Editorial: Recuperar el perfil productivo

La coyuntura económico-social que enfrenta el país se debate entre aceptar esfuerzos de corto plazo y creer en expectativas de un mediano plazo más positivo, o cierto predominio de la ansiedad económica y política por ver resultados inmediatos.
Por un lado, el Gobierno afirma estar corrigiendo una serie de distorsiones económicas que han impedido en los últimos años el crecimiento económico, el aumento de la inversión y la creación de empleo privado; y que, de no hacerse, no se recuperaría la capacidad de crecer y de eliminar la pobreza. Por otro, buena parte de la oposición asigna efectos indeseados, como la aceleración de la inflación y el aumento del desempleo, a las nuevas medidas de política económica (eliminación de derechos de exportación, restricciones al comercio, levantamiento del cepo cambiario y correcciones de tarifas de energía y transporte atrasadas, sobre todo en el área metropolitana).
Está claro que la inflación se ha dinamizado por algunos de esos factores, pero, también, que el sendero del empleo no pareciera estar tan íntimamente condicionado por las medidas en cuestión, sino más bien por una inercia de años.
El mercado de trabajo es uno de los ejes del debate político actual. Entre 2011 y 2015 el empleo privado (formal e informal) no ha crecido, e inclusive ha descendido a partir de 2014. Por su parte, el empleo público ha operado en el último lustro como un sustituto de aquél, con cifras en aumento. En una lectura de largo plazo, pasó de 2.7 millones de ocupados en 2003 a estimaciones de 4 millones en 2015 (Nación, provincias, municipios y empresas públicas), sobre un total de 16 millones. Con todo, en este mercado laboral tan segmentado, cabe recordar que la mitad de los ocupados ganaba menos de 6 mil pesos por mes (INDEC) a fines de 2015, es decir, casi debajo del salario mínimo, vital y móvil (que por otra parte se elevó de 5.588 a 6.060 pesos en enero de 2016). El esquema de asistencialismo montado en torno a los planes sociales de los tres niveles de gobierno ha operado como una contención evidente al problema de los ingresos de la población. Aún en este contexto, el desempleo, en estimaciones privadas, se encuentra por debajo de un dígito en la actualidad. Por supuesto, para el INDEC es más bajo aún debido a los datos están desactualizados.
El nuevo gobierno ha tomado algunas medidas para paliar la situación social: ampliación de asignaciones familiares y extensión de la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas de bajos ingresos, eliminación o reducción del IVA a la canasta básica para los más pobres (proyecto en el Congreso que los opositores parecen no querer tratar con celeridad), extensión de la tarifa social desde la Nación a todas las provincias y suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (si bien queda pendiente modificar escalas, posiblemente para 2017). Otra medida en igual sentido es el lanzamiento del plan “Mi Primer Empleo”, donde el Estado subsidiará parte de las contribuciones patronales por tres años, en un cronograma decreciente, para jóvenes de entre 18 y 24 años en todo el país, y para la formalización del empleo de adultos en las provincias del norte alcanzadas por el Plan Belgrano.
Pero, por otra parte, los tres niveles de gobierno están revisando contrataciones de personal. La Nación, en particular, aquellas realizadas en los últimos tres años. Esto ha motivado cesantías, en principio en áreas donde el exceso de personal era claramente visible (por ejemplo, no había lugar físico posible de trabajo), o donde la dotación superaba muy ampliamente las necesidades razonables de empleabilidad, en un contexto de alguna desocupación disfrazada. La incertidumbre laboral en el Estado nacional se prolongará hasta fines de este año, por la evaluación permanente que está teniendo el empleado público, a partir de los objetivos establecidos por el Ministerio de Modernización desde el decreto 254 de diciembre de 2015.
El elevado déficit fiscal heredado (y ampliado con eliminación de impuestos distorsivos y extensión de algunos subsidios como los señalados precedentemente) alcanza a casi 7% del PIB, con lo cual las metas de ahorro público son uno de los mayores desafíos de la nueva gestión, y estas cesantías se enmarcan en anunciados objetivos de modernización del Estado.
La situación ya ha motivado movilizaciones y actos de sindicatos y de la oposición, a cinco meses de la asunción del nuevo gobierno. Entre otros reclamos, suman la inflación acumulada en el área AMBA en el primer cuatrimestre de 2016, por las correcciones de precios relativos. A mediados de mayo se han cerrado varias paritarias, básicamente con dos enfoques: aumentos anuales en torno al 33%, o subas del orden del 20% por un semestre y renegociación en septiembre. De este modo, los salarios formales no recuperarían todo el poder adquisitivo del segundo trimestre de 2015.
En cuanto a la desocupación, los reclamos gremiales se centran en el sector público, la construcción y la industria metalmecánica, si bien hay otras actividades con problemas como la siderurgia. Al respecto, el Senado ha dado media sanción a un proyecto de ley que prohíbe despidos sin causa y suspensiones por 180 días, y reinstala la doble indemnización. Para la oposición, es una bandera política detrás de la cual encolumnarse, y en caso de que la ley termine comportando consecuencias negativas para el mercado laboral, éstas no son medibles; por lo tanto, aún si fracasa en sus objetivos de cuidar el empleo, los legisladores que la votaron no tendrán que rendir cuentas ante la sociedad.
Este tipo de propuestas suelen tener aparente consenso social, pues el imaginario colectivo las considera en el buen sentido. En la práctica, si bien complican las cesantías pues las encarecen, más importante es que limitan fuertemente las contrataciones de nuevo personal, reduciendo los incentivos a la inversión, por la mayor inseguridad jurídica y la suba de costos laborales. Adicionalmente, perjudica más a las pymes por la doble indemnización. Diputados está debatiendo el tema, y el Presidente ha anunciado que vetaría la ley en caso de ser aprobada. A su vez, firmó con empresarios un acuerdo en el que éstos se comprometen a no despedir personal en los próximos tres meses.
Indudablemente, la Argentina está para mucho más que lo que demuestra la actualidad socio-económica y debería superar los altos déficit de la herencia recibida, en una economía con un stock de capital deteriorado y con inercia de falta de creación de puestos de trabajo en el sector privado. En materia productiva y de generación de empleo formal, las oportunidades son enormes. Para ello el país debe recuperar un perfil productivo, con más inversión y trabajo, y un Estado menos sobredimensionado y más eficiente.
Las personas bajo la línea de pobreza y los 300 mil jóvenes que se incorporan año a año al mercado laboral merecen un futuro de empleo digno y un camino de realización personal. Los riesgos sociales son crecientes, en tiempos en que algunos jóvenes de barrios carecientes están expuestos a un entorno de bandas o dealers, y, en caso de quedar involucrados, el deterioro de sus habilidades socio-emocionales los dejaría casi de por vida fuera del mercado laboral. La “pobreza cero” del gobierno es un esfuerzo encomiable. El mercado de trabajo privado formal necesariamente jugará un rol decisivo en la aproximación a este ideal, y las fuerzas de la política deberían converger en ese sentido.