargo, si se acepta que la dimensión religiosa es importante en la vida individual y comunitaria, y si se reconoce que las confesiones religiosas hacen un aporte valioso a la sociedad y que lo que reciben revierte en ésta en forma de múltiples beneficios para los ciudadanos, es posible diseñar un sistema de aportes por parte del Estado razonablemente igualitario y sin privilegios que ponga en acto la cooperación esperable entre éste y las confesiones religiosas, respetando y garantizando autonomía y libertad a todas las personas.
En este sentido, hay dos temas que se relacionan pero son diferentes. Por una parte, la necesidad de desarrollar la conciencia de los fieles de sus obligaciones económicas hacia la Iglesia, e implementar los mecanismos modernos, eficaces, transparentes y profesionales para hacerlas efectivas. Y, por otra, acordar con el Estado un sistema por el cual éste colabore de manera efectiva al financiamiento de las confesiones religiosas como forma de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa individual y colectiva, y ya no como privilegio para una confesión en particular, aunque existan razones históricas y constitucionales que lo sustenten.