La economía más allá del resultado de las elecciones

En el contexto del calendario electoral, la economía argentina responde –más lenta que rápidamente– a una estrategia económica definida como gradualista, desde su asunción en diciembre de 2015, por el propio oficialismo.
No ha sido habitual en la historia económica y electoral del país que un Gobierno nuevo –fruto de una coalición emergente que alcanzó un ajustado triunfo en 2015 que ni la encuestas preveían unos meses antes– apueste a enfrentar una elección de medio término con un esquema económico que prioriza muchos elementos del mediano y largo plazo, y, en la práctica, presta poca atención a resultados de corto plazo. La mayoría de las experiencias previas se han focalizado en políticas de shock, donde, en general, la inflación heredada se moderaba o controlaba temporalmente con tipo de cambio fijo y atraso cambiario. Esto, a su vez, impulsaba el consumo y el endeudamiento privados, sin asegurar cambios en la tasa de ahorro o en la dinámica de la inversión de largo plazo, pero con la velocidad suficiente como para tener efectos positivos para el oficialismo de turno en la inmediata elección.
Cambiemos ha optado por un esquema gradualista, donde las urgencias del corto plazo quedan en alguna medida postergadas, de lo cual podría inferirse que se decidió no utilizar demagógicamente la economía previo a las elecciones de medio término. Por eso en 2016, a unas pocas medidas de shock, como la salida del cepo cambiario y el acuerdo con los holdouts, siguieron hasta hoy una sucesión de correcciones parciales intertemporales de los muchos desequilibrios económicos heredados: presión tributaria record, déficit fiscal consolidado Nación-provincias muy elevado, inflación persistente, atraso cambiario y tarifas de servicios públicos con amplitud de subsidios. En cambio, se destacan medidas de mediano y largo plazo, por ejemplo, los nuevos créditos hipotecarios, el programa de infraestructura o las inversiones en saneamiento y cloacas.
La realidad es que, a más de un año y medio de gestión, la actividad económica está recuperando en 2017 –y apenas superando– la recesión de 2016, con buenas perspectivas para el resto del año, pero con bajo nivel de consumo privado, fruto de ingresos que no han crecido por encima de la inflación para todos los segmentos de la población, y también de la baja creación de empleo (concentrada en el sector público, los monotributistas y la construcción casi como el único segmento del ámbito privado con dinamismo laboral en los últimos meses).
En efecto, las medidas de política económica hasta ahora no parecerían privilegiar un objetivo de campaña como puede ser “pobreza cero”. La recomposición de precios relativos, sobre todo la suba de los alimentos, entre otros rubros, ha superado los ingresos de parte de la población careciente, y las estadísticas en materia de pobreza siguen mostrando que de cada diez argentinos, tres son pobres. El segundo y el tercer cordón del conurbano son un reflejo de la situación. El Gobierno, en otro ejemplo de su interés por resolver problemas estructurales, ha puesto el énfasis en la obra pública de cloacas y saneamiento, aspectos clave para reducir la pobreza estructural, pero no así para moderar la pobreza de ingresos en el día a día.
Desde lo sectorial, la reactivación se da en la obra pública, el agro, algunas pocas ramas industriales, incipientes inversiones en energía renovable, y no mucho más. El rezago del consumo desalienta la reactivación productiva generalizada. La irregular performance de las exportaciones no augura dinamismo en las producciones regionales. La larga crisis en Brasil y el menor crecimiento global tampoco colaboran, pero están claramente en vías de corregirse.
Los anuncios de inversión se han concretado en algunas dosis, pero no en la medida en que se esperaba. Es que la producción privada enfrenta desafíos de rentabilidad elocuentes. El tipo de cambio oficial ha crecido casi 100% desde diciembre de 2015, pero la inflación ha incrementado el precio de los insumos, a lo que se suma la elevada presión tributaria y los altos costos laborales y de transporte. Este cóctel implica que, para casi cualquier producto manufacturado o armado en el país, el 50% del precio final corresponda a impuestos.
Es de destacar nuevamente, en este contexto, el coraje de focalizarse en medidas de mediano y largo plazo; con todo, los riesgos de que un fracaso electoral impida o limite la continuidad de estos objetivos no son menores y, por lo tanto, de que en ese caso las reformas no prosigan después de 2019. La reducción de la inflación pareciera ser el objetivo central en materia económica. La idea es loable, siempre y cuando no conspire contra el consumo y la inversión, tanto por sus efectos en la economía, como en las urnas. En este sentido, el fuerte peso relativo del Banco Central, en detrimento de un manejo de la economía que implica la coordinación de siete ministerios, ha resultado hasta ahora, desde lo institucional y desde la política económica, en una primacía de la política antiinflacionaria, aún a costa del nivel de actividad. Esta situación ha comenzado a cambiar, dado que la economía está creciendo más del 4% y la tasa de inflación es la más baja desde 2009.
No queda claro, entonces, si este nivel de coordinación es suficiente para que se perciba un manejo integral de la economía. A las voces que cuestionan la ausencia de un plan económico estructural se contraponen muchas medidas, algunas anunciadas por determinados voceros gubernamentales, otras no difundidas suficientemente, que dejan la idea de algún faltante de coordinación y comunicación.
En otro orden, el problema fiscal sigue sin un horizonte claro de resolución. En la medida en que no pueda reducirse el gasto público consolidado de Nación, provincias y municipios, hoy en el orden de algo menos de 45% del PIB, no existe margen para la política económica de mejorar la competitividad del sector privado y permitir la generación de empleo formal. Reducir presión tributaria y bajar el costo argentino (laboral, transporte) requiere liberar recursos públicos que hoy se asignan a financiar aquel elevado nivel de erogaciones. El gasto público es fruto de preferencias de buena parte de la sociedad, que prefiere gozar de diversos bienes de calidad discutible pero a muy bajos precios o aún gratuitos, a costa de altos impuestos y nuevo endeudamiento. La gradual suba de tarifas de luz, gas y agua, las insuficientes correcciones en la tarifa de transporte metropolitano –que se mantiene muy por debajo del costo del servicio en el interior del país–, la universidad pública gratuita, los subsidios sociales justificados y los que no son objeto de revisión, el sistema jubilatorio con su régimen de moratoria previsional, el nivel del empleo público en Nación y provincias en relación al privado formal, son sólo algunos ejemplos. Así, el cóctel de alto déficit fiscal y el estructural déficit de balanza de pagos afecta seriamente las expectativas de correcciones macroconómicas, y será imprescindible lograr un crecimiento mucho más alto hacia 2018 para consolidar resultados favorables.
El desafío, en diciembre de 2015, era generar un cambio profundo en el funcionamiento de la economía, pero las restricciones políticas evidentes, por caso la ausencia de mayoría en el Congreso; la minoría en la cantidad de gobernadores aliados; la necesidad de articular gobernanza con los sindicatos y movimientos sociales; y el funcionamiento del poder judicial quizás han puesto un tope a mayores aspiraciones en materia de correcciones macro y microeconómicas.
La pregunta que cabe hacerse está referida al sendero económico en los próximos dos años post-elecciones. Algunos analistas auguran que, de ganar Cristina Fernández en octubre en la provincia de Buenos Aires, la incertidumbre que generaría su eventual candidatura a la Presidencia para 2019 implicaría un largo impasse para la economía. Si esto fuera cierto, el consumo y la inversión no crecerían lo suficiente, y la tendencia de mediano plazo no presentaría mejoras. Otros señalan que el oficialismo, tanto en caso de ganar como de perder, se vería obligado a acelerar los procesos de corrección. Algunas medidas están claramente a cargo del Ejecutivo (las tarifas del transporte metropolitano), pero otras –muchas– deberán pasar por el Congreso. Entre ellas la reforma tributaria, que con el alto déficit fiscal sólo promete ser atractiva en términos intertemporales, pues los trascendidos apuntan a un esquema de cambios durante cinco años, donde algunos impuestos descenderían a la par de las reducciones en el gasto público.
Si bien el gradualismo parece el único camino posible –dadas las restricciones de la política– sigue en manos del Gobierno asegurar la sostenibilidad de este sendero de reformas, y no parece que pueda consolidarlo sin consensos de mediano plazo, y con un manejo más integral de la economía. Si bien, creciendo tres años consecutivos por encima del 4%, lo cual no sería descabellado, el problema fiscal se reduciría significativamente.
En este escenario, el Gobierno, con una visión más amplia y de mayores acuerdos con otras fuerzas, podría avanzar para salir de esta relativa incertidumbre y acotado crecimiento implementando las reformas imprescindibles para ganar competitividad, bajar el costo argentino y crear empleo privado formal, y así avanzar hacia su propia meta de reducir sustancialmente la pobreza.