Alberdi y la religión

Desde la sanción de nuestra Constitución Nacional, mucho se ha discutido acerca de la verdadera influencia que ha tenido sobre ella la obra Bases de Juan Bautista Alberdi, así como el peso que representó para ambos textos la Constitución de los Estados Unidos (algunos siguen sosteniendo que nuestra Carta Magna es una mera copia de la Constitución norteamericana). Paralelamente, se ha discutido también la relación entre Iglesia y Estado en la Argentina, basándose en el texto constitucional que en su artículo 2º establece el sostenimiento del culto católico, complementado con la libertad de cultos consagrada en el artículo 14. Y se sabe que el asunto de la religión fue uno de los temas más discutidos en aquel Congreso Constituyente.
Nos cuenta Jorge Mayer –gran biógrafo de Alberdi– que el 10 septiembre de 1853, después de sancionada nuestra Constitución, la Revista Católica de Santiago criticó severamente al autor de las Bases por postular la libertad de cultos, a lo cual el “tucumano ilustre” respondió el día 18 de ese mes con un artículo en El Mercurio (diario de la época) diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: “Jamás se habrá visto de mi mano una línea irrespetuosa contra ningún dogma cristiano. Educado en el catolicismo, que no cambiaría por ninguna otra religión, abrigo por las demás el respeto que deseo por la mía”.
Pero más allá de las polémicas, ¿qué papel le otorgaba Alberdi a la religión en el nuevo orden político-constitucional? En principio, debe apuntarse que el proyecto político alberdiano desarrollado en las Bases tiene cierta integralidad e indivisibilidad, en el sentido de que cualquier aspecto que abordemos estará estrechamente vinculado a su conjunto.
Derrotado Rosas en Caseros y ante la perspectiva de una convocatoria a un Congreso Constituyente, Alberdi –que estaba exiliado en Valparaíso– se apuró a escribir su obra magna. La publicó en mayo de 1852 y luego mandó a imprimir una segunda edición en septiembre, agregando su propio proyecto constitucional. Reunió allí las reflexiones de toda una vida, mucho de sus escritos anteriores y, como él mismo dice, siendo “órgano de las ideas dominantes” de aquel tiempo, leyendo “el libro original de la vida real” y dando “formas exageradas a las verdades que se escapan a vista de los ojos comunes”.
Hay en esta obra un “realismo arquitectural”, según la acertada expresión de Mario Justo López. Asumió Alberdi la realidad argentina tal como era, con todos sus elementos (la constitución natural o normal) y sobre esa base diseñó un orden político articulado y coherente (un democracia republicana, federal y fuertemente presidencialista) capaz de alcanzar los fines que a su entender necesitaba el país (el progreso material). Observó la pobre situación en la que se encontraba entonces la Confederación Argentina: un “territorio de doscientas mil leguas cuadradas, que habita nuestra población de un millón de habitantes”, distribuidos en catorce provincias aisladas sin organización política nacional, con un “grande y agobiante enemigo de nuestro progreso: el desierto, el atraso material, la naturaleza bruta y primitiva de nuestro continente”. Su propuesta consistía fundamentalmente en atraer inmigración europea –preferentemente anglosajona– como forma de civilizar y contribuir al desarrollo material de la Confederación y, a la vez, mejorar cualitativamente la población para hacerla capaz de vivir en un sistema republicano.
Ahora bien, para incorporar dicha inmigración que profesaba el protestantismo y garantizar no sólo la convivencia sino el mestizaje, era necesario establecer la libertad de cultos y fomentar los matrimonios mixtos. Por ello Alberdi lanza una crítica casi despiadada contra las Constituciones vigentes en los países hispanoamericanos que consagraban la exclusividad del culto católico, no por desprecio al catolicismo sino por necesidad de poblar el desierto.
Pero seríamos muy injustos si reducimos su concepción de la relación entre religión y política al establecimiento de dicha libertad. Si bien Alberdi critica el sistema económico y el atraso material de los tiempos coloniales, bendice “la mano de la Europa” que “plantó la cruz de Jesucristo en la América antes gentil”; reconoce al clero “su patriotismo y sus luces” en la consecución de la independencia, pero cuestiona su conocimiento y vocación por “los intereses económicos, que son los intereses vitales de esta América”.
No obstante ello, le otorga a la religión un carácter político fundamental, siendo la religión objeto de las políticas públicas en tanto conformadora de una cultura nacional y garantía de la moralidad de la población. En el capítulo que trata sobre los fines de la Constitución dice: “La religión debe ser hoy, como en el siglo XVI, el primer objeto de nuestras leyes fundamentales. Ella es a la complexión de los pueblos lo que es la pureza de la sangre a la salud de los individuos”. Y dice en otra parte: “Si queréis pobladores morales y religiosos, no fomentéis el ateísmo. Si queréis familias que formen las costumbres privadas, respetad su altar a cada creencia”. En lo que hoy llamaríamos educación informal, además de la acción dignificante del trabajo, incluye a la religión como “base de toda sociedad” que “debe ser entre nosotros ramo de educación, no de instrucción. Prácticas y no ideas religiosas es lo que necesitamos”.
Pero la religión como política de Estado no es la única intervención divina en su proyecto. Hay una convicción suya que forma parte de los fundamentos más profundos de su idea de progreso que es, a su vez, la fuente de donde emanan sus criterios para establecer un determinado orden constitucional. En el Preámbulo a su propio proyecto de Constitución, Dios no aparece como “fuente de toda razón y justicia” sino como “Legislador de todo lo creado”. Para él, Dios no sólo es autor de la naturaleza; también es autor de la historia y de la constitución normal o natural de cada pueblo, que incluye territorio, población, instituciones y hechos anteriores, en todo lo cual el legislador “no tiene más acción su voluntad que la dirección dada al desarrollo de esas cosas en el sentido más ventajoso a su destino providencial”.
Todo el asunto de la relación entre Estado y Religión lo resume en estos términos: “Será necesario, pues, consagrar el catolicismo como religión de Estado, pero sin excluir el ejercicio público de los otros cultos cristianos. La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica es el medio de educar esas poblaciones”. En su propio proyecto de Constitución redactó como artículo 3° la mixtura entre catolicismo oficial y libertad de cultos, incorporó los preexistentes derechos del patronato y, si bien no estipuló la exigencia de profesión de fe del Presidente, redactó su juramento incluyendo la protección de “los intereses morales del país por el mantenimiento de la religión del Estado y la tolerancia de las otras”.
En esta mixtura entre religión oficial con libertad de cultos, tanto Alberdi como nuestra Constitución Nacional se apartaron en parte del modelo norteamericano y de la misma tradición política liberal, que postularon la neutralidad del Estado en materia religiosa y consagraron la libertad de conciencia como respeto a la religión de cada ciudadano.
Se ha dicho “en parte”, porque el papel de la religión en la formación de la moral y de las costumbres ciudadanas, aún con la neutralidad religiosa del Estado, ha sido valorada también en la tradición anglosajona. Habría que cuestionarse políticamente si los intentos por “neutralizar” o “cancelar” ese papel moralizante de la religión no implican consecuencias negativas en el ámbito de la actividad económica y en el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Edgardo Madaria es Licenciado y Profesor en Ciencias Políticas de la UCA