Superar las confrontaciones

La planta de celulosa de UPM en Fray Bentos: entre el integrismo ambiental y la razonabilidad científica y política.

Se atribuye a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler, la frase “miente, miente, que algo quedará”, con la idea de que una mentira repetida continuamente puede convertirse en verdad. Lamentablemente, desde mucho antes de Goebbels, la mentira se ha convertido en un instrumento político no sólo utilizado por las tiranías más atroces, sino también por algunas democracias occidentales. No es exagerado asociar ese funesto instrumento propagandístico con el conflicto políticamente escalado con Uruguay por la instalación, en la localidad de Fray Bentos, de una planta procesadora de pulpa para papel de origen finlandés. Una controversia inflada por dos gobernadores de Entre Ríos y dos presidentes de la Nación.

No pretendo desarrollar aquí la historia completa de ese conflicto tan absurdo como dañino para las relaciones bilaterales de la Argentina con un país hermano y, de rebote, con una lejana nación del norte europeo. Ya lo hicieron la prensa adicta y aquella otra, más moderada, que informaba con sensatez. Pero vale la pena detenerse en algunos hechos sobresalientes. El primero es la incomprensible actitud del más alto nivel político de nuestro país de colocarse del lado de una Asamblea Popular Ambiental que no tuvo mejor idea, para hacerse escuchar, que cortar durante varios años el puente internacional General San Martín que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Con esa excesiva medida de protesta, la controversia en sí misma fue potenciada por la presión de un piquete responsable de interrumpir un paso fronterizo con funestas consecuencias para el comercio y el turismo internacionales. Fue una absurda medida tolerada por el Gobierno argentino, que combinó un exagerado apego al garantismo y la no criminalización de la protesta social con un grosero comportamiento en el ámbito externo, ante el que no ha moderado, como en otros conflictos, su adhesión al criterio amigo-enemigo.

Otro hecho digno de mención se relaciona con la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No había consenso en nuestra cancillería ni fuera de ella sobre la conveniencia de este recurso para resolver el conflicto, ante la imposibilidad de hacerlo políticamente. Nuestra demanda fue defectuosa desde el punto de vista técnico, a pesar de los esfuerzos del solvente equipo jurídico de nuestra cancillería, ya que su trabajo no fue enriquecido con el suficiente asesoramiento de académicos locales en derecho ambiental internacional, y empeoró las cosas la deficiente argumentación de los abogados extranjeros contratados por la Argentina, que cometieron gruesos errores al presentar las pruebas. Vaya, por caso, la argumentación de un reconocido experto mundial contratado por nuestro lado, que, en su presentación, confundió el índice de demanda bioquímica de oxígeno con el correspondiente al oxígeno disuelto en agua. Pero también la propia Corte de La Haya mostró un conocimiento parcial del derecho ambiental, al considerar meramente procesales los principios de consulta previa y negociación y al obviar los alcances de la contaminación sobre la atmósfera, concentrándose sólo en los perjuicios causados al agua del río Uruguay.

Los hechos previos a la demanda transcurrieron por un carril desatendido por la Argentina. Los uruguayos, luego de haberse sancionado en 1987 una ley que fomentaba la forestación de decenas de miles de hectáreas con árboles de fibra larga, avanzaron decididamente con una política de hechos consumados que superó al lado argentino, que debía controlar y hasta detener esos hechos. La sostenida acción uruguaya, hay que decirlo, mostraba una definida política de Estado en favor del desarrollo y el empleo. Aquella forestación habría sido lo que inclinó la balanza de la firma finlandesa para instalarse del lado uruguayo y no tanto una supuesta corrupción atribuida a las autoridades de Entre Ríos, más fácil de declamar que de probar.

La Corte Internacional falló en abril de 2010 reconociendo que Uruguay no había cumplido las obligaciones relativas a informar previamente a la otra parte, pero nuestro país no pudo probar que la planta causara la contaminación que se le atribuía. Como la Corte entendió que Uruguay no violó obligaciones tendientes a evitar la contaminación, consideró que ordenar el cierre de la planta era una medida desproporcionada. El alto tribunal instruyó a ambos países a realizar un monitoreo conjunto del río a través de la citada Comisión Administradora, aplicando el estatuto respectivo. El conflicto se consideró finalizado con la firma, en agosto de 2010, de un convenio para crear un Comité Científico en el ámbito de la Comisión.

Sin embargo, nuestro país continuó con sus gestos sobreactuados, amenazas no cumplidas e informes cuestionables. Luego de iniciados los trabajos del Comité Científico y cuando el Presidente uruguayo autorizó dos aumentos de la producción de la planta, en 2013 y 2014, nuestro canciller amenazó con una nueva apelación al tribunal de La Haya, que hasta ahora no se concretó y difícilmente se concrete. La publicación de un informe ambiental sobre la planta de celulosa, preparado por técnicos argentinos y anunciada en octubre de 2013 por nuestro irascible  ministro, dejó dudas sobre la buena fe de esos datos, fácilmente rebatidos por el Presidente uruguayo. Por ejemplo, a las acusaciones argentinas sobre la presencia del insecticida endosulfán, el entonces mandatario oriental acusó al canciller argentino de ocultar información sobre el impacto ambiental del lado argentino (respecto de los efluentes industriales del río Gualeguaychú, que presentaría concentraciones mucho mayores del insecticida) y de abusar con datos técnicos que la gente común no maneja pero que sí conocen sembradores de cereales y productores agropecuarios, por ejemplo, sobre la erosión del suelo.

Una visita realizada este año a la planta de Fray Bentos y otra más reciente a Gualeguaychú me permiten arriesgar algunas conclusiones más o menos equilibradas. La primera es relativa a la planta, ya que no se cuestionan tanto sus altos estándares ambientales como su enorme volumen de producción –más de un millón de toneladas anuales– y su ubicación, cerca de dos ciudades que suman más de cien mil habitantes. El punto central argentino fue siempre la localización de la planta y su volumen de producción, con una emisión de materiales tóxicos hacia el aire, el agua y la tierra. En el país de origen de UPM no hay plantas de ese volumen.

La segunda conclusión integra elementos de la contaminación. El daño más inmediato es el atmosférico, seguido de la contaminación visual y, luego, la del agua. Respecto del primero, es lo que afecta de forma más inmediata a la salud. Los gases tóxicos que despide la planta, como el ácido sulfhídrico que los vientos empujan hacia Gualeguaychú, a niveles bajos y por períodos prolongados, pueden causar irritación en los ojos, dolor de cabeza y fatiga. En los dos días que pasé en la ciudad entrerriana no llegué a percibir olores, aunque éstos dependen de los vientos, que deben ser muy fuertes para ser percibidos si se tiene en cuenta que la distancia entre la planta y Gualeguaychú es de 30 km, similar a la que existe entre el Obelisco y el delta del Tigre. En cuanto a la contaminación visual, aún situado en la parte norte de la playa de Ñandubaysal, de uso intenso por los habitantes de Gualeguaychú durante el verano, la planta apenas se ve a una distancia aproximada de 12 km. Sin embargo, han circulado fotos trucadas de la planta, que la ubicaban en frente, como parte de la gran mentira orquestada. La planta es más visible desde la cabecera argentina del puente General San Martín. En cuanto a la contaminación del agua por los efluentes de UPM en el río Uruguay –un curso de agua sin rápidas corrientes y con reflujos–, afectará la biota del agua y, eventualmente, la salud de los habitantes del lado argentino, aunque en un plazo bastante más largo. Por eso el agua y el aire requieren un intenso monitoreo que ambos países deberían encarar con seriedad, compromiso y transparencia.

La tercera conclusión es política. Difícilmente la planta se vaya a cerrar o relocalizar, aún con una segunda demanda argentina ante el tribunal de La Haya. Pretender semejante cosa es utópico y presionar con cortes de ruta o agresiones basadas en mentiras y enfrentamientos, sobre todo apoyados desde un alto nivel político, es impropio de la madurez de naciones hermanas y vecinas que deberían buscar la solución de sus diferencias en el diálogo y la exploración conjunta de opciones sensatas. Para éste y otros conflictos diseminados en el frente externo se aguarda que quien vaya a sentarse en el sillón de Rivadavia desde el 10 de diciembre próximo, con independencia de su signo político, abandone la confrontación y aliente enfoques positivos para el relacionamiento, dentro y fuera de la Argentina.

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