¿Es posible la unidad? ¿Es deseable?

En democracia, multiplicar las opiniones y facilitar el debate continuo son elementos fundamentales para evitar la concentración de poder.

Se habla mucho a estas horas de la necesidad de unir a los argentinos después de años de enfrentamientos provocados por la presunta “grieta” que el kirchnerismo habría abierto en una sociedad que, seamos francos, tampoco se encontraba demasiado “unida” con anterioridad.
Ahora bien, ¿es posible alcanzar esa mentada unidad? ¿Es realmente deseable? Por lo pronto, como no sea en un conjunto de reglas legales que salvaguarden nuestros derechos y la resolución pacífica de los conflictos, difícilmente podremos estar de acuerdo en todos y cada uno de nuestros fines (individuales o colectivos), nuestras creencias, o aun en las lecturas presentes o retrospectivas que nos merezca la realidad nacional. Pero una democracia que se diga pluralista no significa unanimidad en todas estas cuestiones. Lo que supone, en cambio, es el común respeto (fruto a la par de la coacción legítima y del consentimiento libre de los ciudadanos) a esas reglas que, por estar previstas en la Constitución, quedan de algún modo apartadas de la competencia electoral sirviendo de límite, además, a la acción de los gobernantes.
Si la democracia, entonces, presupone la búsqueda de un “consenso procedimental” que garantice su existencia, también requiere la aceptación de las discrepancias que, mientras no degeneren en violencia, contribuyen no menos a sostenerla en la medida en que conspiran contra la posibilidad de que un proyecto mayoritario pretenda encarnar por sí solo la voluntad soberana del pueblo considerado como una entidad indivisible, lo cual convierte ipso facto en “no pueblo” a los que piensan distinto, es decir, a las minorías.
Desde esta perspectiva, la unidad no resultaría deseable tampoco. Para alcanzarla, según un clásico argumento de James Madison, deberíamos suprimir la libertad o procurar, en su defecto, la conformidad de todas las opiniones, aspiración no menos perniciosa y al cabo inviable dada la fuerte “propensión de la humanidad a caer en animadversiones mutuas”, sea por motivos verdaderos o por imaginarios pretextos. Dos remedios peores, en suma, que los potenciales males que traerían consigo esos inevitables antagonismos.
Para no tentar al demonio, ¿qué mejor pues que multiplicar las opiniones, los canales de expresión y aun los centros de decisión? El poder tiene su lógica: cuando se lo ejerce, tiende a avanzar, no a retroceder. De ahí la necesidad de limitarlo ya que no somos ángeles (para evocar nuevamente a Madison) ni los ángeles nos gobiernan. De ahí también esas necesarias “precauciones” que completan la legitimidad democrática y que consisten en un reparto equilibrado de las funciones del Estado, tanto en sentido horizontal como vertical, para evitar que unas usurpen las atribuciones de las otras monopolizando de este modo la representación de los gobernados.
Multiplicar parece ser aquí la palabra clave. Porque, como lo ha explicado bien Bryan Garsten en un texto revelador, es procurando que existan “pretensiones en competencia” por representar al pueblo como se evita la “representación unificada”, vale decir, la concentración del poder en una de sus ramas con las consecuencias que están a la vista para la historia de nuestros países y la instauración de un buen gobierno republicano. Entendida así, por lo demás, no de manera unificada sino dividida en áreas en competencia que se fiscalizan unas a otras, la representación constituye de suyo una invitación al debate continuo que las variantes hegemónicas prefieren sustituir por la decisión precipitada hecha en nombre de una interpretación definitiva o totalizadora de la voluntad popular.
Con la opinión pública ocurre otro tanto. Porque es la pluralidad de pareceres el mejor antídoto contra el riesgo de que una posición mayoritaria constriña a los que no adhieren a ella o se resignan a callar sus desacuerdos. En este sentido, la experiencia histórica y una abundante literatura se dan cita para corroborar la existencia de una forma de opresión que irrumpe por fuera del poder político de la mano de una opinión que se cree sagrada y que se impone a expensas del ostracismo social de los disidentes. Los célebres reparos de J. S. Mill contra la “pacificación intelectual” que petrifica el pensamiento y desalienta la deliberación pública tienen origen, precisamente, en su temprana conciencia de esa coacción que lleva al conformismo y que Tocqueville ya había caracterizado como “una nueva fisonomía de la servidumbre”.
Ciertamente, nada de lo dicho hasta aquí implica negar la importancia y aun la necesidad del diálogo civilizado sobre todo en sociedades que, al no poder superar viejos enconos, se encuentran de alguna manera impedidas de abrirse al futuro. A este fin, cabría afirmar con Sartori que un consenso no sólo procedimental, que involucre valores fundamentales además de las reglas de juego, puede facilitar, como “condición coadyuvante” pero no necesaria, nuestra convivencia ciudadana. Sin embargo, si no reconocemos que existe un grado de conflicto compatible con la existencia de un régimen democrático, nuestro derecho al disenso y la sana alternancia entre mayorías cambiantes se verán siempre amenazados.